Crónicas del TEDAX-NRBQ del C.N.P.

Un concejal del PSOE ataca a Pedraza en una reunión con el Gobierno de Patxi López

2012-02-12T11:46:00.000-08:00

12 FEB 2012 | A. L. G./La gaceta
Joseba Marcaida acusó a la presidenta de la AVT de decir que “mataría a todos los vascos”. La Fundación Gregorio Ordóñez se opone a indemnizar a terroristas. El Ejecutivo de López concede ayudas a etarras fallecidos.

Vídeo: Ángeles Pedraza responde a los ataques del PSOE
La reunión que el pasado miércoles celebró el Consejo Vasco de Participación de Víctimas del Terrorismo estuvo regada de tensiones. Entre otras cosas, se debatía la aprobación de un decreto para otorgar indemnizaciones a “las víctimas de la Policía” en el País Vasco. Fuentes conocedoras del encuentro aseguran a LA GACETA que en un momento determinado Joseba Marcaida, concejal del PSOE en Bermeo y representante de la asociación Zaitu, criticó con enorme dureza la postura de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que se oponía a estas ayudas. Incluso, el edil socialista censuró las posiciones de Ángeles Pedraza, presidenta de la AVT.

Marcaida dirige Zaitu, también conocida como Asociación Pro Víctimas de Persecución, Amenazados y Exiliados por causa de ETA. Este concejal del PSOE ha sido amenazado y atacado por los proetarras en infinidad de ocasiones. Sus relaciones con otros grupos cívicos no son precisamente excelsas. Buena prueba de ello es lo que aconteció el pasado miércoles. Las fuentes mencionadas aseguran que, durante el encuentro antes citado, Marcaida acusó a Pedraza de haber dicho en una ocasión que “cogería una ametralladora y mataría a todos los vascos”.

El Consejo Vasco de Participación de Víctimas del Terrorismo está formado por 10 miembros. Cinco de ellos representan a la Administración. Y otros cinco defienden los intereses de las asociaciones. De esos cinco representantes, dos pertenecen directamente a colectivos de víctimas del terrorismo, uno a amenazados por ETA y otros dos hablan en nombre de diferentes grupos sociales.
Los representantes de las víctimas en el Consejo son Covite y la Asociación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (AFCSEVT). Al ser sólo dos los puestos destinados a asociaciones de víctimas propiamente dichas, ellos hablan en nombre de otros colectivos, como la AVT.

El citado Joseba Marcaida representa a Zaitu como colectivo de amenazados. En cuanto a las fundaciones, la representante es Milagros García de la Torre, de la Fundación Fernando Buesa. Por último, Isabel Urquijo, de Gesto por la Paz, ocupa la voz destinada a los movimientos cívicos de diversa índole. De los representantes de la Administración, los más conocidos son Maixabel Lasa y Txema Urquijo, directora y adjunto de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco.

La división entre las asociaciones que conforman el citado Consejo se hace cada vez más palpable. Y ahora, a cuenta de las subvenciones a etarras fallecidos, se recrudece. Además de las tensiones en el encuentro mencionado, no todos los grupos están de acuerdo con esas polémicas ayudas, que pueden ser de hasta 390.000 euros para terroristas que hayan quedado inválidos por culpa de las Fuerzas de Seguridad.

Por ejemplo, la Fundación Gregorio Ordóñez muestra su gran malestar con la decisión del Consejo Vasco de Participación de Víctimas del Terrorismo de confirmar las subvenciones a las “víctimas de la Policía”. El gerente de la fundación, Pedro Altuna, califica el decreto del Gobierno Vasco de “infame e ignominioso”, entre otras cosas. A su juicio, el texto legal elaborado por el Ejecutivo del PSE “equipara a las víctimas con los asesinos”. Sin embargo, la Fundación Fernando Buesa, que por motivos obvios siempre se alinea con las tesis de los socialistas, tiene el único voto que representa a todas las fundaciones.

Las fuertes críticas de la Fundación Gregorio Ordóñez se acumulan a las ya expuestas en los últimos días por otras asociaciones de víctimas. Todas ellas abochornadas por las ayudas a etarras que ultima el Ejecutivo de Patxi López.

Ares: "Nada apunta" a que ETA mantenga su infraestructura

2012-02-12T11:35:00.001-08:00

"ES UNA ORGANIZACIÓN CLANDESTINA"

Rodolfo Ares dice que no hay pruebas de que ETA quiera recomponerse aunque sigue sin entregar las armas ni disolverse.

ld | agencias 2012-02-12/Libertad digital

El consejero vasco de Interior, Rodolfo Ares, ha declarado que ETA es "una organización clandestina" que tiene que "mantener una infraestructura para mantenerse en ella" (una estructura larvada en la clandestinidad), pero "nada apunta" a que la mantenga para recomponer su estructura. Así lo ha señalado en una entrevista publicada por el diario El País.

"Otra cosa es que se pretenda interpretar que esa infraestructura se mantiene para recomponer la estructura terrorista y poder realizar atentados. De todos los datos que tenemos, nada apunta en esa dirección", ha advertido.

Asimismo, ha mostrado su confianza en que el Gobierno central tenga "la inteligencia política y la altura de miras" como para "seguir impulsando una política que contribuya a que ETA se disuelva definitivamente, sin ninguna contraprestación, y a que los radicales, de paso, no tengan ya excusa para jugar al victimismo".

Rodolfo Ares ha indicado que, "como el resto de las instituciones", el Gobierno vasco padece "dificultades por la crisis", pero ha matizado que "vamos a seguir pagando; a seguir siendo los primeros en pagar".

Ares ha reconocido que las relaciones de su formación con el PNV no pasan por el mejor momento y ha acusado al presidente de la formación nacionalista, Iñigo Urkullu, de "poner en duda la solvencia de Euskadi por interés partidista".

Preguntado por las declaraciones de Iñigo Urkullu en las que éste señalaba el riesgo de quiebra en el País Vasco, Ares ha lamentado que el presidente del EBB del PNV "no solo ha difundido y manipulado conversaciones privadas, sino que ha cometido la irresponsabilidad de hablar de quiebra en Euskadi, generando una situación de incertidumbre y desconfianza que no se ajusta a la realidad".

Sólo en los últimos dos meses

El pasado mes de diciembre, fue encontrado en Vizcaya un zulo de ETA con 40 kilos de material para fabricar bombas. El mismo mes, diciembre de 2011, se conoció que la banda terrorista tenía activada una "reserva" de pistoleros listos para actuar.

También en este sentido, y de acuerdo a documentos de la propia banda, el dirigente batasuno Rufi Etxeberria indicó recientemente que el denominado grupo de verificación de Brian Currin había transmitido a Batasuna que por parte de ETA existía " un compromiso de no utilización de las armas en ningún caso".

Tampoco han cesado los homenajes a etarras, mientras los presos y el entorno político favorable al mundo proetarra siguen presionando en torno al acercamiento de presos. Precisamente este brazo político realizó a lo largo de enero, en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián, un homenaje al fundador de ETA y escritor José Luis Álvarez Enparantza, alias Txillardegi, fallecido el pasado día 14.

Mientras se suceden las manifestaciones a favor de pasar página, sin que la banda haya pedido perdón o dejado las armas –la última, la manifestación de Gesto por la Paz encabezada por Patxi López de este sábado-, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a cargo de Jorge Fernández Díaz no cesaron en las detenciones de etarras. Prueba de ello fue el arresto de Ernesto Prat Urkainzi, que se encontraba huido de la justicia española desde el año 2008, en la localidad francesa de Urrugne. Urkainzi es hermano de un concejal de Bildu en el barrio pamplonés de Berriozar del que ambos son naturales.

My poco antes, a mediados de enero fueron detenidos otros tres etarras en el centro de Francia. Uno de ellos era Jon Etxeberria Oyarbide, implicado en el asesinato en 2010 del agente francés Jean Serge Nerin, última víctima mortal de ETA. El fiscal del Tribunal Correccional de París, Fanny Bussac, se refirió a estos arrestos en un juicio contra cinco etarras, destacando que constataban que "ETA sigue cometiendo infracciones en Francia", y cifró en una cincuentena los etarras clandestinos en el país.

También hay que señalar la campaña contra Santiago Abascal, fundador de DENAES, y Carlos Urquijo, coincidiendo con el proceso a casi una veintena de batasunos por las agresiones sufridas por éstos en 2003 en la localidad de Llodio. Los defensores del mundo proetarra presionaron en el juicio a los responsables de la agresión, criminalizando a los ediles del PP que en su momento les arrebataron la alcaldía.

Bofetada de la Audiencia de Madrid a las víctimas del 11-M

2012-02-11T13:26:00.000-08:00

JOAQUÍN MANSO MADRID

11/02/2012 PORTADA/El Mundo

Archiva la querella contra Manzano escudándose en un tecnicismo sin entrar en el fondo del asunto y contra el criterio de la Fiscalía

La Audiencia de Madrid ha decidido archivar el procedimiento por posible destrucción de pruebas del 11-M en contra del criterio del Ministerio Fiscal y sin entrar a valorar si existen o no indicios de delito contra los dos imputados, el ex jefe de los Tedax Juan Jesús Sánchez Manzano y su perito químico. La Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M y la AVT sintieron el sobreseimiento como una bofetada a sus expectativas y anunciaron un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, aunque ésa no sería la única vía.

La Sala sostiene que el Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid ya había archivado en 2009 una denuncia contra Manzano y otros policías, presentada por un partido marginal, en la que «se narra de manera absolutamente coincidente la afirmada ocultación» de pruebas que ahora investigaba el juzgado número 43, el de Coro Cillán. Como los mismos hechos no pueden ser objeto de dos causas distintas, ordena el sobreseimiento libre.

Esto es: que el tribunal de la Sección 17ª -que formaron José Luis Sánchez Trujillano, Ramiro Ventura y Rosa Brobia- ni siquiera entra a valorar si en la larga instrucción contra Sánchez Manzano se habían obtenido indicios de delito.

Efectivamente, el partido Alternativa Española presentó en junio de 2009 una denuncia de cinco folios, de los que tres eran extractos literales del libro Titadyn, en el que el químico Antonio Iglesias y el vicedirector de este diario Casimiro García-Abadillo hacen una revisión crítica del análisis de explosivos ordenado por el tribunal del 11-M. Los denunciados eran Manzano, su perito químico y otros 10 mandos policiales. El escrito exponía las conclusiones que había alcanzado Iglesias y señalaba que «desmontarían la tesis adoptada» por la sentencia de la Audiencia Nacional por los atentados.

El juez al que correspondió su estudio, Ramiro de Dios, la despachó en 15 días sin practicar ninguna diligencia y decretó el sobreseimiento libre «por no ser los hechos denunciados constitutivos de delito alguno». Nadie lo recurrió.

Apenas dos semanas después, el letrado de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, José María de Pablo, presentó una detallada querella en la que, con un amplísimo apoyo documental, describía el posible incumplimiento por Manzano de todos los protocolos de actuación en caso de atentado terrorista y evidenciaba cómo de la propia declaración de varios tedax en el juicio del 11-M podía deducirse la desaparición de cientos de kilos de vestigios recogidos en la misma tarde del atentado y cuya custodia correspondía al jefe de los artificieros. Cuando el tribunal que juzgó los atentados ordenó un nuevo análisis de los explosivos encontrados en los focos -precisamente porque el propio Manzano habría ocultado las muestras a la Policía Científica-, se encontró con que sólo se habían conservado 23 pequeñas piezas metálicas, alguna prácticamente inservible. Según las víctimas, todo ello habría dificultado la investigación policial e impedido que en la sentencia se determinase con absoluta certeza la marca de la dinamita que estalló en los trenes.

La juez Coro Cillán admitió esa querella e imputó a Manzano y a su perito por encubrimiento, omisión del deber de perseguir delitos y falso testimonio, ya que las víctimas sostienen que, en el juicio por la matanza, ambos faltaron a la verdad para tratar de ocultar su posible conducta irregular.

Pues bien: en mayo de 2011, tras numerosas diligencias de investigación, la defensa de Manzano planteó -entre otros motivos, principalmente la ausencia de indicios de delito- la existencia de cosa juzgada por el auto del Juzgado Instrucción número 6, pero también por la propia sentencia del 11-M y otras resoluciones de la Audiencia Nacional, en el recurso de apelación que ahora resuelve, de manera favorable para sus intereses, la Audiencia de Madrid. La defensa había expuesto ese argumento varias veces ante la juez, sin respuesta.

La Fiscalía se opuso al archivo de la causa. En relación a la cosa juzgada, argumentó que «este procedimiento no se centra en una revisión de la pericial sobre los explosivos», que sería la pretensión de la denuncia de Alternativa Española, «sino que se refiere a un estadio previo, como fue la recogida de evidencias o restos de las explosiones y muestras de explosivos de los cuatro focos de las explosiones, su posterior traslado a dependencias judiciales y su posible destrucción o desaparición al margen de cualquier normativa, así como por un posible delito de falso testimonio en causa penal». «Así, no se considera que, en este momento procesal, concurra la excepción de cosa juzgada alegada por la representación procesal de los imputados, al no apreciarse la identidad de objetos entre ambos procedimientos», concluía el fiscal Conrado Saiz.

La Audiencia de Madrid rechaza ese razonamiento: «Puede que la narración de los hechos, realizada por diferente persona, no sea, como no puede ser de otra manera, idéntica en la primitiva denuncia y en la actual querella, pero en ambos escritos y procedimientos se narra de manera absolutamente coincidente la -afirmada- ocultación» de pruebas. Para sostener ese argumento, señala que la denuncia de Alternativa Española «se presentó junto con el libro Titadyn y que, según dice el juez instructor [Ramiro de Dios] en su auto, éste leyó el libro para conocer todos los hechos que se estaban denunciando». Esto es: que todo el contenido del libro sería objeto de la denuncia.

El volumen incluía alguna referencia al trabajo de Manzano, pero muy lejos de lo que se conoce ahora, después de dos años y medio de instrucción. Dieciséis tedax de Madrid han testificado que la actuación de su comisario jefe fue irregular y al procedimiento se ha aportado abundante documentación que constataría que se saltó varias veces el protocolo.

El auto deja abierto un flanco técnico: hasta 2002, la doctrina del Supremo exponía claramente que un sobreseimiento libre dictado por un juez instructor no puede producir efectos de cosa juzgada. Entonces se operó una reforma legal y la Audiencia la interpreta en el sentido de que, a partir de ese momento, sí puede hacerlo, pero no hay jurisprudencia del Alto Tribunal que apoye esa tesis.
Piensan recurrir al Supremo para que el ex jefe de los Tedax «no se vaya de rositas»
«Indignación», «conmoción» y «desolación» fueron las palabras empleadas por la asociaciones de víctimas afectadas por los atentados del 11 de Marzo para describir la impresión que les había causado la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid. Tanto la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) como la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M tienen pensado recurrir ante el Tribunal Supremo el auto en el que se decide el sobreseimiento por cosa juzgada de las acusaciones realizadas contra Sánchez Manzano.

Ángeles Pedraza, la presidenta de la AVT, aseguró haber experimentado esa sensación de indignación cuando se dio cuenta de que Manzano «se va a ir de rositas, aun sabiendo que, como mínimo, hizo mal su trabajo». «Parece que este hombre es intocable, parece que tiene la llave de saber lo que pasó en esos días y se le está protegiendo», argumentó Pedraza. «Lo que está claro es que no hizo cosas que debía e hizo cosas que no debía hacer y no sé por qué parece que el paso de un juzgado a otro es una tapadera».

Los miembros de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, que presentaron la querella contra Manzano y su perito de laboratorio por delitos de falso testimonio, encubrimiento por ocultación de pruebas y omisión de perseguir delitos, se encontraban «desolados».

La asociación dirigida por Ángeles Domínguez dejó ayer bien claro que no comparte los razonamientos jurídicos. «No podemos aceptar que los hechos considerados sean los mismos que los que analiza el juzgado número 6», y con ese argumento anunció su recurso de casación.

Insistió en la correcta fundamentación de sus acusaciones al destacar que con este auto no se está dando carpetazo a la investigación. El escrito de la Audiencia, destaca la asociación, no ha dejado «zanjadas las responsabilidades aún pendientes en torno a los atentados del 11-M», ya que lo que establece es que la competencia para continuar con las indagaciones la tiene el juzgado número 6 que, «en su caso, debería hacerse cargo de esta investigación». «En estos casi ocho años que se van a cumplir de aquella tragedia que nos conmocionó a todos, hemos pasado por momentos duros y dolorosos, por comportamientos obstruccionistas e intentos de asfixia económica, y siempre nos hemos sabido recomponer gracias al apoyo y al cariño constante de la sociedad, que tampoco se resigna a que el 11-M quede impune. Esta vez también lo haremos».

11/02/2012 ESPAÑA

La casación y la otra vía legal

El propio auto de la Audiencia de Madrid explica que es recurrible en casación ante el Tribunal Supremo. Pero cabe además otra vía para mantener vivo el procedimiento: puede recurrirse el sobreseimiento libre dictado por el Juzgado de Instrucción número 6. Se trata de un camino procesal reservado a los perjudicados por el delito principal -lo serían sólo las víctimas del 11-M- y el plazo para activarlo empezaría a contar sólo desde que se les notifique, lo que no ha ocurrido. El juez es Ramiro de Dios, que intentó sacar la causa del juzgado de Coro Cillán a petición de Sánchez Manzano

Carpetazo a la causa contra Sánchez Manzano por su papel en el 11-M

2012-02-10T12:54:00.000-08:00

la audiencia dicta el archivo definitivo

La Audiencia Provincial ha dictado el archivo definitivo de la causa abierta contra el que fuera jefe de los Tedax en el 11-M. LEA EL AUTO

Luis del Pino
Ingeniería judicial con olor a cloaca

Documento: Auto de sobreseimiento de la causa contra Manzano

ángela martialay 2012-02-10/Libertad digital

La causa abierta contra el comisario Juan Jesús Sánchez Manzano en el Juzgado de Instrucción Número 43 de Plaza de Castilla (Madrid) ha sido cerrada de forma definitiva.

El sobreseimiento libre dictado por la Sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid, integrada por los magistrados José Luis Sánchez Trujillano, Ramiro Ventura y Rosa Brobia, supone el carpetazo al caso que instruía la juez Coro Cillán sobre la actuación de Sánchez Manzano, como jefe de los Tedax, en la investigación de los atentados del 11-M.

El comisario estaba imputado desde julio de 2009 por los delitos de falso testimonio, omisión del deber de perseguir delitos y encubrimiento a raíz de que la querella interpuesta por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M fuera admitida a trámite.

La juez Cillán ha mantenido desde entonces la investigación abierta con el apoyo del Ministerio Fiscal que se mostró contrario al archivo al entender que "las irregularidades denunciadas" en torno a los atentados de Madrid "sí pueden suponer una inobservancia de la norma procedimental en cuanto a la recogida de evidencias o restos de las explosiones y muestras de explosivos, su posterior traslado a dependencias policiales y su posible destrucción o desaparición al margen de cualquier normativa".

No obstante, ahora la Audiencia de Madrid estima el recurso presentado por la defensa de Sánchez Manzano pidiendo el archivo al entender que la actuación del policía en los atentados del 11-M es "cosa juzgada" y, por ende, decreta el sobreseimiento libre de la investigación.

Como precedente, el tribunal señala la denuncia que el partido político Alternativa Española interpuso en los juzgados de Plaza de Castilla contra el comisario por su actuación en la masacre de Madrid. En esta denuncia, que fue archivada en junio de 2009 al considerar que no había hechos constitutivos de infracción penal, se acusaba al exjefe Tedax de cometer un delito de encubrimiento y otro de omisión del deber de perseguir delitos en el 11-M.

El tribunal mantiene ahora que aunque "la narración de los hechos" no se "idéntica" en "ambos escritos y procedimientos se narra de manera absolutamente coincidente la –afirmada- ocultación que tanto el Sr. Sánchez Manzano como la perito química Tedax realizaron de las pruebas obtenidas en los doce focos de las explosiones del 11-M".

En el auto lo explica sí: "Consideramos que los hechos que se denunciaron por el partido político Alternativa Española y de los que conoció el Juzgado de Instrucción Número 6 de Madrid en sus diligencias previas son los mismos hechos que fueron denunciados por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M y de los que está conociendo el Juzgado Número 43 de Madrid", cuya titular es Coro Cillán.

Asimismo, la resolución –cuya ponencia ha correspondido a la magistrada Rosa Brobia- subraya que al ser "los hechos denunciados los mismos, no cabe duda de que dichos hechos solamente deben ser objeto de instrucción en un mismo y único procedimiento y por un mismo juzgado".

De esta forma, la Sala reprocha a la juez Coro Cillán que haya asumido la investigación contra Sánchez Manzano "a pesar de ser los mismos conocidos en su día y previamente por el juzgado de Instrucción Número 6" donde se decretó el sobreseimiento libre de los mismos. El tribunal critica que la magistrada haya abierto un segundo procedimiento contra el exjefe de los artificieros que "no hace sino reproducir" al anterior.

En la resolución, la Sección 17 recalca que "la institución de la cosa juzgada es una consecuencia inherente al principio non bis in idem (...). En suma, un derecho fundamental que impide castigar dos veces un mismo delito o falta (...). Según el cual nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el que ya haya sido condenado o absuelto en virtud de sentencia firme".

Por otro lado, la Audiencia de Madrid considera que "por mucha que sea la insatisfacción o impotencia que el resultado de las pruebas periciales genere en las partes procesales, no es posible volver a discutir sobre su necesidad, pues el proceso viene regulado legalmente y no se puede practicar cualquier prueba en cualquier orden o momento, ni se puede practicar siempre la misma prueba hasta llegar al resultado que satisfaga los intereses de las partes".

Además, ante las críticas que puede suscitar el hecho de que este tribunal haya decidido cerrar el caso cuando se han practicado múltiples diligencias durante los dos años y medio que ha durado la instrucción en vez de en un primer momento cuando se lo pidió la defensa de Manzano, los jueces responden: el Tribunal Supremo establece que "la cosa juzgada puede ser apreciada en cualquier momento del proceso".

Contra esta decisión cabe recurso ante el Alto Tribunal. No obstante, en el auto, la Sala recuerda que el sobreseimiento libre de un procedimiento judicial "aunque no adopta la forma de sentencia tiene carácter de resolución definitiva, produciendo los efectos de cosa juzgada material, lo mismo que la sentencia".

La instructora Coro Cillán, que estaba llevando a cabo diligencias para averiguar quién ordenó la destrucción de pruebas, había abierto una nueva vía de esperanza para las víctimas para investigar lo que realmente ocurrió el 11-M, más allá de la versión oficial. En ella se había apreciado múltiples irregularidades en la investigación de los atentados.

La condena a Garzón provocará la llegada de otro juez al 'caso Faisán'

2012-02-10T12:49:00.001-08:00

FERNANDO LÁZARO MADRID

10/02/2012

ESPAÑA/El Mundo

El Juzgado 5 de la Audiencia se cubrirá por antigüedad y supondrá la salida de Ruz

Es un daño colateral, pero la sentencia del Tribunal Supremo contra el juez Baltasar Garzón conlleva un nuevo cambio en la instrucción de uno de los casos más polémicos de la pasada legislatura.

El caso del chivatazo policial a la organización terrorista ETA, cometido el 4 de mayo de 2006 en el bar Faisán de Irún, cambiará de nuevo de manos.

Garzón deberá abandonar su plaza en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional y su plaza saldrá de nuevo a concurso para el magistrado que quiera acceder a ella y que más veteranía tenga en la carrera judicial.

Eso quiere decir que, salvo una sorpresa mayúscula, el actual instructor del Juzgado número 5, el magistrado Pablo Ruz, dejará el caso que apuntaba a la implicación política del Ministerio del Interior en una maniobra para beneficiar a ETA durante el llamado proceso de paz. Sólo seguiría en ese puesto si fuera el único candidato que se presentara, cosa prácticamente imposible.

Algunos hablan de Ruz como del «otro condenado»: Garzón, fuera de la carrera judicial, y Ruz, fuera del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

El caso del chivatazo policial a ETA recayó inicialmente en el magistrado Fernando Grande-Marlaska. En aquel momento, Garzón estaba en Estados Unidos, en unos cursos también pendientes de juicio. Grande-Marlaska le sustituyó interinamente. Pero Garzón regresó de forma precipitada de EEUU precisamente para hacerse cargo del chivatazo. Grande-Marlaska avanzaba a pasos firmes en su resolución. Garzón retomó y paralizó la causa hasta que los procesos judiciales contra él obligaron al Consejo General del Poder Judicial a suspenderle mientras se resolvían.

Y así llegó Pablo Ruz al juzgado, un magistrado que le dio de nuevo un potente impulso a la causa y procesó a los que consideraba como responsables del chivatazo. En su escrito dejó constancia de que el chivatazo podía haber sido obra del que fuera director general de la Policía con el PSOE Víctor García Hidalgo, del ya ex jefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamies, y de un inspector destinado en Vitoria en la lucha contra el terrorismo internacional.

La iniciativa del juez Javier Gómez Bermúdez de llevar al Pleno, los recursos contra el auto de procesamiento, y la revocación acordada por los magistrados de ese Pleno provocó que la causa volviera al juez Ruz para que la siguiera instruyendo. Pero desde ese momento la parálisis es total. Las acusaciones y la Fiscalía han remitido ya varios escritos, con nuevas peticiones, pero el titular no se ha pronunciado. Será poco probable que sea ya Ruz quien dé contestación. En breve se abrirá el proceso para sustituirle en la Audiencia Nacional, una vez que al CGPJ le llegue la sentencia.

Pero el caso Faisán, uno de los que más desgaste provocó a Rubalcaba en concreto y al Gobierno de Zapatero en general, no es el único que quedará pendiente en ese Juzgado.

A manos de Ruz también había llegado precisamente el sumario que ha desencadenado la primera condena a Garzón, el caso Gürtel. Ya en las últimas fechas, Ruz estaba dando trámite a las peticiones urgentes, a aquéllas que podían conllevar la prescripción de las acusaciones contra sospechosos. Es el caso de las actuaciones de esta trama con motivo de la visita del Papa a España.

Además, el magistrado, al que le quedan pocas fechas para dejar el Juzgado de Instrucción número 5, es el que está instruyendo una de las causas recientes que más alarma social ha generado por la cantidad de afectados: la estafa presuntamente perpetrada por la familia Ruiz-Mateos. Recientemente se incautó de todas sus propiedades y prohibió al cabeza de familia abandonar el territorio nacional.

También está sobre su mesa el caso Pretoria, una trama de corrupción urbanística que salpica a diversos ayuntamientos de la provincia de Barcelona y ex altos cargos del Gobierno de CiU en Cataluña.

E. M.

10/02/2012 ESPAÑA

La primera información

Este diario fue el mismo que advirtió, el mismo día en que se levantó el secreto de sumario del 'caso Gürtel', de que los pinchazos telefónicos que constaban en el procedimiento podían afectar al derecho de defensa. Tres días después, y después de consultar los aspectos técnicos de ese argumento, la portada de EL MUNDO fue la que se ve sobre estas líneas: «Garzón grabó a abogados de 'Gürtel' con la ley antiterrorista».

«El superjuez esta vez ha sobrepasado un límite que nadie se había atrevido a cruzar: el de la violación del secreto profesional entre abogado y cliente, uno de los pilares del sistema procesal», decía el editorial de este diario, razonamiento que se corresponde en esencia con el que ha terminado con su expulsión de la carrera judicial.

Y concluía el comentario de opinión: «Esta flagrante violación de la legalidad se ha convertido en un poderoso argumento para quienes intentan evitar que prospere la investigación del caso».

SANTIAGO GONZÁLEZ

10/02/2012 ESPAÑA

Primera pena

Garzón ha sido condenado como autor de un delito de prevaricación a 11 años de inhabilitación, multa de 14 meses y a la expulsión de la carrera judicial. Por unanimidad del tribunal que presidía Joaquín Giménez: siete a cero. La sentencia ha sido una rotunda lección de sintaxis: no se debe tomar la conjunción copulativa en vano, como si fuese disyuntiva. La Ley General Penitenciaria establece en su artículo 51.2 que las comunicaciones de los internos con su abogado defensor «no podrán ser suspendidas o intervenidas salvo por orden de la autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo». Y no quiere decir o. A juzgar por el texto de la sentencia, el Supremo ha previsto el recurso a instancias europeas y ha trufado los considerandos de jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y de citas del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

La sentencia ha sido hecha pública al día siguiente de que otro magistrado de la Sala de lo Penal del Supremo, el presidente Carlos Granados, hubiese dado el visto para sentencia en la causa que se le sigue por haber instruido un sumario por las desapariciones del franquismo sin tener competencias para ello. En sus palabras finales, el procesado-juez citó a Kant: «El tribunal del hombre es su conciencia», una frase desdichada a más no poder oída en su boca. Si atribuimos a las personas tal grado de autogestión en lo que a la justicia se refiere, ¿por qué nos estábamos gastando tanto dinero en el salario de jueces profesionales como Garzón y sus antiguos colegas?

Darle un sentido concreto a abstracciones como la kantiana tiene estos problemas, que la frase se puede interpretar a medio camino entre el reto de Fidel Castro al tribunal en el juicio por el asalto al Cuartel Moncada: «Condenadme, no importa; la Historia me absolverá», y la cláusula de estilo que los terroristas de ETA emplean ante sus juzgadores: «No reconozco a este tribunal».

Jacques Vergés, abogado defensor del FLN argelino, el terrorista Carlos, el nazi Klaus Barbie y Slobodan Milosevic, entre otros, escribió hace 40 años un clásico: Estrategia judicial en los procesos políticos, donde definía dos actitudes posibles para los procesados: la connivencia del acusado que reconoce la legitimidad del tribunal y las leyes, y se defiende con respeto a las reglas del juego, y la ruptura de quien aprovecha el juicio como plataforma propagandística para denunciar la falta de legitimidad del sistema y la arbitrariedad de quien lo juzga.

Esa invocación de Kant y su complaciente silencio con la pequeña turba de sus hooligans, que llamaban «fascistas» a los miembros del Alto Tribunal, nos permitiría definir la estrategia de Garzón como de ruptura pasiva: la denuncia se la hacen otros. Para condenarle a él no bastan siete magistrados del Supremo. ¡Ah, su conciencia! Ayer, al tener noticia de la condena, mi sabio amigo Jesús Moya comentó su arriesgada línea de defensa con impostada perplejidad: «Sabíamos que era un mal instructor de sumarios, pero no podíamos suponer que fuera tan incompetente también en su condición de reo».

Primer dato concreto de que ETA está activa en España: los servicios de Información han detectado seguimientos precisos a una alta personalidad

2012-02-09T12:22:00.000-08:00

Seguridad

09 de febrero del 2012/ECD

Primer dato concreto de que ETA está activa en España: los servicios de Información han detectado seguimientos precisos a una alta personalidad del País Vasco

ETA no ha desaparecido. Los terroristas continúan trabajando en la clandestinidad realizando diversas labores. Los servicios de Información han descubierto movimientos sospechosos de uno de sus aparatos más importantes: el encargado de recopilar información sobre futuros objetivos.

Lo advirtió el ministro del Interior hace unos días, en Bilbao: ETA “no ha desaparecido” porque “hay determinados movimientos e iniciativas que tienen como objetivo mantener una estructura larvada en la clandestinidad”.

Los máximos responsables del Ministerio, al contrario de la actitud que venía manteniendo el equipo de Alfredo Pérez Rubalcaba y de Antonio Camacho, no se fían “nada” de las intenciones de los pistoleros.

La información que llega al despacho de Jorge Fernández Díaz desde los servicios policiales de información confirman que ETA no está quieta. Todo lo contrario. Determinados ‘aparatos’ de la banda terrorista siguen trabajando y actuando. Uno de ellos, el ‘aparato’ de información, encargado de recopilar datos y detalles que les pueden ser de utilidad a los dirigentes de la organización terrorista para futuras acciones.

Hasta ahora, en Francia

Hasta ahora, la práctica totalidad de movimientos de etarras se habían registrado en Francia: robo de vehículos, etarras detenidos con armas y con material reciente para fabricar explosivos. Sin embargo, una de las últimas informaciones de las que disponen los servicios antiterroristas ha provocado la alarma entre los expertos que combaten a ETA.

Según sabido El Confidencial Digital, la policía ha detectado seguimientos a una alta personalidad del País Vasco. Es el primer dato concreto sobre actividad de ETA en España. ECD conoce el nombre y cargo de esa personalidad, pero no lo publica por motivos de seguridad.

Los servicios de Información sospechan que quienes hayan practicado esté rastreo estén intentando conocer detalles sobre el día a día de esta persona para, más tarde, hacérselos llegar a la cúpula de la organización.

Ahora, en España

Agentes de la lucha antiterrorista aseguran que ETA sigue recogiendo datos. Lo que les llama la atención es que este movimiento se produzca en España.

Es algo insólito, que hasta la fecha que no se había registrado dentro de nuestras fronteras desde la declaración de tregua.

Las fuentes consultadas por ECD apuntan que para ETA es muy importante mantener actualizadas los datos que tiene en su poder. Los últimos dirigentes del ‘aparato’ de información detenidos fueron arrestados en junio de 2009 en Francia, menos de una semana después del asesinato de Eduardo Puelles.

Los mandos policiales transmiten, en sus reuniones con los equipos operativos de calle que no hay que bajar la guardia en ningún momento, a pesar de que ETA se encuentra contra las cuerdas.

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Obras policiales del ex Gobierno socialista sospechosas en 10 provincias

2012-02-09T11:51:00.000-08:00

F. LÁZARO MADRID

09/02/2012 ESPAÑA/El Mundo

El SUP envía datos de 2003 al juez que investiga la corrupción en las adjudicaciones

El juzgado de instrucción número 26 de Madrid mantiene en secreto las actuaciones iniciadas tras la denuncia de la existencia de una trama corrupta en la adjudicación de obras en la Policía Nacional. Según explicaron a este periódico fuentes cercanas al caso, las pesquisas, de momento, afectan a construcciones policiales en una decena de provincias.

Bajo sospecha hay, al menos, obras en Ibiza, Santander, Valladolid, Barcelona, La Rioja, Cáceres, Vigo, Zaragoza, Sevilla y varias dependencias de Madrid, tanto de servicios centrales como de comisarías zonales.

Las actuaciones judiciales se iniciaron hace algo más de un mes, después de que la Dirección General de este Cuerpo trasladara un informe anónimo que había llegado a la Intervención Delegada en el que se denunciaba la existencia de una trama corrupta en la Policía. La información está igualmente en manos de la Unidad de Asuntos Internos.

La Fiscalía Anticorrupción también tiene bajo su lupa estas denuncias al sospechar que se han podido producir graves irregularidades.

Además de obras en comisarías, las pesquisas judiciales tienen entre otros objetivos tratar de esclarecer trabajos realizados en los servicios centrales de la Policía, en el complejo de Canillas. Y entre estas construcciones bajo sospecha se encuentran algunas de las realizadas en la guardería infantil. En concreto, dos contratos, uno por valor de algo más de 7.000 euros y otro que superaba los 50.000 euros.

Las actuaciones se extienden durante los años 2010 y 2011, pero no se descarta que, tras concluir las pesquisas sobre esas obras, el juez instructor requiera información al Ministerio del Interior sobre construcciones más antiguas. Por su juzgado ya ha pasado a declarar personal de la Policía directamente relacionado con las adjudicaciones.

Previamente, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía también elaboró una primera investigación y tomó declaración a funcionarios destinados en la Subdirección de Gestión de la Policía, que es la responsable en la contratación de obras.

Además, el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) ha remitido al juzgado y a la Fiscalía Anticorrupción un nuevo escrito, en el que amplía el número de obras bajo sospecha y el periodo en que se realizaron. El SUP ha enviado ya información de acuerdos firmados desde el año 2003 que el sindicato sospecha que podrían estar relacionados con la investigación.

Es decir, el sindicato cree que las irregularidades se han podido estar cometiendo desde hace más de nueve años. En concreto, la documentación aportada ahora por el SUP hace referencia a obras acometidas en las comisarías de Manacor (Mallorca), Zamora y Alcalá de Guadaira (Sevilla), presuntas irregularidades en la contratación de 11 robots de desactivación para los Tedax y la reciente adquisición de inhibidores que, según dicen, han presentado problemas de funcionamiento.

"Los héroes de Orzán"

2012-02-08T13:15:00.001-08:00

Garzón dijo de Paracuellos que el genocidio no estaba vigente

2012-02-08T05:17:00.000-08:00

MARÍA PERAL MADRID

08/02/2012 ESPAÑA/El mundo

Hoy se exponen los informes finales sobre el caso del franquismo

El juez Baltasar Garzón rechazó investigar los fusilamientos de Paracuellos alegando que el delito denunciado -genocidio- no podía apreciarse debido a que ello quebrantaría «absolutamente» el principio de irretroactividad de las normas penales desfavorables dado que ese delito no estaba tipificado en el Código Penal español cuando se perpetraron esos crímenes.

Esa argumentación, contradictoria con la que el mismo juez utilizó para abrir unos años después unas diligencias sobre las desapariciones forzadas del franquismo, se escuchó ayer en la sala de vistas donde se juzga a Garzón por una supuesta prevaricación.

Las resoluciones en las que Garzón se negó a investigar los crímenes de Paracuellos del Jarama (Madrid), atribuidos a fuerzas republicanas y perpetrados en noviembre de 1936, fueron leídas a petición de la acusación popular.

Aunque el abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, se opuso a esa prueba documental alegando que «no es el objeto del juicio», el presidente del tribunal, Carlos Granados, la aceptó al igual que había admitido sin restricción los documentos propuestos por la defensa.

A la acusación, que ejercen el sindicato Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad, le interesaban las resoluciones sobre Paracuellos porque en ellas Garzón rechazó en duros términos una denuncia presentada en 1998 por la Asociación de Familiares de las Víctimas del Genocidio de Paracuellos, denuncia dirigida contra Santiago Carrillo, el PSOE y el Partido Comunista.

Garzón argumentó entonces que el delito de genocidio no estaba tipificado cuando se perpetraron los fusilamientos de Paracuellos, por lo que su aplicación vulneraría el principio de que las normas penales desfavorables no pueden ser utilizadas de forma retroactiva. Esta consideración fue obviada en las diligencias sobre los crímenes del franquismo, que Garzón inició pese a que el delito de lesa humanidad que se denunciaba no se tipificó en el Código Penal español hasta 2003.

Garzón despachó con una inadmisión de plano la denuncia de los familiares de las víctimas de Paracuellos atribuyéndoles «mala fe», «fraude de ley» y «abuso de Derecho».

«Con el respeto que merece la memoria de las víctimas», escribió, «no puede dejarse de llamar la atención frente a quienes abusan del derecho a la jurisdicción para ridiculizarla y utilizarla con finalidades ajenas a las marcadas en la Constitución (...), como acontece en este caso en el que positivamente se sabe, o al menos debería saberse, que los preceptos jurídicos alegados son inaplicables en el tiempo y en el espacio, en el fondo y en la forma a los [hechos] que se relatan y su cita quebranta absolutamente las normas más elementales de retroactividad y tipicidad».

Para hoy se espera la conclusión del juicio con la exposición de los informes finales.

La III Guerra mundial comenzará en Julio o Agosto de 2012

2012-02-08T05:13:00.000-08:00

IU exige desclasificar todos los documentos del 23-F porque duda del papel del Rey

2012-02-07T13:58:00.000-08:00

Ponen en duda el papel de mucha gente, incluido el Rey

07 FEB 2012La gaceta
Izquierda Unida quiere así que se disipen las dudas que, según esta formación, todavía existen sobre el papel jugado por determinadas personas en relación con aquel episodio, incluido el jefe del Estado.

La Casa del Rey: el papel de Don Juan Carlos en el 23-F es "sobradamente conocido"

Los independentistas catalanes piden la comparecencia del Rey
Así lo ha asegurado en una rueda de prensa en el Congreso, el portavoz parlamentario de la federación de izquierdas, José Luis Centella, quien ha avanzado que, además de las preguntas al Gobierno anunciadas por su compañero, Gaspar Llamazares, IU planea registrar una proposición no de ley que inste al Gobierno a dar a conocer toda la información relacionada con la asonada golpista.

"La democracia no puede tener puntos oscuros ni agujeros negros", ha defendido Centella, quien ha querido dejar claro que, para IU, la respuesta de la Casa del Rey a las afirmaciones del que fuera embajador de Alemania en España en 1981 cuestionando la actuación del monarca ante el golpe ha sido "poco transparente".

Opacidad vista en el 'Caso Urdangarin'

Centella considera que el papel de la Monarquía aquel día "no está consolidado", como tampoco lo está el de otra gente. "Si piensan eso, se equivocan", ha advertido a la Casa del Rey, a la que ha vuelto a censurar por su "actitud tremendamente opaca" ante todos los asuntos en los que existen "dudas", como el denominado 'caso Urdangarín'.

Para que todo aquel capítulo de la historia de España quede totalmente despejado, IU va a reclamar que se desclasifique toda la información relativa al 23-F, no sólo la relacionada con lo que pasó dentro del Congreso, sino también con la actuación del resto de la administración, tanto en el lado de los "colaboracionistas" como de los que trabajaron para su fracaso.

Investigar el franquismo

Por otra parte, Centella ha vuelto a insistir en la necesidad de que el Congreso respalde, aprobado la iniciativa registrada por IU, una investgación de todos los crímenes del franquismo como la que intentó poner en marcha el juez Baltasar Garzón, ahora sentado en el banquillo acusado de un presunto delito de prevaricación por este tema.

En opinión de Centella, las víctimas que están declarado en ese proceso "le están dando la vuelta al juicio" y demostrando que tampoco ese capítulo de la historia española "puede quedar oculto" y que es imprescindible reparar a los afectados.

Nadie sabe nada

2012-02-07T13:50:00.000-08:00

6 de Febrero de 2012 - 20:28:55 - Luis del Pino/Libertad digital

Continúa el desfile de altos cargos de Renfe por el juzgado de la juez Coro Cillán, para tratar de averiguar quién dio la orden de destruir los trenes del 11-M. Hoy le ha tocado el turno al que fuera presidente de la empresa ferroviaria el 11 de marzo de 2004, Miguel Corsini, que ha venido a declarar que a él no le consta que se recibiera ninguna orden de destruir los trenes, pero tampoco de conservarlos. Lo que sí dijo en su declaración es que alguien les autorizó en la tarde del 11-M a "retirar el material ferroviario", aunque no ha aclarado de quién partió esa autorización.

A preguntas de los abogados, Corsini ha insinuado que tampoco él tenía por qué saber todo lo que pasaba en la empresa, y ha dicho que quien llevaba el contacto con las Fuerzas de Seguridad era Manuel Rodríguez Simons, que el 11-M ejercía de Director de Seguridad de Renfe en funciones, ya que el verdadero director, Carlos Román Crespo, estaba de vacaciones.

En una declaración anterior de un testigo ante la juez Coro Cillán, se apuntó a que el juez Del Olmo podría haber transmitido la orden de destruir los trenes a través del responsable jurídico de Renfe, José Luis Marroquín. Preguntado a este respecto, Corsini ha afirmado que José Luis Marroquín no le comunicó nada de ninguna autorización judicial.

Además de Corsini, han declarado también ante la juez Cillán los policías y un empresario que participaron en la destrucción, no de los trenes, sino de los efectos de las víctimas. De esa destrucción de los efectos no reclamados por ninguna víctima ya informamos en su día en Libertad Digital: centenares de objetos que podrían haberse utilizado en la realización de análisis acabaron en la incineradora de Valdemingómez y en una trituradora industrial. Se trata de un hecho escandaloso, pero que al menos está bien documentado: fue el juez Del Olmo quien autorizó la destrucción de esos efectos, a solicitud de la Policía, y sabemos dónde y cuándo se destruyeron, así que esas declaraciones no han aportado ninguna novedad.

Está claro que las comparecencias de hoy no han servido para mucho. Si acaso, para dejar claro que a quien la juez Coro Cillán debería llamar a declarar, para averiguar quién ordenó destruir los trenes, es al que era Director de Seguridad de Renfe, Manuel Rodríguez Simons, y al responsable jurídico, José Luis Marroquín, que son quienes tenían, al parecer, los contactos con la Policía y con el juez.

«Perdonaría antes a 'Txapote'»

2012-02-07T13:18:00.001-08:00

JAVIER G. NEGRE BILBAO J. M. ALONSO SAN SEBASTIÁN

07/02/2012 ESPAÑA/El Mundo

La viuda de Múgica «no perdona» la negociación del PSE-PSOE con ETA

Mapi de las Heras no pudo cumplir ayer su deseo: homenajear a su marido, Fernando Múgica, sin la «incómoda e hipócrita» presencia de los representantes del PSE. La viuda del histórico dirigente socialista no perdonará jamás la negociación del PSE-PSOE con «aquéllos que ordenaron la muerte de su marido» ni la deriva socialista hacia posiciones, en su opinión, más propias de la izquierda abertzale. «Perdonaría antes a Txapote que a los despreciables socialistas», asegura a EL MUNDO, minutos después de ver cómo los representantes socialistas del Ayuntamiento de San Sebastián tomaban parte en el acto de su marido.

Y es que el PSE comenzó ayer a trasladar a las instituciones vascas su exigencia de flexibilización de las condiciones penitenciarias, contemplada en el decálogo de paz de Patxi López, para presionar al Ejecutivo central.

Los primeros en abrir fuego han sido los socialistas en el Ayuntamiento de San Sebastián, que presentaron ayer una declaración institucional para su debate en el Pleno del próximo día 23, que pretende exigir al Gobierno la modificación de la actual política penitenciaria, una actitud que ha enojado sobremanera al PP.

Justo después, acudieron al homenaje a Múgica.«Me ha parecido una hipocresía verlos ahí, sobre todo cuando les he pedido 1.000 veces que no asistan a los actos de mi marido», cuenta. En el acto de presentación del libro del socialista Txiqui Benegas en honor a la figura de Múgica, llegó a pedirle a voces al presidente del PSE, Jesús Eguiguren, que se marchase. «Debería estar en la cárcel ese sinvergüenza por sentarse con ETA», explica. Mapi no sólo tiene palabras para Eguiguren. Tampoco perdona al lehendakari, ni a su número dos, Rodolfo Ares, que hayan maltratado, según su versión, a las víctimas del terrorismo. «Tengo la suerte de tener el móvil de Ares para escribirle muchos SMS diciéndole que le desprecio incluso a altas horas de la madrugada», explica De las Heras, que indica que su marido no reconocería a este PSOE ni a un lehendakari socialista que estaría dispuesto «a pactar con el mismísimo Otegi» con tal de aferrarse al poder y «apuntarse el tanto del fin de ETA». «Cuando le vi recibiendo a Rufi Etxeberria, sentí las mismas ganas de vomitar que cuando me tomé mi primera papilla», recuerda.

«Los socialistas quieren borrar todo cuanto antes para adjudicarse la bandera de la paz y harían cosas peores que pactar con Otegi», afirma De las Heras, que señala que el Gobierno vasco ha puesto a las víctimas de ETA «en el peor de los escenarios posibles», teniendo que aguantar en el poder a los que aplaudían a los asesinos.

La viuda de Múgica todavía tiene muy presente aquel 6 de febrero de 1996. Conducía sola desde Pamplona a San Sebastián cuando un boletín informativo le congeló la sangre. El locutor radiofónico le informó en primicia de la muerte de su marido. Ella no pisó el freno, sino el acelerador para velar la muerte de su marido y consolar a su hijo, que vio a escasos metros cómo asesinaban a su padre. Tampoco pisó el freno cuando decidió marcharse de su San Sebastián natal a Madrid para así evitar enfrentarse en el día a día a «una sociedad enferma». «Ya sólo voy a San Sebastián una semana al año y siempre contra mi voluntad. Me he empadronado en Madrid y ya me da igual lo que pase en el País Vasco, que es una sociedad que me ha hecho mucho daño», subraya. Asegura estar más cerca del PP vasco que de UPyD, donde milita su hijo, Rubén Múgica, que abandonó las siglas socialistas tras no soportar ver a Zapatero negociando con ETA.

MADRID

07/02/2012 ESPAÑA

Voces pide al fiscal general el arresto de 'Josu Ternera '

Voces contra el Terrorismo (VcT) instó ayer a la Fiscalía General del Estado a solicitar la inmediata detención del histórico dirigente etarra José Antonio Urrutikoetxea,Josu Ternera, porque, en su opinión, este gesto constituiría el fin de la negociación con ETA y el principio del fin de la banda. En el escrito, José Antonio Alcaraz recuerda que Ternera se encuentra prófugo desde 2002, cuando iba a ser juzgado por el atentado de la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, en el que murieron 11 personas, entre ellas cinco niños, en diciembre de 1987.

«Hay indicios más que suficientes para que el fiscal ordene la localización y el arresto de este asesino», dijo Alcaraz, quien se remitió a las informaciones en las que el presidente de los socialistas vascos, Jesús Eguiguren, reconoció haber mantenido varias reuniones con Josu Ternera. «No ha habido voluntad política» para detenerle porque ha sido «la pieza clave», «el rey de las negras en el tablero de la negociación abyecta que ha llevado el Gobierno del PSOE con la banda», indicó Alcaraz, quien subrayó que la detención del dirigente etarra sería «un jaque mate» a esa negociación e implicaría «un final de vencedores y vencidos».

MADRID

07/02/2012 ESPAÑA

El TS ratifica la absolución de cuatro guardias

Rechaza anular la sentencia que los exoneró de torturar a los etarras de la T-4

El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado el incidente de nulidad planteado por los etarras autores del atentado de la T-4, Igor Portu y Mattin Sarasola, contra la sentencia que anuló la condena por torturas a cuatro de los guardias civiles que el 6 de enero de 2008 participaron en su detención en Mondragón (Guipúzcoa).

En un auto fechado el pasado 19 de enero, la Sala Penal dictamina que no procede la nulidad solicitada, ya que no se han vulnerado los derechos a un proceso con todas las garantías y a la tutela judicial efectiva, como argumentaban los terroristas.

El Supremo anuló el pasado 15 de noviembre la sentencia de la Audiencia de Guipúzcoa que condenaba por torturas a cuatro guardias civiles. Los etarras recurrieron esa anulación, al considerar que el TS había entrado de lleno «en un campo que le está totalmente vedado, que es el de la valoración de la prueba», y que la sentencia partía de la predeterminación de que los denunciantes son «dos personas con condenas firmes, que forman parte de ETA», con lo que, a su juicio, abría la puerta a la impunidad en casos de tortura.

En cambio, el Supremo rechaza estos argumentos al recordar que la valoración de las pruebas que se hace al resolver un recurso de casación no sustituye la que había hecho el tribunal de instancia, en este caso la Audiencia de Guipúzcoa.

Igualmente, Portu y Sarasola denunciaban en su recurso el «error» cometido por el TS al partir de un documento incautado a otro miembro del mismo comando, en el que ETA daba instrucciones a sus integrantes sobre cómo actuar tras una detención con falsas denuncias. Según decían, los entrecomillados no se correspondían de forma exacta con lo escrito en dicho texto.

Sobre este extremo, el Supremo afirma que «una incompleta o errónea cita no devalúa unas afirmaciones que tienen pleno sustento en documentos existentes en el proceso», que fueron aportados por la defensa, y que se corresponden con las instrucciones impartidas por ETA a sus comandos, informa Efe.

El ex presidente de Renfe confirma que no hubo orden judicial para destruir los trenes

2012-02-07T13:13:00.000-08:00

JOAQUÍN MANSO MADRID

07/02/2012 ESPAÑA/El Mundo

Corsini admite que era su director de Seguridad quien estaba en contacto con la Policía

Renfe no recibió ninguna autorización judicial para desguazar los trenes del 11-M y tampoco ninguna orden del juzgado para conservarlos. El presidente de la compañía en 2004, Miguel Corsini, declaró como testigo en el procedimiento por posible destrucción de pruebas de la matanza y confirmó lo que ya había publicado ayer este diario: que Renfe no recibió ninguna comunicación del instructor, Juan del Olmo, ni en un sentido ni en el otro y, por ese motivo, los vagones acabaron en el desguace.

Sí dijo que él no tiene «conocimiento de que por la Policía se recibiera alguna instrucción o información sobre la destrucción de los trenes», en referencia a la noticia de este periódico de que un alto mando llamó en la tarde del 11-M desde el Centro Policial de Canillas al director de Seguridad de Renfe, el comisario en excedencia Manuel Rodríguez Simons, para autorizarle a disponer de los vagones. Corsini insistió en que a él no le consta, pero no sólo no lo negó, sino que admitió que «la dirección de Seguridad mantenía el contacto con las Fuerzas de Seguridad del Estado para que autorizaran a levantar los trenes».

Es más, en un momento de su declaración aseguró que, en la tarde del 11-M, se encontraba reunido en la torre de mando de la estación de Chamartín con la dirección operativa de la compañía y, «a última hora, se les autorizó para restablecer el servicio y retirar el material ferroviario». En ese punto, Corsini -que había sido citado a petición del abogado de Manos Limpias, José Luis Abascal- no precisó de dónde procedía esa autorización.

El ex presidente de Renfe matizó que el puesto de director de Seguridad lo ocupaba entonces Carlos Román, pero que precisamente ese día «estaba de vacaciones y le sustituía el señor Manuel Rodríguez Simons [que entonces era gerente operativo de Protección Civil y Seguridad de la compañía y fue ascendido a director al año siguiente]».

Uno de los testigos que declaró hace tres semanas, el director gerente de Cercanías en 2004, Abelardo Carrillo, también dijo que creía que la Policía «hablaría con la dirección de Seguridad de Renfe y con la Gerencia Operativa, que tenía la responsabilidad de intervenir sobre la vía».

La tesis que mantuvo repetidamente Corsini ayer es que él ha estado «en muchos accidentes ferroviarios y, normalmente, salvo orden expresa del juez», su misión es «poner los trenes en servicio» y que «a veces, el juez inmoviliza alguna locomotora», pero que entonces no recibieron ninguna orden al respecto. Es decir, que Renfe desguazó 10 de los 11 vagones en los que estallaron bombas porque Del Olmo no se dirigió a la compañía en ningún momento para conservarlos.

El Tribunal Supremo calificó en su sentencia la desaparición de los trenes como «sorprendente» y «apresurada» porque «impidió un estudio posterior más reposado y en profundidad, e incluso su reiteración de haber sido necesaria, de aspectos que pudieran haber resultado de interés para la investigación».

Ayer también declararon como testigos tres policías que participaron en la destrucción e incineración de los efectos personales de las víctimas que, meses después del atentado, no habían sido reclamados, así como el director general de una empresa que llevó a cabo el reciclaje de los aparatos electrónicos que aparecieron en los trenes.

En el sumario del 11-M consta una exposición muy detallada de unos y otros, así como las respectivas órdenes judiciales firmadas por el juez Juan del Olmo.

Desactivación de Explosivos y Defensa NRBQ de la Guardia Civil

2012-02-06T04:12:00.001-08:00

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Bildu-ETA promueve la campaña para hacer a Otegui 'lehendakari' en 2013

2012-02-06T03:30:00.000-08:00

La gaceta
Presentan al batasuno como "cercano y muy humano"

06 FEB 2012 | Javier Molina
'Gara' y una revista juvenil 'abertzale' elogian la biografía de esta 'víctima'. El colectivo Arnaldo Askatu! consigue los apoyos del actor Willy Toledo y Joan Tardà.
La prensa proetarra ya ha empezado a calentar motores, sabedora de que en los próximos comicios autonómicos, previstos para en la primavera de 2013, se puede producir el cambio radical con el que lleva soñando toda la vida y alcance el poder.

Los independentistas, de la mano de Bildu, ya mostraron sus cartas en las pasadas municipales de mayo de 2011, cuando la coalición abertzale se convirtió en un tsunami que arrasó a su paso por Euskadi, aunque no tanto por Navarra. Más de la cuarta parte del electorado vasco dio su voto a la izquierda proetarra, convirtiendo así a la coalición independentista en la segunda fuerza más votada en el País Vasco y primera en Guipúzcoa.

Después de haber conseguido la Diputación guipuzcoana, los medios afines al movimiento independentista han lanzado un órdago para presentar a Otegui como el futuro presidente que dirigirá la vida de todos los vascos. Por esta razón, dan voz al colectivo Arnaldo Askatu! (Liberad a Arnaldo), que demanda la excarcelación de Otegui, que cumple condena en la cárcel de Logroño por intentar reconstruir la vieja Batasuna.

El último movimiento del lobby proetarra que hemos conocido estos días ha sido la aspiración de presentar la candidatura del ex portavoz de Batasuna al Premio Nobel de la Paz. Parece ser que no tienen en cuenta que Otegui fue condenado en 1989 a seis años de cárcel por el secuestro, en 1979, del empresario Luis Abatua, entonces director de Michelin en Vitoria.

Asimismo, el pasado jueves el diario abertzale Gara se hizo eco del premio que otorgó a su líder Arnaldo, presentándolo como “un hombre de paz de esta época”. El reconocimiento se lo hicieron los lectores de la revista vasca Gaztezulo, que subieron en la red un reportaje en el que entrevistaron a los padres, la mujer y el hijo del portavoz batasuno. Además, también endulzaron la imagen de Otegui entrevistando a vecinos de Elgóibar, su pueblo natal.

En el vídeo puede verse a personajes populares apoyando al proetarra, como uno de los actores del colectivo de la zeja y máximo defensor de la dictadura cubana, Willy Toledo. También le muestra su adhesión el diputado de ERC Joan Tardà. En Gaztezulo trabajó como redactor Patxi Uranga, que fue detenido en junio de 2009 por formar parte del comando Mikelats de ETA. También fue arrestada la apoderada de la editora Gaztezulo, Ainara Vázquez, por colaborar con banda armada.

Positivo y humanoEl reportaje adquiere un tinte lacrimógeno cuando presenta al político como una persona “que vive la vida. Un apasionado de la actualidad”, como explica Juli Arregui, la esposa de Otegui. Ella y su hijo Hodei afirman en la entrevista que el batasuno tuvo el apoyo del fallecido ex presidente de la República Italiana Francesco Cossiga “con las diferencias ideológicas” que tienen; y tanto de Xabier Arzalluz como de Ibarretxe.

El toque sentimental lo ponen sus vecinos, que sostienen que “es una persona feliz y simpática” y comprometido con los suyos. El estanquero del pueblo saca el lado cómico de Otegui: “Es un cachondo y una persona positiva”.

Y la guinda la ponen los padres del proetarra, que lo definen como víctima del sufrimiento. Se quejan de que les dejan hablar poco con su hijo, mientras que otros no tienen medio para comunicarse, ya que asesinaron a sus seres queridos.

Al finalizar el vídeo, se lee una carta de Otegui agradeciendo el premio y llamando a la juventud vasca a defender su lengua y cultura y a comprometerse con el proceso abierto tras el anuncio de ETA de cesar su actividad armada.

La izquierda abertzale sabe que con el Partido Popular al frente del Gobierno el contexto político español ha cambiado y que el tiempo corre en su contra para colocar a Otegui como candidato presidencial. Mientras los batasunos mueven ficha, el lehendakari Patxi López debe decidir si agota la legislatura o adelanta las elecciones.

Un mando policial autorizó a Renfe a destruir los trenes

2012-02-06T03:13:00.000-08:00

JOAQUÍN MANSO MADRID

06/02/2012 PORTADA/El Mundo

Un alto cargo de la Comisaría General de Información llamó la misma tarde del 11-M al director de Seguridad Rodríguez Simons / Ningún auto del juez Del Olmo avaló la iniciativa

Renfe empezó a desguazar los trenes del 11-M el lunes 15 de marzo de 2004, después de comenzar a retirarlos el mismo día de los atentados. Un alto mando de la Policía contactó desde la sede de Canillas con el director de Seguridad de la compañía y le autorizó a disponer de los vagones. A la empresa pública de ferrocarriles no llegó nunca una autorización del juez, ni por vía oral ni por vía escrita. De hecho, el instructor del 11-M, Juan del Olmo, no se comunicó con Renfe por ese motivo durante los dos años que se prolongaron las pesquisas por la matanza, según el relato obtenido por este diario a través de tres fuentes distintas de la dirección de la compañía en 2004.

El Tribunal Supremo calificó en su sentencia esa destrucción como «sorprendente» y «apresurada», porque «impidió un estudio posterior más reposado y en profundidad, e incluso su reiteración de haber sido necesaria, de aspectos que pudieran haber resultado de interés para la investigación».

La juez Coro Cillán ha pedido reiteradamente a la Audiencia Nacional que confirme si existe una orden expresa del juez Del Olmo. A Renfe no llegó ninguna. Precisamente hoy, está previsto que declare como testigo el presidente de la compañía en 2004, Miguel Corsini.

Ante la ausencia de un pronunciamiento expreso por parte de Del Olmo, Renfe decidió actuar como disponía una circular interna del año 1994, prevista para casos de accidentes en los que se hubiesen producido cadáveres. Según las fuentes consultadas, establecía que los trenes pueden retirarse de las vías para restablecer el servicio -y destruirse, en su caso- siempre que el juez no ordenase su inmovilización, precinto o conservación. En el mayor atentado de la Historia de España, no hubo nada de eso: el juzgado no se pronunció, aunque los vagones podían ser piezas de convicción y la ley impondría su conservación.

Las fuentes de la compañía señalaron que su prioridad -y la de los dirigentes del Ministerio de Fomento- era recuperar cuanto antes la normalidad tras el atentado, y que así se lo transmitieron a los mandos policiales que participaban en las pesquisas, pero que en todo caso habrían conservado los vagones si el juez se hubiese dirigido a ellos para ordenárselo. No fue así.

En este sentido, citaron como ejemplo el de la locomotora del tren que descarriló en Tobarra (Albacete) en enero de 2003, provocando la muerte de dos personas. El juzgado de Hellín que se hizo cargo del caso ordenó su precinto judicial y Renfe la conservó durante tres años en sus instalaciones de Las Matas (Madrid), hasta el punto de que, tras archivarse ese procedimiento, la máquina ya era inservible.

Aunque no se trata de un caso que afecte a Renfe, también se precintó por orden judicial durante varios años el convoy de metro que sufrió un accidente en Valencia en julio de 2006, a la altura de la estación de Jesús. Murieron 43 personas.

Así pues, en la tarde del 11 de marzo de 2004, el director de Seguridad de Renfe, el comisario Manuel Rodríguez Simons, recibió una llamada de uno de los altos mandos policiales que trabajaba en la investigación de los atentados desde el Centro Policial de Canillas, aunque las fuentes consultadas no pudieron precisar de quién se trataba. En esa comunicación, autorizó a la compañía a despejar las vías y a disponer de los trenes.

Rodríguez Simons contactó con el puesto de mando, que a su vez dispuso el acceso a las vías de los trenes-taller: varias grúas que fueron retirando los vagones de los distintos escenarios del crimen.

Para retirar el tren de Santa Eugenia, Renfe contrató a la empresa Remimfer. Precisamente su director general en 2004, Carlos Simón, declaró hace dos semanas ante la juez Coro Cillán y relató cómo actuó con el único vagón explosionado. En la misma tarde del 11-M se retiró y se trasladó a la estación de clasificación que Renfe tiene en Vicálvaro, donde estuvo hasta septiembre de 2004, cuando se le adjudicó a Remimfer el contrato para su reparación.

Estos trabajos concluyeron en el taller de reparaciones de Villaverde en el verano de 2005 y, desde entonces, ese vagón circula de nuevo por Madrid, incluso con buena parte de los asientos de plástico que tenía entonces.

De los 11 vagones en los que estallaron bombas, sólo se reparó uno, el de Santa Eugenia. Los 10 restantes se desguazaron. En otros siete coches en los que no hubo explosiones tuvieron que hacerse arreglos de distintos tipos, en cuatro de ellos por la empresa Alstom y en tres, por Remimfer.

Hace dos semanas también declaró ante la juez Fernando Íñiguez, el director general de Emfesa, una filial de Renfe que se encargó de despejar las vías de Téllez. Según su testimonio, comenzó a retirar los vagones a las 18.00 horas del 12 de marzo, después de que el director gerente de Mantenimiento Integral de Renfe, Ángel Olaiz (ya fallecido), le comunicara que existía autorización judicial para hacerlo y que el director de Asesoría Jurídica de la compañía, José Luis Marroquín, estaba en contacto con el juez Del Olmo. Las fuentes consultadas por este diario, de la máxima solvencia, desmienten de plano que fuese así.

En todo caso, Íñiguez detalló cómo tuvo que llevar a cabo un predesguace sobre las mismas vías. Luego, los coches fueron transportados en trailer hasta la explanada que tiene Renfe en Santa Catalina. Allí fueron desguazados. Sus trabajos en Téllez se prolongaron hasta el día 16.

En Santa Catalina se destruyeron también los vagones explosionados en Atocha. De los dos que estallaron en El Pozo, uno tuvo que desguazarse en la propia estación y, el restante, en el taller central de reparaciones de Villaverde. Todas las piezas y el resto de materiales que eran aprovechables se reutilizaron. Una parte de la chatarra se vendió a la planta de reciclaje que la empresa Lyrsa tiene en Mejorada del Campo (Madrid), a 90 euros la tonelada.

El Supremo archivó en enero de 2007 una querella del sindicato Manos Limpias contra el juez Juan del Olmo y la fiscal Olga Sánchez por la destrucción de los trenes: «La conservación y destino de los vagones en cuestión, una vez hechos en ellos todas las pericias que se estimaron necesarias, corresponde a su legítimo propietario (Renfe), que además cuenta con lugares apropiados para ello», expuso el Alto Tribunal.

Manzano, contra las cuerdas

2012-02-06T02:49:00.000-08:00

JOAQUÍN MANSO MADRID

05/02/2012 ESPAÑA/El Mundo

La investigación judicial acumula decenas de indicios contra el ex jefe de los Tedax, que se agarra a la última oportunidad de una apelación ante la Audiencia de Madrid

«Las evidencias recogidas en los cuatro focos de las explosiones fueron trasladadas a la Unidad Central de los Tedax, de donde en algún momento desaparecieron sin que nadie dé razón de su destino». La autoría de este entrecomillado no corresponde a este diario, ni a ninguna asociación de víctimas ni de ningún otro tipo, ni siquiera a la juez Coro Cillán. Pertenece a un escrito del 2 de noviembre de 2011 con el que el fiscal defiende que existen indicios de un delito de encubrimiento por la destrucción de pruebas del 11-M contra el ex comisario jefe de los Tedax Juan Jesús Sánchez Manzano. Es decir: quien lo dice es la Fiscalía en cuya cúspide jerárquica se encontraba Cándido Conde-Pumpido.

La juez Coro Cillán mantiene imputados desde julio de 2009 a Sánchez Manzano y a su perito químico por encubrimiento, omisión del deber de perseguir delitos y falso testimonio en el juicio del 11-M. La investigación judicial ha acumulado decenas de indicios de conducta irregular contra el ex jefe de los Tedax, que pretende dar carpetazo al procedimiento con una apelación que la Audiencia de Madrid tiene que resolver en los próximos días.

Es en este contexto en el que el Pleno de Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha tenido que salir al paso para respaldar a la juez tras haber «analizado el alcance de recientes informaciones vertidas en medios de comunicación que afectan gravemente al derecho fundamental al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen de la magistrada doña Coro Cillán García de Iturrospe». «En consecuencia, el Consejo rechaza por vejatorias tales informaciones, y manifiesta su apoyo a la referida magistrada», añade la nota del órgano de gobierno de los jueces, inusual por su contundencia.

Los intentos por desprestigiar la investigación contra Sánchez Manzano a través de la juez que lleva el caso aprovechan que el propio CGPJ le ha abierto un expediente por cuatro supuestas faltas disciplinarias -del que se dio noticia en este diario antes que en ningún otro- por un asunto que nada tiene que ver, y han arreciado con mayor virulencia cuanto más cerca está la resolución del recurso del ex jefe de los Tedax.

El fiscal del caso, Conrado Saiz, ha pasado de puntillas por la instrucción pero, en las tres ocasiones en las que no ha tenido otro remedio que pronunciarse acerca de la existencia de indicios de delito, lo ha hecho en sentido afirmativo. La última, para oponerse a la petición de sobreseimiento de la defensa de Manzano, representada por el despacho del abogado José María Fuster-Fabra, muy conocido por haber defendido, entre otros, al general Enrique Rodríguez Galindo en el juicio por el primer crimen de los GAL: el secuestro, tortura y asesinato de los etarras Lasa y Zabala.

La Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, a través de su letrado, José María de Pablo, interpuso la querella y ha llevado el peso de la investigación. A lo largo del procedimiento, multitud de policías han afirmado que la actuación de Manzano es «insólita», «irregular», «una chapuza» o que simplemente «no es normal». Éste es el resumen detallado de los indicios contra Manzano:

Dieciséis tedax de la Brigada de Madrid han comparecido ante la juez para relatar cómo recogieron en cada uno de los 12 focos de las explosiones «montones de trozos de chapa», «decenas de muestras», «algodones con acetona [impregnados con restos de dinamita]», «componentes electrónicos» o «ropa de los fallecidos». Sólo en Atocha, «como mínimo 20 ó 30» vestigios de cada uno de los cuatro focos, según detalló el artificiero con número 66.618 y corroboraron sus compañeros, «y todos estaban etiquetados». La ley obliga a conservar esos elementos -son piezas de convicción- hasta que lo decida el juez. Así se hace en todos los atentados. En el 11-M se destruyeron: los artificieros aseguran haber tomado centenares de muestras de diversas clases y tamaños en todas las estaciones a lo largo de varios días, pero Manzano sólo conservó para el tribunal 23 de escasísima calidad, casi todas pequeños clavos o tornillos en estado lamentable.

El propio jefe de los Tedax reconoció, en su declaración como imputado, que envió a la basura cientos de kilos de restos que, a su juicio, no pasaban de ser «objetos» sin interés para el juzgado. Es decir: que consideró que sólo las 23 que envió al tribunal lo tendrían. Incluso los testigos de su propia defensa lo desmintieron. Por ejemplo, el tedax de su confianza con número 19.568 afirmó que restos como los algodones impregnados en acetona no se desechan nunca porque tienen la máxima importancia para la investigación. Manzano no conservó ni uno.

Las Normas provisionales del Servicio de Desactivación de Explosivos -que el Ministerio del Interior que dirigía Alfredo Pérez Rubalcaba se negó a entregar durante un año- establecen que «la custodia y depósito a disposición de las autoridades judiciales [...] de los restos de las explosiones» corresponde al comisario jefe de los Tedax. Esto es, a Juan Jesús Sánchez Manzano.

El protocolo de los Tedax dispone que las muestras, etiquetadas e identificadas, deben enviarse a la Brigada de Madrid, donde se fotografían y se hace una relación detallada que se consigna en un acta. Así se hace en todos los atentados. En el 11-M, en cambio, se hizo de forma diferente por primera y única vez en la historia de la lucha antiterrorista: el jefe de la Brigada de Madrid relató cómo Manzano llegó a la estación de Atocha al mando de sus tedax de la Unidad Central y, a la voz de «¡aquí mando yo!», colocó en cada uno de los escenarios a un mando de rango superior a los de Madrid que se hizo cargo del traslado de las muestras. Esa actuación impidió que los restos fuesen etiquetados y clasificados, mezclándose los de unos focos con otros y rompiéndose la cadena de custodia, pese a que los artificieros del grupo de Madrid advirtieron expresamente de esa circunstancia. Lo que siguen son algunas de sus declaraciones como testigos ante la juez:

- «Lo que hicieron los tedax de Manzano fue una chapuza».

- «Manzano llegó con sus hombres y nos quitó de en medio, eso estaba orquestado».

- «Me indigné por cómo estaban haciendo las cosas».

Las muestras, mezcladas y desordenadas, llegaron a la Unidad Central, según relató la perito imputada, «de donde en algún momento desaparecieron sin que nadie dé razón de su destino», expone el fiscal. Tampoco se levantó acta de nada. Dos de los tedax de Manzano que participaron en la operación según todos los testigos lo negaron ante la juez «de forma incomprensible», dice el escrito de la Fiscalía, por lo que también fueron imputados.

Además de entrometerse de forma sorpresiva en la recogida y el traslado de las muestras y de incumplir su obligación de catalogar y levantar actas y de custodiar los restos a disposición de la autoridad judicial, Manzano impidió que se remitiesen al único laboratorio que es competente para analizarlos, el único además que tiene capacidad para llevar a cabo análisis con valor científico y probatorio en juicio: el de la Policía Científica, que es uno de los más avanzados de Europa.

En su lugar, Manzano decidió analizar las muestras sólo en el rudimentario laboratorio de los Tedax. El examen que llevó a cabo la perito químico el mismo 11-M ofreció un resultado inservible para la investigación -en algunos focos, «componentes genéricos de la dinamita» y, en otros, «no se detecta la presencia de ninguna sustancia digna de mención»-, pero ni aun así el ahora imputado envió los restos a la Policía Científica. Además, de ese análisis no se elaboró un informe por escrito hasta 15 días después, que no se entregó al juez hasta mayo.

Es decir que, en los días inmediatamente posteriores a la matanza, la Policía sabía que el explosivo que apareció en la Renault Kangoo en la que se desplazaron los terroristas y el que había en la mochila bomba que se encontró en Vallecas era Goma 2 Eco, pero la actuación de Manzano le habría impedido conocer si entre la dinamita que estalló en los trenes la había también de otra marca, lo que habría abierto otras líneas de investigación sobre el suministro de explosivos.

Como ya se puso de manifiesto en las dos sentencias en las que la Justicia dio la razón a este diario frente a una demanda de Manzano, la Circular Interna número 50 de la Policía, «en la que se recoge el protocolo de actuación en caso de atentado terrorista», expone de forma rotunda que a la Policía Científica «le corresponde, con carácter exclusivo, el examen, estudio, recogida de cualquier tipo de vestigios, restos, muestras de explosivos, etcétera, recogidos en el lugar de los hechos».

El número dos de la Policía en el 11-M, Pedro Díaz-Pintado, declaró como testigo ante la juez Cillán y dijo que la obligación de los Tedax es hacer un análisis que sirve como «avance operativo», pero luego deben enviar las muestras «al laboratorio de la Policía Científica, que ése sí es un laboratorio homologado». Así se hace en todos los atentados. En el 11-M, no se llevó a cabo hasta casi tres años después de los atentados, cuando lo ordenó el tribunal de la Audiencia Nacional.

El juez instructor del 11-M, Juan del Olmo, llamó a declarar a Manzano en 2006 cuando este periódico hizo hincapié en que, durante la Comisión de Investigación en el Congreso, el jefe de los Tedax declaró que en sus análisis de los explosivos «lo único que se encontró fue nitroglicerina». Esa sustancia no forma parte de la Goma 2 Eco, la dinamita que Suárez Trashorras suministró a la célula islamista. El ahora imputado reconoció ante el juez que aquella declaración fue un «error» y admitió, sólo entonces, que el laboratorio de los Tedax «realmente, no es un laboratorio, sino un grupo de investigación dentro de una unidad central, con los medios elementales».

La actuación de Manzano provocó la decisión inédita del tribunal del 11-M de ordenar un análisis en el laboratorio de la Policía Científica mientras se celebraba el juicio por la matanza. Los Tedax sólo pudieron entregar 23 pequeñas muestras recogidas en las explosiones, todas ellas lavadas con agua y acetona excepto una, lo que dificultó enormemente el trabajo de los peritos.

- «Dada la magnitud del atentado, las evidencias de los focos parecen escasas», se señala en el informe pericial, que estuvo dirigido por el policía Alfonso Vega.

En esos análisis se detectaron dos componentes -dinitrotolueno (DNT) y, sólo en la muestra que no había sido lavada, nitroglicerina- que no forman parte de la dinamita Goma 2 Eco. El hallazgo del DNT provocó una reacción de Alfonso Vega -«entonces puede ser otro explosivo y ya empiezo yo a dudar de los Tedax y en cagarme en la madre que los ha parido»- que quedó recogida en el vídeo de la pericia.

La sentencia del 11-M destaca la deficiente actuación de Manzano -dice que «es cierto que toda esta discusión [sobre los explosivos] estaría en gran parte resuelta si el primer análisis que se hace en la misma mañana del 11-M por los Tedax se hubiera incorporado a los autos»-, y admite que «no se sabe con absoluta certeza la marca de la dinamita que explotó en los trenes» y que la presencia de componentes ajenos a la Goma 2 Eco «impide descartar la presencia de pequeñas cantidades de otras dinamitas».

Manzano y su perito químico también están imputados por mentir en el juicio del 11-M. El presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, preguntó al ya ex jefe de los Tedax que cuáles son los vestigios que le corresponde analizar a los artificieros, Manzano contestó que los restos explosionados «siempre se han quedado en la Unidad Central de Desactivación de Explosivos». Hasta cinco veces afirmó que «siempre» se hacía así y «nunca» de otra manera. Su perito testificó en el mismo sentido.

Pues bien: no sólo las normas de la Policía dicen que lo que debe hacerse es exactamente lo contrario, sino que la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M ha aportado al procedimiento un informe de la Comisaría General de Policía Científica en el que, a lo largo de 47 páginas, se exponen nada menos que 116 casos entre 2000 y 2006 en los que se actuó de manera opuesta a como aseguró Manzano. La mayoría, con él ya en el cargo de comisario jefe de los Tedax.

En definitiva, que la actuación de Manzano pudo ser gravemente irregular parece fuera de toda duda. El Gobierno lo destituyó en diciembre de 2006 después de que los principales sindicatos de policía -SUP, CEP y UFP- firmasen un comunicado conjunto en el que le acusaban de «incurrir en errores que dejan en entredicho la capacidad y la profesionalidad» de los miembros de los Tedax. De «desprestigiar» a esa unidad. Meses antes, los representantes de los casi 300 tedax de la Policía Nacional exigieron a Telesforo Rubio, en presencia del propio Manzano, su cese por ser un «jefe calamitoso».

Lo que debe determinar ahora la Sección 17ª de la Audiencia de Madrid -que formarán Ramiro Ventura, José Luis Sánchez Trujillano y Rosa Borobia- es exclusivamente si esa actuación merece seguir siendo investigada para aclarar si se trató sólo de una actuación torpe o negligente o si pudo existir delito.

La Fiscalía cree que no es el momento de archivar. Las víctimas personadas en la causa piensan que no puede ser casual que usurpase el puesto de los policías competentes para recoger y trasladar las muestras; que luego se ocultasen a la Policía Científica, y que, después, se destruyesen y se faltase a la verdad.

05/02/2012 ESPAÑA

Los otros hallazgos de la instrucción

>¿Estaba liberado? El 'tedax' 80.938, que participó en la desactivación de la mochila de Vallecas, declaró que el teléfono de Movistar que contenía no funcionó cuando él le colocó su tarjeta Vodafone. Eso arroja dudas acerca de si estaba liberado y confirma que Manzano mintió al juez cuando dijo que estaba programado a las 7.40, ya que ese móvil pierde la hora al retirar la batería.

>La metralla. La forense Carmen Baladía, que dirigió la autopsia a los cadáveres del 11-M, afirmó ante la juez que en ninguno de ellos se encontraron restos de metralla. La mochila de Vallecas, en cambio, contenía 600 gramos de tornillería.

>La dinamita. Dos técnicos de la fabrica de explosivos negaron que ellos indicasen el 11-M a los Tedax que la dinamita de la Kangoo era Goma 2 Eco, al contrario de lo que dijo Manzano en el juicio.

05/02/2012 ESPAÑA

«La ocultación se mantuvo»

La defensa de Sánchez Manzano argumenta que los hechos por los que se le está investigando estarían prescritos, ya que se habrían cometido el 11 de marzo de 2004 y la responsabilidad penal por los posibles encubrimiento y omisión del deber de perseguir delitos se habría extinguido en marzo de 2009, cinco años después. La querella no fue admitida hasta julio de ese año.

La Fiscalía, en cambio, sostiene que «la fecha de su comisión es incierta, pero sus efectos se prolongan en el tiempo» y que «sería factible considerar como fecha de inicio del cómputo de la prescripción la fecha límite en que tales evidencias pudieron ser aportadas a la instrucción de aquel procedimiento o, como mantiene la representación procesal de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, cuando fueron reclamadas por el tribunal enjuiciador para realizar la pericia conjunta en la fase de juicio oral». Es decir, en enero de 2007, sólo dos años y medio antes de que la juez admitiese la querella de las víctimas.

El letrado de los afectados, José María de Pablo, argumenta asimismo que la actuación de Manzano sería un «delito permanente», pues «la ocultación de las piezas de convicción a la autoridad judicial se mantuvo durante toda la instrucción y todo el juicio del 11-M», así que la fecha de cómputo debería ser la de la finalización de éste, en junio de 2007.

05/02/2012 ESPAÑA

Aclarar «la desaparición» de restos

El abogado del imputado Sánchez Manzano también sostiene que el procedimiento debe archivarse porque los hechos que se investigan serían «cosa juzgada», porque en su opinión se pretende revisar el análisis de los explosivos que se practicó en el juicio del 11-M y porque otro juzgado de la plaza de Castilla de Madrid archivó en junio de 2009 una denuncia contra el ex jefe de los Tedax por posibles irregularidades en esa misma pericia.

El fiscal también descarta que eso sea así: no hay cosa juzgada porque no coincide en absoluto el objeto de esos procedimientos con el que sigue abierto contra Manzano. Éste, razona el representante del Ministerio Público, «queda concretado en la actuación policial relacionada con la recogida de evidencias o restos de las explosiones y muestras de explosivos, su posterior traslado a dependencias policiales y su posible destrucción o desaparición al margen de cualquier normativa, así como por un posible delito de falso testimonio en una causa penal».

La Fiscalía insiste en que «la instrucción de este procedimiento no se encuentra concluida», por lo que mantiene que «resulta razonable que continúe» y que las irregularidades denunciadas «no permiten llegar a un planteamiento de sobreseimiento libre del procedimiento como el que se solicita».

El Caballero de Hierro

2012-02-04T13:39:00.001-08:00

4 de Febrero de 2012 - 11:09:09 - Luis del Pino/Libertad digital

Editorial del programa Sin Complejos del sábado 4/2/2012

A principios de la década de 1970, los sindicatos ingleses constituían un auténtico poder dentro del Estado. Uno de cada dos trabajadores estaba sindicado, fundamentalmente porque para trabajar en ciertos sectores era obligatorio sindicarse. El recurso a la huelga era constante y los piquetes se encargaban de garantizar que esos conflictos laborales fueran secundados por todos los trabajadores de los sectores afectados, e incluso también de otros sectores. Para colmo, la influencia de los sindicatos dentro del Partido Laborista era enorme, lo que contribuía al radicalismo de la izquierda británica.

Fueron los sindicatos los que provocaron el descrédito del primer ministro conservador Edward Heath, que perdió las elecciones en 1974, cediendo el gobierno a los laboristas. Dentro del Partido Conservador, la caída de Heath abrió la puerta a una desconocida Margaret Thatcher, que venía a capitanear la derecha con ideas renovadas.

Cinco años después, en el invierno de 1979, los sindicatos llevaron a Gran Bretaña a un completo caos, paralizando el país con una serie de huelgas que terminaron de convencer a la opinión pública de que había que acabar con el perpetuo chantaje sindical. El hartazgo de los ingleses hizo que Margaret Thatcher obtuviera la mayoría absoluta, pasando el gobierno otra vez al Partido Conservador.

Los sindicatos recibieron a los conservadores con una nueva oleada de huelgas, pero Margaret Thatcher, sin ningún tipo de complejo de inferioridad ante la izquierda, comenzó por cambiar la legislación para quitar a los sindicatos el desmesurado e injustificado poder del que disponían. Se eliminó la obligatoriedad de afiliación, se declararon ilegales los piquetes, se declararon ilegales las huelgas generales y se estableció por ley que todas las huelgas tenían que ser aprobada por votación de los trabajadores afectados, en lugar de ser decididas, como hasta entonces, por la cúpula sindical.

No solo eso. Thatcher utilizó sin reparos a la sección de inteligencia interior del servicio secreto británico, el famoso MI-5, para infiltrar el movimiento sindical y propiciar la desunión, alentando el ascenso de líderes sindicales más moderados.

Tras una nueva victoria por mayoría absoluta en 1983, Thatcher anunció la intención del gobierno de reformar el sector de la minería del carbón, altamente subsidiado, que constituía una auténtica sangría para las arcas públicas británicas. Entre otras medidas, se decidió cerrar 20 pozos improductivos. Los sindicatos reaccionaron convocando una huelga indefinida del sector, dado que el sindicato del carbón era una de las espinas dorsales del movimiento sindical. Para poder resistir una huelga prolongada, los sindicatos contaban con la caja de solidaridad, que permitía pagar a los mineros en huelga un sueldo reducido, que salía de las contribuciones de todos los trabajadores británicos sindicados.

Pero Thatcher aguantó el tipo. Utilizó a la policía con contundencia para mantener abiertos aquellos pozos donde los mineros habían decidido trabajar, emprendió una intensa campaña de convencimiento de la opinión pública para dejar patente el chantaje de los sindicatos y se aprovisionó de carbón en el exterior, para no depender de aquel sector que había quedado paralizado.

A medida que iban pasando los meses, la moral de los huelguistas se iba resquebrajando y poco a poco comenzaron a descolgarse. En marzo en 1985, después de todo un año de huelga indefinida, más del 50% de los trabajadores del sector habían vuelto a las minas, con lo que la huelga se tuvo que dar por concluida. Los sindicatos habían cosechado una derrota sin paliativos y enormemente simbólica, y su poder quedó anulado para siempre. A finales de la década de 1980, la afiliación a los sindicatos había caído a la mitad y ya nunca volvieron a ser el grupo de presión que habían sido, lo que tuvo profundas consecuencias en la economía y en la política inglesas. Por lo pronto, el Partido Laborista se vio libre para adoptar posturas menos radicales, que terminarían haciendo posible, años después, a un dirigente como Tony Blair.

Las primeras medidas adoptadas por Rajoy tras llegar al gobierno incluían una subida de impuestos a los ciudadanos y un recorte de ciertos gastos, que resultó completamente decepcionante, por lo insuficiente. Entre otras cosas, las subvenciones a los sindicatos se recortaron de forma mínima, lo que implica que este año CCOO y UGT recibirán un 20% más de subvenciones que en 2005, año en el que todavía no había empezado la crisis.

Pero lo sorprendente es que esta semana las cámaras indiscretas han grabado a Mariano Rajoy diciéndole a su homólogo finlandés en una reunión europea que la próxima reforma laboral le va a costar una huelga general.

¿Que la reforma laboral le va a costar una huelga general, don Mariano? ¿Nos está usted tomando el pelo?

¡Pero si los sindicatos están a sueldo de usted!

¡Pero si es usted el que los paga, con el dinero de todos nosotros!

¡Pero si son empleados suyos!

¡Si no podrían funcionar sin las subvenciones que usted les entrega!

¿Que le van a montar una huelga general? ¿Y eso le incomoda? Pues entonces ¿por qué les paga para que la monten?

¿Pero a quién quiere usted engañar, hombre de dios? ¿Es que se piensa usted que los españoles nos seguimos creyendo la pantomima sindical?

Si usted quisiera, los sindicatos se acababan mañana, porque no podrían sostenerse mediante las cuotas de unos afiliados que no tienen. Pero estos sindicatos amarillos son muy útiles, ¿verdad, señor Rajoy?

Sirven, por ejemplo, para justificarse ante Bruselas: "Yo querría hacer una reforma laboral más ambiciosa, pero los sindicatos me crucificarían".

Y sirven también para que la base electoral de la derecha acepte tragar con las reformas que usted quiera plantear, por muy injustas que sean y por mucho que hagan pagar la crisis a los españoles de a pie y no a quienes la han provocado: si esos malvados sindicatos dicen que se oponen a las reformas, entonces los votantes de la derecha tendremos que acudir en rescate del pobrecito gobierno acogotado por esos malvados sindicalistas.

Y sirven también para encauzar hacia la más absoluta inanidad las posibles protestas de la base social de la izquierda. ¿Qué mejor, si uno no tiene ganas de que le monten una verdadera huelga, que montar esas huelgas uno mismo, a través de unos sindicatos controlados?

¡Por favor! ¡Déjense de pantomimas! Los sindicatos, don Mariano, son suyos. Usted es el que los mantiene en funcionamiento, a través de subvenciones de todo tipo y condición. Los mantiene en funcionamiento con nuestro dinero, eso sí, pero es usted el que decide transferírselo a ellos.

¿Que le van a montar una huelga? Permítame que me carcajee. Querrá usted decir que van ustedes a escenificar una huelga, de cara a Bruselas y a la opinión pública española, ¿no?

En el Reino Unido, los sindicatos tenían un poder omnímodo, contaban con ingentes recursos propios y gozaban de una total autonomía de acción, pero Margaret Thatcher, la Dama de Hierro, se enfrentó a ellos, les aguantó el pulso y los venció.

Y aquí, don Mariano Rajoy, el Caballero de Hierro, nos viene con la monserga de que está preocupado porque le van a echar un pulso unos sindicatos cuyo funcionamiento se encarga de costear él mismo.

¡No me digan que no es enternecedor! Nuestros gobernantes siguen completamente convencidos de que somos imbéciles.

José Luis Moreno se lucró del fisco vasco

2012-02-04T13:20:00.000-08:00

J. M. ALONSO SAN SEBASTIÁN

04/02/2012

ESPAÑA/El mundo

Artistas, deportistas y empresarios afines al PNV, entre los más de 100 beneficiarios

Deportistas, empresarios y artistas españoles se han aprovechado en los últimos años de la ventajosa normativa tributaria de Guipúzcoa falseando sus domicilios fiscales en el territorio para acogerse a cuantiosos beneficios tributarios, entre ellos la exención de pagar impuestos o, en su caso, con un tipo de fiscalidad inferior al 1%. Asimismo, numerosos empresarios afines al PNV, impulsor de este ventajoso sistema, se han aprovechado de este paraíso fiscal dentro de una lista que, se estima, supera el centenar de beneficiarios.

Entre las personas físicas y jurídicas que se han acogido durante años a estos beneficios fiscales a través del régimen de las sociedades de promoción de empresas (SPE) se encuentran, según apunta el periódico digital Primeran.com, el empresario José Luis Moreno, la familia Del Pino, de Ferrovial Constructores, el presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, la caja de Guipúzcoa Kutxa, y la mayoría de empresarios afines al PNV como Amenábar o Construcciones Altuna.

Asimismo, esta web, dirigida por la firma Lighthouse, presidida por el ex presidentedel equipo de fútbol donostiarra Iñaki Badiola, y que destapó los numerosos beneficios fiscales obtenidos por el tenista Rafa Nadal, apunta que otros deportistas y actores de «alto ranking» han utilizado la misma fórmula de falsear el domicilio fiscal en este territorio para beneficiarse de su particular marco tributario y fiscal.

Este sistema, suprimido hace años en España, fue alentado por el PNV. Concede cuantiosos beneficios fiscales a sociedades nacidas para promover la creación de empresas mediante la participación temporal en su capital. Sin embargo, esta fórmula, que permite exenciones a los créditos participativos, ha servido durante muchos años de coladero a firmas que no han reinvertido sus beneficios en poner en marcha otras actividades productivas, finalidad prioritaria del modelo de SPE.

Así, artistas, deportistas y empresarios de España han convertido Guipúzcoa durante años en su particular paraíso fiscal para aprovecharse de las deducciones y exenciones del Impuesto de Sociedades. En el caso de Nadal, según publicó ayer este periódico, se habría ahorrado un mínimo de 13,5 millones desde 2006 a 2010, en función de los cálculos de un técnico de Hacienda, tras facturar unos beneficios superiores a 47 millones y tributar 11.000 euros.

Tras su llegada al poder en Guipúzcoa, Bildu está acometiendo una investigación para detallar los beneficios que han podido obtener quienes se acogieron a este régimen especial de SPE durante los años de mandato del PNV. Según han indicado a este periódico diversas fuentes, la Hacienda ha perdido «cientos de millones de euros» en la recaudación de tributos. Al mismo tiempo, denuncian la falta de voluntad política para erradicar este régimen especial del Impuesto de Sociedades, aún vigente en Guipúzcoa, y la ausencia de inspecciones a las empresas beneficiarias por las SPE.

El presidente del PNV filtró a los proetarras que la cúpula de ETA iba a ser desmantelada por la Policía francesa

2012-02-03T14:03:00.001-08:00

Alerta digital

EIG.- Iñigo Urkullu, actual presidente del PNV, filtró con varias horas de antelación a algunas personas cercanas a la autodenominada “izquierda abertzale” que la cúpula de la banda terrorista ETA, que fue detenida el 20 de mayo de 2010, iba a ser desmantelada por la Policía francesa.

El actual máximo responsable del PNV, y posible candidato a lehendakari por este partido, sabía de la operación policial que se estaba diseñando gracias a la información que, con suficiente antelación, le había sido suministrada desde el Ministerio de la Presidencia del anterior ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

Según ha podido saber Euskadi Información Global de fuentes directamente conocedoras de lo sucedido, Iñigo Urkullu no se limitó a guardar para sí esta información privilegiada que obtuvo en aquel momento como una dádiva más del PSOE para garantizarse el apoyo del PNV en el Parlamento de Madrid, sino que, apenas unas horas antes de que se produjera la detención de los etarras Mikel Carrera Sarobe, Maite Aranalde y Arkaiz Aguirregabiria, el dirigente peneuvista comentó personalmente los acontecimientos que se iban a suceder, y las posibles consecuencias de éstos, con destacadas personalidades del entorno político-social nacionalista del País Vasco.

Esta gravísima irresponsabilidad de Iñigo Urkullu, y de quien compartió con él esta información secreta (algunos analistas consultados señalan que el origen de la filtración solamente pudo ser el propio ex-presidente José Luis Rodríguez Zapatero) no solamente es un grave delito de revelación de secretos y de alta traición al Estado sino que, además, puso en riesgo las detenciones y supuso un grave peligro para todos los agentes implicados en la operación de desarticulación de la cúpula etarra, que en esta ocasión pertenecían a la policía francesa.

De 2.400 escoltas a 400. Interior y el Gobierno Vasco acuerdan desmontar el aparato de protección a personalidades en Euskadi. Ya hay 1.000 menos

2012-02-03T13:51:00.000-08:00

Seguridad

03 de febrero del 2012/ECD

Difícil futuro laboral para los escoltas en el País Vasco. El Gobierno de Patxi López y el ministerio del Interior han acordado reducir el número de policías, guardias civiles, ertzaintzas y agentes privados que se encargan de proteger a las personalidades de la región, que pasarán, en tan solo seis meses, de 2.400 a 400.

El pasado martes, 31 de enero, Jorge Fernández Díaz estrenó comparecencia en el Congreso, como ministro del Interior, con el siguiente mensaje: “Estamos preparando un plan para llevar a cabo un importante recorte del número de escoltas en el País Vasco y Navarra”. Sin embargo, el número de agentes de seguridad personal en Euskadi ha ido descendiendo durante los últimos tres meses.

Según las fuentes consultadas por El Confidencial Digital, “desde que ETA anunció el cese definitivo de la violencia, el pasado mes de octubre, un total de 1.000 escoltas han dejado de trabajar en la protección de personalidades en la región”.

Este descenso será aún más contundente durante el primer trimestre de 2012, ya que el Gobierno de Patxi López y el ministerio del Interior han acordado dejar en 400 el número total de escoltas en el País Vasco: “El propio Rodolfo Ares nos confirmó esta decisión y el calendario a seguir”, explican los agentes de seguridad personal a los que ha tenido acceso este diario.

Las mismas fuentes explican que “cuando ETA emitió el último comunicado, había en Euskadi unos 2.400 escoltas, por lo que en poco más de seis meses se perderán un total de 2.000 efectivos”.

Sobre la salida laboral de los afectados, los escoltas consultados afirman que “los policías, guardias civiles y ertzaintzas serán destinados en otra unidad, pero los agentes privados lo tendrán más difícil”.

Los consejeros y viceconsejeros mantendrán la escolta

El plan de reducción de escoltas impulsado por el Gobierno de Patxi López incluía la permanencia de este tipo de seguridad privada para los consejeros y viceconsejeros del Ejecutivo Vasco.

Sin embargo, otras personalidades políticas, como diputados nacionales del PP y del PSOE, también mantendrán a sus escoltas durante los próximos meses.

No han optado por esa opción Juan José Ibarretxe y otros representantes de su Gobierno, que han renunciado a la vigilancia personal de ertzaintzas a la que tenían derecho.

Cosidó depurará responsabilidades

2012-02-03T13:23:00.000-08:00

MADRID

03/02/2012 ESPAÑA/El Mundo

Promete máxima colaboración en la investigación de la trama corrupta en la Policía

El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, avanzó ayer que su departamento depurará responsabilidades si se confirman irregularidades en la adjudicación de obras en dependencias del Cuerpo durante los años 2010 y 2011, hechos que investiga un juzgado de Madrid.

El Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid ha abierto diligencias previas a raíz de una denuncia anónima recibida en la propia Dirección General de la Policía, en la que se señalaba a varios funcionarios que presuntamente habrían recibido comisiones por la concesión de contratos a dedo a empresas afines. La denuncia llegó a la inspección delegada de Hacienda, que la trasladó a la Dirección General de la Policía.

La Unidad de Asuntos Internos elaboró un informe que pasó también a manos de la Fiscalía Anticorrupción. Con todo el material sobre la mesa, el juzgado ha decidido abrir una investigación y, además, declarar el secreto de las actuaciones.

Durante una rueda de prensa en la que se presentó el balance contra la inmigración ilegal de 2011, Cosidó dejó claro que la colaboración de la unidad de asuntos internos de la Policía con la investigación judicial está siendo «máxima» porque no hay nadie «más interesado» en que los hechos queden perfectamente esclarecidos. No obstante, el director general de la Policía recordó que el juez ha decretado el secreto de las investigaciones por lo que prefirió ser «prudente» y no añadir ningún dato adicional sobre el caso para no entorpecer las pesquisas judiciales.

Según la denuncia, multitud de contratos de la Policía se trocearon en varias adjudicaciones separadas para que pudieran concederse sin publicidad, mientras que los honorarios de los facultativos de obra se inflaban de tal forma que llegaban a alcanzar hasta el 30% del coste del proyecto.

Investigan una trama de adjudicaciones irregulares en la Policía Nacional

2012-02-02T13:59:00.000-08:00

contratos A DEDO Y COBRO DE COMISIONES

Se investiga la adjudicación a "amigos" y el posible desvío de fondos.

Nuevos jefes superiores de Canarias y Galicia

LIBERTAD DIGITAL 2012-02-02

En juzgado de instrucción número 26 de Madrid ha abierto diligencias previas de investigación por un presunto caso de adjudicaciones irregulares de obras en la Policía Nacional durante los años 2010 y 2011, tras la denuncia interpuesta hace un mes por la propia Dirección General de la Policía.

Así lo han confirmado a Efe fuentes de la Dirección General de la Policía, que han explicado que hace semanas la Intervención Delegada de Hacienda recibió un escrito anónimo en el que relataban todo tipo de irregularidades en la adjudicación de obras en el Cuerpo. Presuntamente, se habrían cometido irregularidades en la concesión de contratos a empresas de "amiguetes", tejiendo una auténtica trama mafiosa en la adjudicación de las obras en los recintos policiales.

El escrito señalaba a varios funcionarios que habrían cobrado comisiones por la adjudicación de dichos contratos, manipulados de forma que pudieran concederse "a dedo" a empresas afines. Además, según informa El Mundo, la cantidad de dinero adjudicado sobrepasaría los dos millones de euros.

Hace un mes, se recibió esta denuncia anónima, donde se explicaba que multitud de grandes contratos se troceaban en varias adjudicaciones separadas que podían concederse sin publicidad, y los honorarios de los facultativos de obra se inflaban de tal forma que llegaban a alcanzar hasta el 30 por ciento del coste del proyecto.

Según las fuentes consultadas, la Intervención Delegada de Hacienda puso el caso en conocimiento de la Policía Nacional que, a su vez, remitió el anónimo a la unidad de Asuntos Internos.

Ante la gravedad de las irregularidades denunciadas, la Policía comunicó el caso a la Fiscalía Anticorrupción, hechos por los hace un mes se abrieron diligencias previas en un juzgado madrileño.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) anunció ayer que también había puesto los hechos en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción tras recibir un anónimo en los mismos términos que el recibido hace un mes por la Intervención Delegada de Hacienda

López pide que no se construya «sobre la amnesia colectiva»

2012-02-02T13:53:00.000-08:00

El Mundo

Apaga la llama contra la violencia de la Academia de la Ertzaintza, seguro del fin de ETA

Ayer, coincidiendo con el trigésimo aniversario de la primera promoción de la Ertzaintza, se apagó el pebetero en honor a los ertzainas asesinados por ETA, pero el lehendakari, Patxi López, pidió que la llama de su memoria y de la todas las víctimas guíe la construcción de una paz con memoria, que «no diluya la responsabilidad de los asesinos». «Por fin hemos acabado con la actividad del terrorismo. Ha costado mucho llegar hasta aquí. Han sido muchas las lágrimas derramadas. Muchas las vidas arrebatadas por los totalitarios. Y por eso nos negamos a que el nuevo tiempo se construya sobre la amnesia colectiva», solemnizó el lehendakari, que presidió el acto celebrado en Arkaute.

Fueron precisamente los familiares de los 15 ertzainas víctimas de ETA quienes protagonizaron la primera parte del aniversario. El joven ertzaina José Goikoetxea, hijo de Joseba Goikoetxea -cuyo asesinato, en 1993, empujó a Interior a prender una llama contra la violencia-, apagó, junto al director de la Ertzaintza, Toño Varela, y el consejero de Interior en 1993, Juan María Atutxa, el pebetero que, según se explicó, «ha iluminado las noches oscuras de Arkaute» en los últimos 18 años.

El acto en homenaje a estos ertzainas y también al miñón Jesús Velasco y a 22 policías municipales se completó con la inauguración de un monolito para honrar la memoria de «los hombres y mujeres de la Policía vasca, víctimas del terrorismo por defender la democracia y la libertad». Agentes del cuerpo y las máximas autoridades del País Vasco, además de representantes de otros cuerpos policiales y miembros de la sociedad civil, se sumaron al recuerdo depositando una flor a los pies de la escultura.

«Se lo debemos a las víctimas y también al conjunto de la ciudadanía. Porque sólo desde el recuerdo de lo ocurrido podremos evitar que la historia se repita. Sólo con memoria podremos construir una sociedad sustentada en valores éticos y democráticos», explicó López. «El monolito servirá como testimonio imperecedero del sacrificio de los ertzainas y de las policías locales a los que mataron [...]. Siempre estaremos en deuda con ellos y con el conjunto de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que entregaron lo mejor de sí mismos para que el resto pudiéramos disfrutar de libertad», añadió.

Tras el recuerdo a los ausentes, el lehendakari se dirigió en primera persona a los ertzainas presentes: «Sois los garantes de que no vuelva a haber entre nosotros quien cometa o justifique el asesinato». No hubo referencias explícitas ni a la izquierda abertzale ni al acercamiento de los presos, salvo la habitual coletilla del lehendakari de que «la democracia no es una ciudad amurallada» y mantiene sus puertas «abiertas para permitir el acceso a quienes quieren integrarse en ella».

La Ertzaintza ha enfocado su trigésimo cumpleaños como un punto de inflexión en su trayectoria. Ahora toca caminar hacia la modernización del que es «el símbolo del autogobierno». «Vivimos nuevos tiempos, nuevas realidades, otros desafíos. Pero el objetivo sigue siendo el mismo: garantizar los derechos y las libertades del conjunto de la ciudadanía vasca. Por eso, estamos permanentemente modernizando la Ertzaintza para contar con una Policía más cercana, más ágil en la respuesta, más eficaz y con un mayor grado de especialización, para combatir los delitos tradicionales y otras amenazas más recientes».

Las víctimas podrán opinar sobre el acercamiento de los presos de ETA

2012-01-31T15:05:00.000-08:00

31 ENE 2012/La gaceta
Tendrán un capítulo especial en el Estatuto de la Víctima que elaborará el Gobierno y tendrán la posibilidad de manifestar su opinión sobre el acercamiento de los presos de ETA al País Vasco.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha asegurado hoy que las víctimas del terrorismo tendrán un capítulo especial en el Estatuto de la Víctima que elaborará el Gobierno y tendrán la posibilidad de manifestar su opinión sobre el acercamiento de los presos de ETA al País Vasco.

Así lo ha expresado a los medios de comunicación en la sede del Departamento, tras mantener una reunión con la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza. Ruiz-Gallardón ha explicado que, en respuesta a una "petición razonable" de la AVT, las víctimas del terrorismo tendrán un capítulo singular y especial en el Estatuto de la Víctima.

El ministro ha explicado que en el Estatuto de la Víctima se va a introducir una variación sustancial sobre la lejanía que la víctima tenía no solamente en los momentos procesales hasta que se dicte la sentencia definitiva, sino en ejecución de esa condena, en el seguimiento de cualquier modificación de la situación penitenciaria y en el informe preceptivo para cualquier medida de gracia que el Gobierno pudiera otorgar a cualquier responsable de un delito de terrorismo.

En los casos de acercamiento de los presos a las cárceles del País Vasco, será preceptivo que se les comunique a las víctimas del terrorismo y que se les dé la posibilidad de manifestar su opinión dentro del procedimiento, ha precisado el titular de Justicia.

«Es la hora de la verdad histórica»

2012-01-31T14:54:00.000-08:00

31/01/2012 ESPAÑA/El Mundo

El ministro Jorge Fernández dijo ayer en Sevilla, en el 14º aniversario del asesinato de Alberto Jiménez Becerril y de Ascensión García, que «es hora no de memoria histórica, sino de verdad histórica», por lo que advirtió de que «ni legal ni jurídicamente, ni moral ni éticamente vamos a igualar unas víctimas del terrorismo con otras». Junto con el alcalde, Juan Ignacio Zoido, colocó una corona en presencia de Teresa, hermana del edil, y de Javier Arenas

MANUEL MARRACO MADRID

31/01/2012 ESPAÑA

Los acusados de Llodio apelan al informe de la Comisión de Verificación para ser absueltos

El reciente informe de la Comisión Internacional de Verificación del alto el fuego también puede emplearse ante un tribunal como informe de defensa. Así lo hizo ayer la abogada abertzale Jone Goirizelaia, que apeló a sus optimistas conclusiones para pedir a la Audiencia Nacional que absuelva a los 18 acusados por impedir la toma de posesión de los ediles del PP en Llodio (Álava), en junio de 2003.

A la habitual discrepancia entre el fiscal y la defensa se sumó ayer una dispar petición de penas entre el Ministerio Público y las acusaciones particulares.

El fiscal llegó a juicio pidiendo tres años por coacciones terroristas o, alternativamente, un año por un delito contra las instituciones del Estado. Ayer, el fiscal Miguel Ángel Carballo consideró «irremediable» aplicar la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas -han pasado casi nueve años- y dejó las peticiones en un año y tres meses, o en cinco meses por la propuesta alternativa. Además, recordó que se vio forzado por el Supremo a presentar la tesis de delito terrorista. Ninguna de las dos variantes de acusación exigiría el efectivo ingreso en prisión.

Carballo sostuvo que el boicot a la toma de posesión había sido planeado por los simpatizantes de una candidatura abertzale vetada. Y respondió así a la versión de los finalmente 18 acusados -a uno se le retiró la acusación- de que fue la actitud de los escoltas la que desencadenó todo: «No te pongas donde te corresponde, no te dejo hablar, sal por la puerta de atrás y, si no aceptas, eres un provocador».

Aunque con un relato de hechos similar, las penas serían muy distintas si el tribunal acogiese las peticiones de las acusaciones particulares, que en este juicio han reclamado hasta seis años de cárcel. En su informe final, en el que reconocieron las dilaciones, los abogados de los ediles populares indicaron que los hechos formaron parte «de una estrategia de la coacción y del miedo» y describieron a los acusados como «una jauría humana».

MIKEL SEGOVIA BILBAO

31/01/2012 ESPAÑA

Urkullu remite a Rajoy documentos de su plan soberanista

El líder del PNV le reclamará hoy en La Moncloa más pasos hacia el autogobierno

Sólo será un tanteo. El primero en el palacio de la Moncloa con Rajoy. El clima será distendido, en torno a una comida, y con toda una relación personal por profundizar en los próximos años. Con el inquilino anterior se entendió bien, con el actual todo apunta a que también pueda fructificar. El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, acude este mediodía a la que será su primera reunión con el líder del Ejecutivo español y lo hará instándole a asumir compromisos en los tres ejes en los que él ya ha anunciado que sustentará su recién estrenado segundo mandato al frente del partido: más autogobierno, pasos en favor de la pacificación y medidas contra la crisis.

En los últimos días, nacionalistas y populares han cruzado documentos en los que el PNV ha incluido referencias a la que promete ser la iniciativa más controvertida en materia soberanista de esta legislatura: la negociación de un nuevo estatus político para el País Vasco. Una apuesta que dentro de cuatro años podría alterar la cordialidad que a buen seguro dominará el encuentro de hoy.

La ponencia política con la que Urkullu ha sido reelegido para otros cuatro años al frente del PNV resume las iniciativas que pondrá en marcha en los próximos años y que, entre plato y plato, trasladará a Rajoy. Las referidas a los avances en materia de autogobierno serán las más difíciles de digerir. Urkullu, maestro de profesión, confía en sus dotes pedagógicas para ganarse a Rajoy. El presidente del PNV ha reiterado que existe margen para lograr un acuerdo en el Congreso de los Diputados para evitar un fracaso como el del plan Ibarretxe y sacar adelante un nuevo marco político para el País Vasco en 2015. Hasta entonces, mucha «pedagogía política» para convencer, ganar voluntades y tejer consensos.

El primer acercamiento se dará este mediodía en La Moncloa. Urkullu lo adelantó ayer. En nombre de su partido, reclamará a Rajoy «pasos hacia un compromiso» que dentro de cuatro años permita situar al País Vasco «en pie de igualdad» con España -como refleja su plan Ados- gracias a la aprobación de una nueva fórmula que permita superar el actual Estatuto de Guernica. El avance de intenciones de Urkullu recibió respuesta por parte del PP vasco a través de su secretario general, Iñaki Oyarzabal. La visita, vino a decir, debe guiarse por un «espíritu constructivo», nada de «discursos radicales» propios de la izquierda abertzale

Munilla llama a no cometer «nuevas injusticias» con las víctimas de ETA

Los obispos vascos preparan una pastoral tras reconocer que «tardaron en reaccionar»

El obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, afirmó ayer que una tarea clave de la Iglesia vasca tras el «cese definitivo» anunciado por ETA es la «reconciliación» de la sociedad vasca. Sin embargo, matizó que la Iglesia está llamada a «ser un instrumento de paz» y que por ello propugna «el encuentro y el diálogo», y que ese diálogo no puede «orillar a las víctimas, que son la parte más débil». «Es normal que la Iglesia llame al diálogo y a la reconciliación, pero diciendo: no cometamos nuevas injusticias con las víctimas del terrorismo», advirtió, para reconocer que tanto la Iglesia como la sociedad en general han «tardado mucho en reaccionar» ante su dolor, por lo que tienen una gran «deuda» con ellas.

El pronunciamiento de Munilla en la radio pública vasca se produce en un momento en el que los tres obispos de la comunidad preparan una carta pastoral conjunta para posicionarse ante la etapa abierta con el «cese» del terror. La carta, que según las fuentes consultadas no verá la luz hasta después de Cuaresma, se basará en la necesidad de promover «la pacificación y la reconciliación».

El reciente cambio en las diócesis de San Sebastián y Bilbao hace prever que el tono de la misiva distará de los textos que sobre ETA escribieron Juan María Uriarte (San Sebastián) y Ricardo Blázquez (Bilbao), quienes, junto con el obispo de Vitoria, Miguel Asurmendi -el único que se mantiene en el cargo-, firmaron en 2002 una controvertida pastoral contra la Ley de Partidos porque, a su juicio, causaría un «deterioro» en la convivencia» y un aumento de «la división y la confrontación cívica».

En los últimos años, la carta pastoral se venía realizado de forma bianual, una tradición que se rompería ahora, después de que el año pasado la misiva estuviera dedicada a la «crisis económica y moral».

La «pacificación» será el primero de los puntos del documento. Miguel Asurmendi lo explicó ayer así: «Pacificar no es sólo decir: 'Ya no hay tiros ni pistolas ni muertos', sino que se trata de encontrar la paz en nuestro pueblo para que pueda realizarse». En segundo lugar, apuntó que la «reconciliación» es necesaria en un «país pequeño» como el vasco , donde «tantísimas familias tienen un problema con un hijo, un padre...».

«Ha habido mucho sufrimiento y mucho odio», lamentó en Radio Vitoria. En su opinión, Euskadi debe tratar de superar «muchas cosas que están presentes, cuando aún no ha habido capacidad de perdonar, olvidar, dejar las armas», ni capacidad de «mirar» a las víctimas -«a todas las víctimas, no sólo a algunas», matizó-. La «base fundamental de la reconciliación», añadió, es que los etarras «pidan perdón».

Los tres obispos se reunirán hoy para «afinar» ese mensaje, aunque el objeto primero de la cita es definir el encuentro interdiocesano que han convocado el 25 de febrero para rezar «por la paz y la reconciliación». Junto a ello, Munilla ha trasladado a la asociación Covite que quiere realizar una gran misa en honor a las víctimas del terrorismo, extremo no confirmado por la diócesis donostiarra. Covite espera esa eucaristía para «próximas fechas», indicó su portavoz Christian Matías, quien expresó su confianza en el obispo para resarcir a las víctimas del «abandono masivo» al que les ha relegado la Iglesia vasca durante años.

2012-01-28T10:44:00.000-08:00

MARÍA PERAL MADRID

28/01/2012 PORTADA/El Mundo

Garzón inculpado por cohecho al recaudar entre sus investigados

El juez Garzón está desde ayer inculpado por cohecho impropio por haber solicitado y obtenido 1,2 millones de dólares de grandes empresas y bancos españoles afectados por procesos penales tramitados en la Audiencia Nacional, algunos de ellos en manos del propio magistrado. El dinero fue destinado a financiar conferencias y seminarios dirigidos por él durante su estancia en la Universidad de Nueva York, de la que cobró un salario en paralelo a la percepción de su nómina de juez. El magistrado del Supremo Manuel Marchena considera que hay motivos para que Garzón sea juzgado por esos hechos.

El magistrado Marchena, que ha investigado desde febrero de 2010 los patrocinios obtenidos por Baltasar Garzón de importantes entidades bancarias y empresas españolas, ha dado por terminada la instrucción y ha concluido que hay motivos para que el juez de la Audiencia Nacional responda en juicio oral de un posible cohecho impropio. Ese delito castiga con pena de multa de tres a seis meses (según la legislación aplicable en el momento de los hechos) a «la autoridad o funcionario publico que admitiere dádiva o regalo que le fuere ofrecido en consideración a su función (...)».

El instructor del Supremo, que no ve indicios del delito de prevaricación que también fue objeto de querella, da un plazo de 10 días al fiscal y a la acusación popular que ejercen los abogados José Luis Mazón y Antonio Panea para que presenten escrito de acusación o bien el archivo de la causa.

Los hechos se refieren a la licencia de estudios que Garzón disfrutó entre marzo de 2005 y junio de 2006 en la Universidad de Nueva York (UNY), donde dirigió seminarios y conferencias para el Centro Rey Juan Carlos y para el Centro de Derecho y Seguridad.

Esas actividades fueron sufragadas con patrocinios que Garzón solicitó personalmente por un importe inicial de 2,5 millones de dólares al Banco Santander, BBVA, Telefónica, Cepsa y Endesa.

El Banco Santander entregó 327.000 dólares al Centro Rey Juan Carlos, del que Garzón percibió retribuciones en especie por valor de 22.152 dólares y el pago de la matrícula de su hija en la Escuela Internacional de la ONU por importe de 21.650 dólares.

BBVA, Telefónica, Cepsa y Endesa financiaron con 910.000 dólares un seminario dirigido por Garzón en el Centro de Derecho, del que cobró una nómina que el juez cifró en 160.333 dólares, aunque esa cantidad no coincide ni con los extractos de la cuenta bancaria que abrió en Nueva York ni con las sucesivas certificaciones de la UNY, que ha ido variando sus propias cifras.

Garzón «ocultó» al Consejo General del Poder Judicial la remuneración obtenida de la UNY y también ocultó a la Universidad, con la que tenía un «deber contractual de incompatibilidad», que seguía cobrando su nómina íntegra de juez.

Marchena destaca que «las cantidades abonadas por las distintas empresas implicaron la obtención de un aprovechamiento para él y, al propio tiempo, para un tercero», aunque el enriquecimiento personal no es exigido por el delito por el que Garzón es inculpado.

A tenor de una abundante prueba documental que consta en los expedientes de los patrocinios y de las declaraciones de empresarios y banqueros, el instructor del Supremo afirma que fue el propio Garzón el que se dirigió a ellos solicitando el dinero «con la seguridad de que, precisamente en atención a su cargo, esas cantidades iban a ser entregadas». Garzón «tenía la seguridad de que nunca iban a denegar un patrocinio impulsado por él».

«Algunos de esos responsables habían sido testigos o imputados en procedimientos instruidos por el propio Garzón» y «otros, sin haber sido investigados por él, habían tenido que responder por hechos delictivos atribuidos mediante denuncias o querellas tramitadas en la Audiencia Nacional», subraya Marchena.

Así, el máximo responsable del BBVA, Francisco González, autorizó un patrocinio de 200.000 dólares sólo cinco meses después de que Garzón inculpara a la cúpula de Neguri, proceso penal que favoreció el ascenso de González a la presidencia del banco. «Lo hizo, además, cuando ese procedimiento se hallaba todavía abierto en el Juzgado del que Garzón era titular y al que habría de reincorporarse meses después».

En el caso de Telefónica, que entregó 100.000 dólares, Garzón había investigado a su ex presidente, Juan Villalonga, por el caso Endemol y por el cobro de stocks options.

Los dirigentes de Cepsa, sociedad que entregó 100.000 dólares, habían sido investigados en la Audiencia Nacional por concertarse con Repsol para fijar el precio de los carburantes.

Y el presidente del Banco de Santander, Emilio Botín, vio cómo Garzón archivaba una querella dirigida contra él a los cuatro meses de reincorporarse a la Audiencia Nacional.

Ninguna de esas entidades se interesó por la justificación detallada del destino que tuvieron los fondos.

28/01/2012 ESPAÑA

«Mezcla de juez y exitoso gestor de fondos»

El instructor del Supremo subraya que los expedientes de los patrocinios ponen de relieve la «interesada confusión de los planos en los que se desenvolvía la actuación de Garzón» como juez y como organización de actividades en la UNY para las que solicitaba patrocinios.

Marchena da «especial valor indiciario» a la carta en la que Gonzalo de las Heras -en aquellas fechas de 2005 responsable del Grupo Santander en Estados Unidos- da cuenta al presidente, Emilio Botín, del almuerzo celebrado con Garzón. El juez plantea en ese encuentro que quiere organizar un ciclo de conferencias.

De las Heras escribió a Botín que «Garzón rompió el hielo diciendo que acudía como español y como amigo y no como juez y que podíamos hablar de todo lo que quisiéramos sin temer que nos llamara para aclarar el sentido de lo dicho: 'como sabéis', dijo, 'aquí no tengo jurisdicción'».

La resolución judicial destaca que en «ese primer contacto para la obtención de las cantidades se produce entre Baltasar Garzón y un grupo de directivos del Santander no existe presencia física alguna, ni siquiera testimonial, del cuadro académico de la Universidad de Nueva York».

«El propio Garzón es consciente de que sus interlocutores tienen bien presente su condición de juez» y «busca artificialmente escindir dos facetas que aparecían indisociablemente unidas a los ojos de los directivos del Banco de Santander con quienes compartía almuerzo, llegando a aclarar que actúa como 'amigo y no como juez' y que, para tranquilidad de sus interlocutores, no podrá llamarles a declarar a su juzgado, pues 'aquí no tengo jurisdicción'».

Para Marchena, «la mezcla entre el carácter de autoridad jurisdiccional del querellado y su condición de exitoso gestor de fondos vuelve a hacer acto de presencia en la carta que, con fecha 10 de junio de 2005, dirige a Botín. En ella, encabezada con un 'Querido Emilio', se dan las gracias por la financiación comprometida a partir del almuerzo con Gonzalo de las Heras, incluyendo como pie de firma: «Baltasar Garzón Real. Magistrado-Juez. Titular de la cátedra Rey Juan Carlos».

28/01/2012 ESPAÑA

«Abre las puertas con su intervención personal»

Marchena sostiene que los fondos que sirvieron para sufragar las actividades de Garzón en la Universidad de Nueva York «fueron entregados por las distintas empresas en consideración a su cargo» de juez de la Audiencia Nacional, condición que invocaron permanentemente tanto él como las autoridades de la UNY.

En las misivas que envió a empresarios y banqueros y en los correos electrónicos que se cruzó con los encargados de los patrocinios, Garzón hizo constar su estatus de juez.

Por su parte, tanto la directora del Centro de Derecho de la UNY, Karen Greenberg, como el resto de las autoridades de esa Universidad destacaron de forma constante en sus contactos con los empresarios españoles el papel del «judge Garzón» como director de las actividades y como interviniente en la elaboración de los convenios de colaboración que fijaron las condiciones de los patrocinios.

«El valor indiciario de esos documentos es más que relevante», señala el magistrado del Supremo, «pues acreditan que las cantidades solicitadas -y obtenidas- tuvieron siempre relación directa con la condición de juez del querellado».

Garzón utiliza en su correspondencia folios impresos en los que, en el ángulo superior izquierdo, figura el anagrama y los datos de localización de la Universidad de Nueva York. «Es un impreso oficial que, por sí solo, debería ser suficiente si de lo que se trataba era de gestionar un patrocinio académico. Pero no».

Garzón rubrica esos escritos haciendo constar su condición de magistrado-juez porque «sabía que esos documentos adquirían un valor adicional si a las menciones que reflejaba la institución universitaria para la que él prestaba sus servicios, sumaba una indicación que recordara a su interlocutor la condición de autoridad judicial de la persona con la que se estaba comunicando. Fue algo más que un mediador llamado a poner en contacto a una institución universitaria con una eventual fuente de financiación», fue quien «abre las puertas a los fondos con una intervención personal», subraya.

28/01/2012 ESPAÑA

Propuesta económica en un sobre del juzgado

El modus operandi para la obtención de los fondos fue siempre el mismo. Garzón contactaba inicialmente con responsables de cada una de las empresas, les planteaba la propuesta y les anunciaba que otra autoridad de la UNY -normalmente Karen Greenberg, directora del Centro de Derecho y Seguridad- se dirigiría a ellos para concretar el patrocinio.

En el caso de Endesa, Greenberg envió una carta al presidente, Manuel Pizarro, dando cuenta de la organización de un curso «bajo la codirección del Magistrado Baltasar Garzón, actualmente profesor distinguido visitante en este Centro».

A esa carta acompañaba una propuesta de convenio de algo más de dos folios, con un presupuesto que ascendía a 500.000 dólares.

«El responsable de patrocinios de Endesa, Gabriel Castro, consideró que ese documento no era 'adecuado, ni por su contenido ni por el importe del patrocinio', por lo que rechazó su firma, exigiendo una segunda propuesta», relata Marchena. «Dos días después, fue remitida una propuesta renovada por 250.000 dólares, de los cuales 125.000 iban a ser abonados antes del día 15 de noviembre de 2005 y los restantes 125.000 dólares lo serían con anterioridad al 28 de febrero de 2006».

A la vista del retraso en el que incurrían los responsables de Endesa para el pago de la primera de las partidas, Karen Greenberg consideró oportuno recordar la obligación de abonar el importe comprometido. A tal fin, redactó una carta mediante la que requería el pago. Esta misiva fue impresa en un folio con la marca del Centre on Law and Security. Sin embargo, pese a estar firmada por la propia Greenberg, fue introducida en un sobre en el que podía leerse: «Baltasar Garzón Real. Magistrado-Juez Juzgado Central 5. Audiencia Nacional. Madrid».

28/01/2012 ESPAÑA

El carácter académico de la relación, ausente

El magistrado del Supremo ha alcanzado la conclusión de que «el supuesto carácter académico de la relación entablada entre Baltasar Garzón y los responsables de las empresas con los que contactaba en la búsqueda de fondos [alegado por el juez] está ausente en los documentos que han sido incorporados a la causa».

Bien al contrario, «todo indica que no se mantenía al margen de los aspectos económicos de los seminarios que organizaba, sino que asumía las riendas de la negociación en aquellas ocasiones en las que, por cualquier circunstancia, surgía la necesidad de aclarar algún punto relacionado con los aspectos económicos del proyecto».

Así ocurrió en el caso del BBVA, al que se propuso un patrocinio de 300.000 dólares para un seminario cuyos objetivos se explicaban en seis folios con obviedades del tipo «el terrorismo es una realidad preocupante» y «el criminal siempre quiere volver a matar con los mismos métodos».

Como quiera que el responsable de patrocinios del BBVA consideró tal propuesta «excesivamente simple o breve», fue necesaria una nueva propuesta que ajustara la discordancia surgida entre la cantidad presupuestada y la que el banco estaba dispuesto a asumir, que fue finalmente de 200.000 dólares.

No fue ninguna autoridad de la UNY sino el propio Garzón el que se encargó de enviar al BBVA la propuesta económica rectificada.

J. M. MADRID

28/01/2012 ESPAÑA

Un delito bumerán

El cohecho pasivo impropio era un tipo penal que apenas se utilizaba para castigar a funcionarios de poca monta que habían caído en la tentación de ablandarse ante una paletilla ibérica o una botella de buen rioja. Desde hace tres años, es una de las estrellas del Código Penal, tanto que ha pasado por una reforma legislativa para agravar su castigo: ahora, el que la hace, la paga con inhabilitación y pena de prisión. En marzo de 2009, cuando el juez Baltasar Garzón provocó uno de sus habituales golpes de efecto al aplicárselo a Francisco Camps, sólo llevaba aparejada una pequeña multa.

En el caso del entonces presidente valenciano, habría que añadir el 'sambenito' social que ha terminado poniendo fin (¿o no?) a su carrera política.

La paradoja es que, dos días después de la absolución de Camps, es ahora Garzón el que cae en las redes de su propia criatura. Un delito bumerán.

Viene al caso recordar el contenido del auto con el que el juez ahora suspendido, que instruía las primeras consecuencias de la 'operación Gürtel', consideró el 5 de marzo de 2009 que el entonces presidente valenciano había recibido trajes de regalo que constituían «sobornos en especie».

Garzón precisaba hasta el mínimo detalle de los trajes, así como «cinco pantalones, un cinturón de piel, una deportiva, una chaqueta austriaca, una americana 'sport', una deportiva 'barbour' y una 'chaqueta fantasía'», además de un «chaleco blanco» para una recepción en El Vaticano.

Un tercer testigo desmiente la versión de Manzano en el juicio del 11-M

2012-01-28T10:41:00.000-08:00

J. M. MADRID 28/01/2012 ESPAÑA/El Mundo

El director para Europa de la fábrica de explosivos niega que sus trabajadores informasen a los Tedax de que la dinamita de la Kangoo fuese Goma 2 Eco

El superior directo de los dos trabajadores de la compañía que fabrica la dinamita Goma 2 Eco que fueron convocados el 11-M por el imputado Juan Jesús Sánchez Manzano en el complejo policial de Canillas confirmó ayer ante la juez la misma versión que dieron aquéllos: al contrario de lo que afirmó el ex jefe de los Tedax ante el tribunal que juzgó la matanza, en esa cita no les enseñaron ningún cartucho de explosivo, sino sólo detonadores.

«¿Recibieron alguna información de los especialistas cuando llegan a Canillas sobre el cartucho?», preguntaron en el juicio los abogados de la AVT. «Confirmaron que era de su producción y que era Goma 2 Eco», fue la respuesta de Manzano.

Pues bien: según declararon hace dos semanas esos expertos, no fue así: sólo les mostraron detonadores. La persona que en el 11-M era director general para Europa de la compañía Maxam -entonces Unión Española de Explosivos- corroboró ayer ese testimonio. Dijo a la juez que, después de que sus dos especialistas regresasen aquel día de marzo de 2004 de su visita a la Policía, a él le comunicaron que les enseñaron detonadores, pero no un cartucho. Manzano está imputado por encubrimiento y omisión del deber de perseguir delitos, y también por falso testimonio en el juicio del 11-M.

El testigo de ayer confirmó asimismo, como había dicho uno de sus trabajadores, que la Policía les llamó por la mañana, lo que no encajaría con la hora en la que los Tedax dicen que hicieron el registro oficial a la furgoneta Kangoo (después de las 15.00 horas). En este punto, en todo caso, no fue demasiado claro. Lo que dijo el directivo de Maxam fue que a él le informaron de que habían decidido enviar a esos dos expertos cuando salió de una reunión «que había durado toda la mañana», según detallaron fuentes presentes en su declaración.

Ayer también testificó el director general de Ferrocarriles, Manuel Niño, que ocupaba ese cargo en 2004 y ha vuelto a ser nombrado para el mismo hace escasas fechas. Su comparecencia apenas se extendió cinco minutos: aseguró que la retirada y el desguace de los trenes del 11-M no tienen nada que ver con su competencia, por lo que nada sabe de ello.

El que falló fue el ex presidente de Renfe Miguel Corsini. Al parecer, el juzgado comunicó la citación a la compañía, que respondió que desconoce cómo localizarlo. Será convocado de nuevo para próximas fechas.

Además, la juez Coro Cillán ha aceptado para el miércoles que viene una batería de testimonios propuesta por Manos Limpias con el objeto de aclarar el destino de los trenes que explotaron el 11-M.

Manzano y su perito están imputados por posible destrucción de pruebas desde el verano de 2009, cuando la juez aceptó una querella de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M. El procedimiento está pendiente de un recurso de apelación de la defensa ante la Audiencia Provincial desde hace casi nueve meses. La Fiscalía se opone porque ve indicios de delito.

López ve a Rajoy «receptivo» ante la reinserción

2012-01-28T10:36:00.000-08:00

MARISA CRUZ MADRID

28/01/2012 ESPAÑA/El Mundo

El 'lehendakari' defiende la legalización de los herederos de la antigua Batasuna

Patxi López salió satisfecho de su primer encuentro en La Moncloa con Mariano Rajoy. El lehendakari aseguró haber encontrado a un presidente «receptivo» a sus planteamientos, esencialmente la necesidad de aplicar una nueva política penitenciaria encaminada a impulsar la reinserción de los presos etarras propiciando el acercamiento a sus lugares de residencia y favoreciendo la concesión del tercer grado a los penados gravemente enfermos.

López habló de sus impresiones que, a juzgar por la filosofía del encuentro que transmitió posteriormente La Moncloa, no se ajustan estrictamente a la posición del Ejecutivo.

«La postura del Gobierno y del partido que lo sustenta en relación con ETA es de sobra conocida», puntualizó un portavoz autorizado haciendo referencia a la firmeza de la que siempre ha hecho gala el PP a la hora de enarbolar el cumplimiento estricto de la ley y exigir como condición previa a cualquier gesto de flexibilidad, la petición de perdón individual por parte de los terroristas presos.

Patxi López aseguró incluso haber defendido ante Rajoy la conveniencia de conseguir la legalización de Sortu, heredera de la antigua Batasuna, porque en su opinión con ello simplemente se normalizaría una situación que ya es una realidad en las propias instituciones. Se refería así al hecho de que los representantes de la izquierda abertzale están ya sentados no sólo en los órganos de poder vascos sino también en el propio Congreso de los Diputados bajo la marca Amaiur.

La teoría del lehendakari es la de que dar cauce a estas demandas serviría para «forjar una nueva concordia ciudadana» en la que se «fueran recuperando para la democracia a quienes apoyaron a ETA».

El Gobierno vasco está decidido a trabajar en estos ámbitos de «reinserción» porque entiende que constituyen parte esencial de la «política de Estado necesaria para asentar la convivencia y conseguir definitivamente la libertad. Esta labor debe ser conjunta y colectiva».

En definitiva, el lehendakari desplegó ayer un discurso dirigido a «no permitir el victimismo» de quienes han amparado a los violentos y, en su opinión, eso se consigue arrebatándoles la bandera de los presos y la de la ilegalidad.

En su opinión, además, no cabe reclamar que se condene a ETA como requisito previo para la legalización de Sortu. «En ningún artículo de la Ley de Partidos se pone esta condición. En realidad es un requisito moral pero no legal», argumentó.

A este último planteamiento, el presidente del Gobierno respondió con un recordatorio: «No es competencia en ningún caso del Ejecutivo legalizar fuerzas políticas; este es un cometido exclusivo de la Justicia».

Este extremo fue reconocido por el lehendakari quien sin embargo insistió en su tesis: «Yo no soy fariseo. Si toda la vida les hemos pedido que rompan con la violencia, ¿por qué ahora cuando empiezan a hacerlo les ponemos todos los muros? Yo mantengo que cuanta más gente se integre en democracia mayor será la victoria de los demócratas».

Pese a estas discrepancias, Patxi López afirmó ante los periodistas estar convencido de que el Gobierno central «antes o después acabará aplicando una política penitenciaria nueva que no debería calificarse como de flexibilidad puesto que la reinserción está en la ley y en la Constitución».

Y cuando se le preguntó qué pasos está decidido a dar el Ejecutivo vasco para favorecer la reinserción de presos, respondió: «Estamos dispuestos a trabajar con el Gobierno de España para ver qué presos, cómo y en qué condiciones. No tienen por qué ser estas gestiones que salgan a la luz pública».

Sí añadió que, en ningún caso, el Gobierno vasco está dispuesto a conceder ayudas directas a los presos. «No tenemos ninguna intención de premiar a quien no se lo merece», explicó antes de precisar que, además, el primer paso en el camino de la reinserción corresponde darlo a los penados individualmente.

López y Rajoy también abordaron la difícil situación económica que padece España. Sobre este punto, el lehendakari pidió al presidente que defienda en Bruselas la necesidad de contar con una mayor flexibilidad a la hora de cumplir con el objetivo de reducción del déficit, así como la puesta en marcha de un plan de estímulos para impulsar el crecimiento y la creación de empleo.

UPyD dice que el dato obliga a pasar "de las declaraciones a las medidas valientes y efectivas"

2012-01-27T08:00:00.001-08:00

Economía/EPA

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, ha indicado que el dato de la Encuesta de Población Activa (EPA), que arroja 5,2 millones de parados en 2011, obliga a pasar "de las declaraciones a las medidas valientes y efectivas".

En un comunicado, Díez afirma que el dato conocido este viernes es la imagen "real y dramática" de las tres crisis que sufre España: la política, la económica y la social.

"El Gobierno debe actuar en defensa del interés general, por encima de los intereses particulares de sus baronías o sus expectativas electorales", indicó.

Según Díez, el control del gasto requiere tomar medidas "drásticas" de control previo en el conjunto de las administraciones públicas. "Dilatar las decisiones tendrá un coste de sufrimiento en los más débiles que no podemos permitirnos", concluyó.

UPyD dejará gobernar a la lista más votada en Andalucía

2012-01-27T07:44:00.001-08:00

róximas elecciones andaluzas

27 ENE 2012/La gaceta
El candidato de UPyD a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Martín de la Herrán, asegura no haber mantenido ningún contacto con PSOE o PP, pero en caso de que su formacion resultara decisiva, estarán condicionados que el partido en cuestión tuviera listas "limpias de imputados".
El candidato de UPyD a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Martín de la Herrán, ha asegurado que su formación respetará la voluntad ciudadana en las próximas elecciones autonómicas, que se celebrarán el 25 de marzo, por lo que no impedirán que gobierne la lista más votada. "Otra cosa es que la apoyemos", ha apostillado.

En una entrevista con Canal Sur Televisión recogida por Europa Press, De la Herrán ha afirmado que UPyD "no va a casarse" con ninguna formación y que las únicas condiciones para que pudiera producirse un pacto serían que se aceptara a nivel nacional la devolución al Estado de la competencias de educación y sanidad y la reforma de la Ley Electoral.

El candidato de UPyD, que ha asegurado que su formación no ha mantenido ningún contacto con PSOE o PP para hablar de pactos, en el caso de que UPyD resultara decisiva, ha apuntado también que cualquier pacto estaría condicionado a que el partido en cuestión tuviera listas "limpias de imputados".

"Nuestras condiciones están muy claras desde el principio y no vamos a cometer ninguna irresponsabilidad", ha apuntado De la Herrán, quien, preguntado sobre las últimas encuestas que dan representación a UPyD en el Parlamento andaluz, se ha mostrado convencido de que ello será posible, aunque ha querido ser "cauto" con las encuestas.

Asimismo, ha asegurado que UPyD ya se ha quitado "la etiqueta del partido de Rosa Díez" y que se ha convertido en una formación muy importante en Andalucía, habiendo logrado más de 200.000 votos en las pasadas elecciones generales. "El 20 por ciento de nuestros votantes son andaluces, por lo que esta comunidad es muy importante para el partido", ha añadido.

El candidato a la Presidencia de la Junta, que ha manifestado que el mensaje de la formación "va calando y gustando" en Andalucía, ha dicho que UPyD es un partido "progresista y liberal, con algunas actuaciones de izquierda y otras de derecha, es decir, sin etiquetas de un lado ni de otro".

Preguntado por el déficit de las comunidades, De la Herrán ha dicho que el control es importante, pero que no se puede paralizar la inversión "porque no se reactiva la economía". En relación a la situación de desempleo que vive Andalucía, ha abogado por la urgencia de una reforma laboral y por la puesta en marcha de un contrato laboral "único e indefinido".

La acusación pide a la juez del 11-M que investigue el vagón que ocultó el PSOE

2012-01-27T07:39:00.000-08:00

Solicita que Renfe facilite todos los datos sobre el traslado: 27 ENE 2012 | Javier Sedano. Madrid/La gaceta; Manos Limpias se basa en la revelación de LA GACETA para solicitar a Coro Cillán el inicio de diligencias. Pide que sobre el coche se realicen nuevas pruebas periciales.

El sindicato de funcionarios Manos Limpias, personado en la causa que la juez Coro Cillán mantiene abierta contra Sánchez Manzano, el que fuera responsable de los Tedax, ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid la práctica de nuevas diligencias sobre el vagón de la calle Téllez, superviviente de las explosiones y ocultado por el Gobierno socialista durante ocho años.

Hoy hace justo una semana que LA GACETA desvelaba la existencia del coche número 011R, que se mantenía escondido en el Taller Central de Reparaciones que Renfe tiene en Villaverde (Madrid) y donde se trasladó, escondiendo para siempre pruebas cruciales para el esclarecimiento de los atentados, entre ellas la fundamental: aclarar el componente del explosivo.
Manos Limpias solicita a Cillán que requiera a Renfe-Adif “toda la documentación existente sobre traslados, reparaciones y estancias en instalaciones de Renfe del vagón número 011R” componente del convoy de trenes que explotó en las inmediaciones de la calle Téllez el 11 de marzo de 2004 y del que, según los peritos químicos consultados por este periódico, pudieron extraerse en su día evidencias más que notables sobre las deflagraciones, especialmente si tenemos en cuenta que las pruebas presentadas durante el juicio (un total de 23 de las cientos que se recogieron en los focos) fueron consideradas por las partes insuficientes para dictaminar la autoría.

El escrito presentado por el sindicato de funcionarios forma parte del grueso de diligencias trasladadas al número 43 de Madrid con el objetivo de descubrir y averiguar el mayúsculo interrogante de quién ordenó destruir, desguazar y, en algún caso, reparar los trenes explosionados en esa mañana de 2004. Hasta la fecha no hay respuesta. El asunto quedó sin aclarar en el juicio de 2007 y aún persiste la duda sobre la autoría de tan trascendental orden, la que destruyó muchas de las pruebas.

Los abogados de Manos Limpias José Luis Abascal y Manuel Monfort consideran además que “a los efectos de preservar la práctica de posibles pruebas periciales a realizar sobre ese vagón” solicitan igualmente al Juzgado de Instrucción que “proceda al precinto, retención y conservación del vagón en el mismo lugar donde ha sido hallado de acuerdo a la Ley de Enjuiciamiento Criminal”. La Ley exige que los trenes se deberían haber conservado para que todas las partes hubieran realizado las pruebas periciales que consideraran oportunas. Algo que, evidentemente, no sucedió.

“Contaminado”
Lo cierto es, como constataron en estas mismas páginas peritos presentes en el juicio y Tedax de la Guardia Civil, que el vagón poco podrá aportar ya al Sumario que instruye Coro Cillán. Después de ocho años, según apuntaron, el coche está “muy contaminado y hoy en día no vale para nada”, a pesar de que en su momento, reiteraron, “pudo ser de gran valor”.
El vagón dañado en las explosiones se encontraba situado tras el primer coche explosionado y, por lo tanto, su proximidad a uno de los principales focos le hacía protagonista para la toma de muestras. Algo que no sucedió.

Zaragoza paga 64.795 euros a la mujer del vicealcalde

2012-01-27T07:21:00.000-08:00

27 ENE 2012 | Nazaret León/La gaceta
Fernando Gimeno, vicealcalde en el Ayuntamiento del socialista Juan Alberto Belloch, da un cargo de confianza a su mujer; Mercedes Gracia, como Directora de Comunicación en el Consistorio.
El vicealcalde socialista del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Gimeno, contrató en el pasado mes de julio a su mujer, Mercedes Gracia Alaz, como Directora de Comunicación; un puesto de confianza en el Consistorio que dirige Juan Alberto Belloch, que tiene una retribución de 64.795,50 euros, distribuido en 14 mensualidades y revisiones anuales.

Según el decreto del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se hace público el nombramiento, la empleada está obligada a dedicar íntegra y exclusivamente su actividad al desarrollo de las funciones establecidas.

La única "verificación" sobre ETA es la de las fuerzas de seguridad

2012-01-27T07:17:00.000-08:00

El Gobierno, contundente: 27 ENE 2012/La gaceta; Saénz de Santamaría, ha asegurado que "lo único que le importa al Gobierno" es "la verificación" que realizan las fuerzas y cuerpos policiales para detener terroristas e impedir que la banda continúe con su actividad.

López se relaciona con los mediadores aliados de Batasuna que hablan con ETA

El PNV de San Sebastián lleva al Pleno una declaración en memoria del fundador de ETA 'Txillardegi'

La vicepresidenta del Gobierno ha respondido así en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros a las declaraciones de los seis miembros del grupo de "verificadores" internacionales del alto el fuego de ETA que aseguraron ayer que la banda armada les ha confirmado que está comprometida con el cese de su actividad y de no cometer ningún acto terrorista.

"En el asunto de la verificación, para nosotros el objetivo final es que ETA deje las armas, que se disuelva como organización terrorista, que ETA desaparezca del panorama para siempre", ha dicho la vicepresidenta.

Mientras la banda no deje de existir, para el Gobierno, ha subrayado Saénz de Santamaría, "lo único que importa es la actividad que llevan a cabo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado".

Sobre la reunión que esta tarde mantendrá el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con el lehendakari Patxi López, la vicepresidenta ha asegurado que Rajoy trasladará a López "lo mismo" que ya le ha trasladado a la sociedad: "que el Estado de derecho sigue vigentes y que todas las leyes, incluida la legislación penitenciaria, deben aplicarse".

El responsable de los ERE declara que sus decisiones eran «compartidas»

2012-01-27T07:01:00.000-08:00

TORRES A. SALVADOR SEVILLA

27/01/2012 PORTADA/El Mundo

El alto cargo del que dependía el fondo de reptiles de la Junta de Andalucía declaró ayer ante la Guardia Civil que nunca tomó «decisiones personales» sino «codecisiones compartidas» en el reparto de ayudas y prejubilaciones.

Javier Guerrero, ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía de septiembre de 1999 a abril de 2008, compareció por segunda vez ante los investigadores del caso, puesto que en diciembre de 2010 ya lo hizo ante la Unidad de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía, donde reveló que el dinero para las prejubilaciones era un fondo de reptiles.

Al igual que ha venido manteniendo desde entonces, ayer señaló que las ayudas que su departamento pagó a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA, hoy Agencia Idea) fueron siempre «codecisiones compartidas», según informa Europa Press.

Según señaló, las ayudas que él autorizó recibieron después la aprobación del consejo rector del IFA o la Agencia Idea, por lo que apunta directamente a los ex consejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, presentes en dicho órgano.

Si hace 13 meses, en su declaración ante la Policía Nacional, Guerrero definió el programa presupuestario 31L de la Consejería de Empleo como un «fondo de reptiles para empresas en crisis», ayer fue algo más concreto al señalar que su misión consistió en «dar cumplimiento a un mandato» para garantizar «la paz social».

Este periódico ya publicó un documento interno de la Consejería de Empleo en el que se aludía a la necesidad de ampliar las cuantías del fondo de reptiles para poder garantizar esa paz social en Andalucía. En la práctica, se trataba de apaciguar a los trabajadores y sindicatos con prejubilaciones que se concedían sin control.

Guerrero estuvo declarando durante seis horas, desde las 9.30 hasta las 15.30 horas, aproximadamente, ante la Guardia Civil del cuartel de Eritaña, según señalaron a este periódico fuentes del caso. Es la primera vez que el Instituto Armado le toma declaración desde que el pasado mes de junio se hizo cargo de la investigación, tras la decisión de la juez instructora del caso, Mercedes Alaya, de relevar a la Policía Nacional.

Esta declaración se produce después de que el chófer de Guerrero en la Consejería de Empleo, Juan Francisco Trujillo, declarase ante la Policía Nacional en la localidad jienense de Andújar que creó dos empresas fantasmas a las que su antiguo jefe concedió 900.000 euros en ayudas y que destinaron la «mayor parte» del dinero a «comprar cocaína» y a «ir de fiesta y copas».

No obstante, la comparecencia de ayer de Guerrero ante la Guardia Civil habría tratado exclusivamente sobre la concesión de ayudas directas a empresas y el pago de prejubilaciones con cargo a ese fondo de reptiles. De algunas de ellas se beneficiaron como falsos ex trabajadores militantes y ex cargos públicos socialistas y amigos o familiares de dirigentes del PSOE como el propio Guerrero o el ex delegado provincial de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas.

La trama de los ERE está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. La juez Mercedes Alaya investiga una supuesta trama de tráfico de influencias, organizada para saquear los fondos públicos de la Junta de Andalucía mediante el pago de ayudas a empresas supuestamente en crisis.

El modus operandi consistía en conceder ayudas a empresas, bien para planes de viabilidad o proyectos concretos, bien para pagar las prejubilaciones de sus empleados. Además de haber concedido estas ayudas al margen de la ley y «prescindiendo total y absolutamente del procedimiento administrativo establecido», según recalcó la propia Intervención General de Hacienda de la Junta de Andalucía en informes sucesivos que no fueron atendidos, muchos de los proyectos subvencionados nunca se realizaron o las empresas, incluso, ni siquiera llegaron a operar. En cambio, la Junta de Andalucía nunca les reclamó el dinero.

27/01/2012 ESPAÑA

La Fiscalía e Iván Chaves

>La Fiscalía ha pedido el archivo de la denuncia presentada por Iván Chaves Iborra, hijo del ex presidente de la Junta Manuel Chaves, por el supuesto robo de documentos en su despacho, aunque deja abierta la posibilidad de investigar en otra causa si aparecen nuevos indicios.

En un escrito dirigido al juzgado, la Fiscalía dice que la investigación muestra que la denuncia de Chaves Iborra «obedecía a la realidad», si bien no han aparecido «indicios razonables» para imputar al periodista Melchor Miralles su participación

Cillán cita al ex presidente de Renfe por la destrucción de trenes el 11-M

2012-01-26T12:47:00.000-08:00

JOAQUÍN MANSO MADRID

26/01/2012 PORTADA/El Mundo

La juez Coro Cillán, que instruye el procedimiento por posible destrucción de pruebas en la investigación del 11-M, ha citado para que declaren mañana mismo como testigos al presidente de Renfe en 2004, Miguel Corsini, y al actual director general de Ferrocarriles.

Manuel Niño ocupaba ese puesto en 2004, pero se da la circunstancia de que ha sido nombrado recientemente por la ministra de Fomento, Ana Pastor, para el mismo alto cargo en el Gobierno de Mariano Rajoy.

En una providencia que fue notificada ayer a las partes, la juez Coro Cillán emplaza asimismo para mañana «a quien fuera director general en Europa de la mercantil Maxam Europe» en el 11-M. Se trata de la empresa que fabrica la dinamita de la marca Goma 2 Eco, la que según la sentencia estalló en los trenes. Esa sociedad tenía en 2004 la denominación Unión Española de Explosivos. Dos de sus trabajadores que horas después del atentado se reunieron con agentes de los Tedax testificaron hace dos semanas y desmintieron que, en aquella cita, nadie les enseñase el cartucho que apareció en la furgoneta Renault Kangoo en la que se desplazaron los terroristas hasta Alcalá de Henares. El principal imputado, el ex jefe de los Tedax Juan Jesús Sánchez Manzano, dijo ante el tribunal del 11-M exactamente lo contrario.

Estas próximas diligencias se unen a las que lleva practicando la juez en las últimas semanas a instancias del abogado de Manos Limpias para averiguar de quién partió la orden para retirar de las vías y desguazar los trenes del 11-M, ya que en el sumario no consta que existiese autorización judicial del instructor de la matanza, Juan del Olmo. El Tribunal Supremo calificó en su sentencia la destrucción de los vagones como «sorprendente» y «apresurada» porque «impidió su estudio en profundidad». Se trata de piezas de convicción y la ley obligaría a conservarlos.

El sumario sí recoge desde 2004 qué vagones fueron destruidos: todos los que explosionaron y podían acoger restos de dinamita, con la excepción del que estalló en Santa Eugenia, que fue reparado y reutilizado. Los que no sufrieron las explosiones se mantuvieron operativos, en su mayoría, o se almacenaron para aprovechar algunas piezas.

El pasado viernes, la juez tomó declaración a dos directivos de Renfe y a otros tres de empresas filiales que participaron en la retirada y destrucción de los trenes.

Principalmente, el director general de Emfesa en 2004, Fernando Iñiguez, identificó al director general de Mantenimiento Integral de Renfe, Ángel Olaiz, como la persona que le llamó a las 16.00 horas del 12 de marzo para informarle de que «ya había autorización» de Del Olmo, y de que, por tanto, podía proceder a retirar y desguazar el tren que estalló a la altura de la calle de Téllez. Según esa declaración, el juez estuvo esos días en contacto directo a ese respecto con José Luis Marroquín, director de la asesoría jurídica de Renfe, nombrado por el ministro Rafael Arias Salgado y que era, y sigue siendo, secretario del Consejo de Administración de la compañía.

El testigo afirmó que, ya a las 11.00 horas del 11-M, Olaiz le llamó para encargarle ese trabajo y, a las 14.00 horas, cuando él comunicó que efectivamente podía llevarlo a cabo, «le dijeron que lo prioritario era la celeridad, había que despejar las vías, que esperara a la autorización cuando se la diera el juez [Del Olmo], que estaba en permanente contacto con el representante legal, José Luis Marroquín». El númerodos de la Policía en 2004, Pedro Díaz Pintado, también testificó en su día que la autorización de Del Olmo existe. Pero no está en el sumario.

Otro de los testigos de la semana pasada confirmó asimismo una reunión de los altos responsables de Renfe y el Ministerio de Fomento a primera hora del 11-M en Atocha.

Rajoy 'tumbará' el decálogo de López

2012-01-26T12:43:00.000-08:00

JAVIER G. NEGRE BILBAO

26/01/2012 ESPAÑA/El Mundo

Rajoy no aceptará el regalo que le ofrecerá el 'lehendakari' mañana, viernes, en su primera visita oficial a La Moncloa tras el 20-N: un decálogo que aboga por el acercamiento de presos de ETA y la legalización de todas las opciones políticas. La hoja de ruta, más propia de posturas cercanas a la izquierda 'abertzale' y de su marca Bildu, será rechazada de plano por el presidente del Gobierno, que le subrayará que su «objetivo primordial es la disolución incondicional de ETA» y no la política penitenciaria, según fuentes cercanas al Gobierno.

El líder del Ejecutivo no entrará en contradicciones con su ministro del Interior. Aprovechará su primer cara a cara con López para subrayar que su Gobierno «cumplirá con la ley» y que no variará ni un ápice la política penitenciaria «hasta que ETA se disuelva y entregue las armas», tal y como le expuso Jorge Fernández Díaz al consejero de Interior vasco, Rodolfo Ares, el pasado martes.

Entretanto, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, recibió ayer a la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, que le transmitió que «las víctimas han sufrido un retroceso enorme de dolor» con la entrada de Bildu y Amaiur en las instituciones, informa Europa Press.

DNIs de ‘última generación’ en manos de los etarras detenidos en Francia. El aparato logístico de ETA se mantiene en plena actividad a pesar del “cese

2012-01-25T13:39:00.000-08:00

25 de enero del 2012

ACTUALIZADO A LAS 14:01/ECD

DNIs de ‘última generación’ en manos de los etarras detenidos en Francia. El aparato logístico de ETA se mantiene en plena actividad a pesar del “cese definitivo” de la violencia

Alerta en los servicios de información antiterrorista por el material decomisado a los tres etarras detenidos en Francia la pasada semana. Además de los componentes para fabricar explosivos, se hallaron documentos de identidad de reciente fabricación, lo que indica que el aparato logístico de ETA sigue activo.

Según ha sabido El Confidencial Digital, Íñigo Sancho Marco, Jon Etxeberria Oiarbide y Rubén Rivero Campo llevaban consigo DNIs, pasaportes españoles y cartas de identidad francesas, que habían sido falsificados recientemente por la banda terrorista.

Las fuentes consultadas por este diario explican que “se trata de documentación moderna, con todos los nuevos estándares europeos de seguridad. Los DNIs eran electrónicos, con el chip a la izquierda y la foto en blanco y negro a la derecha, algo poco usual en ETA”.

Así lo han confirmado los agentes franceses que están realizando el informe de documentoscopia, que apuntan a la utilización de máquinas capacitadas para imprimir plástico que fueron robadas el pasado verano, antes del anuncio del “cese definitivo” de la violencia.

También llevaban pistolas robadas en Francia

Voces autorizadas de la lucha antiterrorista explican a ECD que los tres terroristas detenidos llevaban también revólveres Smith and Wesson, robados en Francia hace cinco años.

De fabricación norteamericana, se consideran modelos de élite. La banda posee 200 unidades, de las cuales sólo se habían requisado, hasta la semana pasada, dos: las de Igor Portu y Mattin Sarasola, detenidos por participar en el atentado de la terminal 4 del aeropuerto de Barajas, en diciembre de 2006.

El cerco a los terroristas continúa

A la detención de Íñigo Sancho Marco, Jon Etxeberria Oiarbide y Rubén Rivero Campo de la semana pasada se ha sumado este miércoles la captura de Ernesto Prat Urkainzi en la localidad francesa de Urrugne.

Huido de la justicia española desde el año 2008, el etarra estaba en la lista de los terroristas más buscados elaborada por la Guardia Civil.

Fue militante del partido ilegalizado ANV y es hermano de Roberto Prat Urzainki, elegido en las pasadas elecciones municipales del 22 de mayo como concejal de Bildu en el municipio pamplonés de Berriozar.

UPN pide que los 'exiliados' vascos y navarros voten

2012-01-25T13:21:00.000-08:00

CARMEN REMÍREZ DE GANUZA MADRID

25/01/2012 ESPAÑA/El Mundo

Se adelanta al PP y registra una iniciativa para que sea reformada la Ley Electoral

Unión del Pueblo Navarro (UPN) se ha adelantado al PP en su propósito de restituir los derechos políticos de los ciudadanos vascos -y, en particular, navarros- que tuvieron que abandonar su tierra e instalarse en otros lugares de España a causa de la presión de ETA y de «su entorno».

A la espera de que los populares ultimen una propuesta en este mismo sentido de la mano del diputado vasco Leopoldo Barreda, y aún de que debatan previamente sobre ella en el marco de la ponencia política del próximo congreso del PP de febrero, el diputado del Grupo Mixto Carlos Salvador ha registrado al efecto una iniciativa en el Congreso.

Con su proposición no de ley, los foralistas navarros pretenden que la Cámara inste al Gobierno «a impulsar, con el mayor consenso posible de las fuerzas políticas con representación parlamentaria, la reforma necesaria de la regulación electoral con el objeto de garantizar que las personas que han tenido que marcharse del País Vasco y Navarra a causa de las presiones terroristas y su entorno puedan ejercer su derecho a voto en dichos territorios».

En realidad, no es la primera vez que UPN ha abogado por que vascos y navarros forzados en su día a abandonar su residencia natal participen con su voto en las eleciones forales y autonómicas. Mucho menos cabe decir que su iniciativa de esta semana constituye una copia de la anunciada por el PP sino, tal vez, una manera de animar al actual partido de Gobierno a concretarla.

Y es que ya en junio del año pasado, con ocasión del último Debate sobre el Estado de la Nación de la pasada legislatura, Salvador registró una propuesta de resolución para garantizar los derechos y libertades en País Vasco y Navarra, que instaba al Gobierno de Zapatero a articular un mecanismo que permitiera votar a los exiliados «sin perjuicio del mantenimiento de su actual domicilio y de la confidencialidad del mismo». La propuesta no fue apoyada por los demás grupos.

La formación que lidera la propia presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, no ha hecho cálculos sobre el número de nuevos electores que propiciaría esta reforma. De hecho, y según reconocía días atrás a este diario el popular Barreda, la principal dificultad que presenta esta iniciativa parlamentaria es «objetivar» los supuestos.

No obstante, en su exposición de motivos, la PNL recién registrada afirma que «son muchos los vascos y los navarros, pueden cifrarse en miles, los ciudadanos anónimos que han tenido que reiniciar sus vidas fuera de estas tierras». «Han intentado con ello», añade el texto, «ocultar sus vidas y patrimonios de las garras de la extorsión a costa de su libertad, y por tanto, de romper sus lazos con su comunidad, sus gentes, sus raíces y su cultura».

En declaraciones a este diario, Salvador definía ayer su pretendida reforma como una «obligación democrática» y una «exigencia de justicia electoral». Algo sobre lo que parece existir una plena coincidencia con el PP y que ayer le animaba a añadir: «Espero que el PP apoye este acto de reparación y de democracia real».

Claro que lo abultado de los escaños del Grupo Mixto, al que pertenece el representante de UPN, retrasará su debate, bien en comisión, bien en Pleno; en el mejor de los casos, hasta el mes de marzo.

Y en todo caso, está por ver si los populares apoyan ahora algunos de los clásicos enunciados de la PNL navarra: «No debemos olvidar», reza la misma exposición de motivos en alusión a la izquierda abertzale ahora legalizada, «que todo esto ha ocurrido precisamente bajo la atenta mirada de quienes, habiendo provocado su marcha, se han visto automáticamente beneficiados. Éstos, sin reserva moral alguna, han ocupado el hueco social, político y económico que aquéllos han dejado».

«Llama la atención», sigue denunciando el escrito, «que aquéllos que han alentado durante décadas el éxodo de tantos no nacionalistas no reclamen la vuelta de los que tuvieron que marcharse por meras razones políticas (pensar diferente) para participar en este actual nuevo y esperanzador periodo de paz y libertad».

Por supuesto, los foralistas navarros puntualizan que «las razones por las que tuvieron que irse tantas personas del País Vasco y Navarra persisten, porque la banda criminal ETA no ha entregado las armas». La «intimidación», insisten, sigue viva.

M. M. MADRID

25/01/2012 ESPAÑA

«Abascal pim, pam, pum»

El ex edil del PP en Llodio (Álava) Santiago Abascal recordó ayer ante un tribunal de la Audiencia Nacional que los simpatizantes de Batasuna que le golpearon y escupieron en la sesión constitutiva del Ayuntamiento, en junio de 2003, también le amenazaron de muerte. «Abascal pim, pam, pum», le gritó uno de los agresores, declaró ante la Sala. Según informa Europa Press, Abascal aseguró que fue víctima de «violentísimas agresiones», e insinuó que los acusados están relacionados con ETA. «ETA es más que una organización terrorista con armas, es una especie de mafia que intenta entrar en la sociedad a través de otras asociaciones», dijo. También se emitieron ayer los vídeos de los incidentes, que muestran a los ediles del PP acosados por simpatizantes de una candidatura ilegalizada. Diecinueve de ellos están siendo juzgados

UPyD dice que la labor de las fuerzas de seguridad estatales en Euskadi "ha sido, es y seguirá siendo indispensable"

2012-01-24T16:00:00.001-08:00

Foto: EUROPA PRESS

Denuncia el "falso debate" que "cuestiona" la presencia de la Guardia Civil y la Policía Nacional en el País Vasco

VITORIA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de UPyD en el Parlamento vasco, Gorka Maneiro, ha denunciado el "falso debate impulsado por el PNV para cuestionar la presencia de los cuerpos de seguridad del Estado en Euskadi", y ha asegurado que la labor de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en el País Vasco "ha sido, es y seguirá siendo indispensable".

Maneiro ha calificado de "extraordinaria" la tarea desarrollada por las fuerzas de seguridad estatales en el País Vasco, según ha informado UPyD en un comunicado.

En este sentido, ha considerado que la labor de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en Euskadi "ha sido, es y seguirá siendo indispensable". Maneiro ha justificado sus palabras por el hecho de que ETA "no ha desaparecido y sigue viva".

A su vez, el parlamentario de UPyD ha añadido que "Euskadi forma parte de España, así como que tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional "tienen trabajo en esta tierra, que es también la suya".

SACRIFICIO EXTRAORDINARIO

Asimismo, Maneiro ha manifestado que "el sacrificio de estos Cuerpos en el País Vasco por defender la democracia y luchar contra el terrorismo de ETA ha sido y es extraordinario, inolvidable para una inmensa mayoría de vascos".

Además, ha afirmado que, junto con la Ertzaintza, las fuerzas estatales realizan una labor "extraordinaria" para defender las libertades y el Estado de Derecho.

"Y seguirá siendo extraordinaria en el futuro, por mucho que el nacionalismo pretenda poner en cuestión lo que es incuestionable", ha concluido el portavoz de UPyD.

¿A qué espera Mariano Rajoy para protegernos?

2012-01-24T15:51:00.000-08:00

24 de Enero de 2012 - 10:06:35 - Luis del Pino/Liberta digital

Etarras armados detenidos en Francia.

Vivas a ETA e insultos a miembros de la Guardia Civil y al propio tribunal en la Audiencia Nacional, durante el juicio a tres etarras.

Pancartas en favor de los asesinos de ETA durante las fiestas municipales en el ayuntamiento de San Sebastián.

El propio Ministro de Interior afirma que ETA está extorsionando a comerciantes y reconstruyendo su aparato de logística...

¿Qué más le hace falta al gobierno del PP, que cuenta con mayoría absoluta, para tomar todas las medidas legales necesarias para expulsar de inmediato al brazo político de ETA de las instituciones?

Yo no sé si el Ministro de Interior se habrá dado cuenta de la gravedad de lo que ha dicho: si ETA está reconstruyendo su aparato de logística, entonces es obligado cortar de inmediato cualquier vía de financiación que pueda tener. Y la principal vía de financiación de la banda es, en estos momentos, nuestro propio dinero: el dinero público que el entorno proetarra maneja a través de ayuntamientos y diputaciones.

¿Hay algún kafkiano motivo que exija que seamos nosotros mismos los que financiemos, con nuestros propios impuestos, la reorganización de la banda que practica el terror contra nosotros?

Permítanme, ya que estamos, otra pregunta relacionada. En mayo del año pasado, el gobierno del PSOE estableció un convenio entre la Diputación de Guipúzcoa (cuando ya se sabía que iba a estar controlada por Bildu) y la Administración Tributaria del Estado, de modo que la diputación guipuzcoana pueda acceder a los datos fiscales de los españoles.

El propio Partido Popular manifestó su preocupación porque ese enlace de datos podría ser usado Bildu. "Lo que se pensó como un instrumento de incremento de colaboración en la lucha contra el fraude puede poner en manos de una organización como Bildu datos de todos los españoles", dijo el actual portavoz popular Alfonso Alonso.

¿Ha informado ya el Ministro de Interior al Ministro de Hacienda de que ETA está reorganizando su logística, para que Hacienda corte de inmediato ese acceso de la Diputación de Guipúzcoa a los datos de los españoles?

¿O se va a seguir permitiendo que esa Diputación controlada por los proetarras acceda a nuestros datos, aún sabiendo que ETA se reorganiza? ¿Se va a seguir permitiendo que ETA consiga datos de potenciales objetivos para sus campañas de extorsión o de terror?

¿A qué espera el gobierno del PP para expulsar a Bildu/Amaiur de ayuntamientos y diputaciones, impidiéndoles así acceder a los datos censales y tributarios de los vascos?

¿A qué espera para acabar con las fuentes de financiación de ETA, ilegalizando inmediatamente a su brazo político e impidiéndole manejar presupuestos públicos?

¿A qué espera el gobierno de Mariano Rajoy para tomar todas las medidas necesarias para protegernos?

Expertos aseguran que el vagón ocultado por el Gobierno socialista tenía pruebas del 11-M

2012-01-24T15:45:00.001-08:00

"En un foco se encuentra siempre algo", dice un Tedax

24 ENE 2012 | Javier Sedano y Rodrigo Gavilán/La gaceta
Es imposible, dicen, que no fuese impregnado con explosivo. Alfonso Vega, perito jefe de la Policía Científica, afirmó durante el juicio que todos los coches estaban fundidos.
“Hoy en día el vagón no vale para nada, pero en su momento pudo ser de gran valor”. Ocho años después de la mayor matanza terrorista ocurrida en la historia de España, la mayor parte de las pruebas han desparecido para siempre: unas han quedado en el olvido, otras –intencionadamente o no– fueron destruidas y algunas fueron escondidas, como el vagón de la calle Téllez, del que nada se sabía hasta que el pasado sábado LA GACETA revelaba su existencia, semidestruido y ocultado por Fomento en el Taller Central de Reparaciones que Renfe tiene en Villaverde (Madrid).

Carlos Romero Batallán, perito químico durante el juicio del 11-M, asegura que el coche 011R, localizado hace unos días, albergó con toda seguridad componentes de la explosión. El vagón, dañado en el atentado del 11 de marzo de 2004, se encontraba situado en medio de las cuatro deflagraciones que acontecieron en la calle Téllez, en concreto se encontraba tras el primer vagón explosionado y, por lo tanto, su proximidad a uno de los principales focos le hacía protagonista para la recogida de muestras. Nunca fue así.

“La onda expansiva arrastra los componentes de la explosión que con toda seguridad impregnaron sillas, tapicería, ventanas, fuselaje, etc., los llamados elementos absorbentes”.

Lo indignante del caso es que durante el juicio, presidido por Gómez Bermúdez, y dada la escasez de muestras (23 de los cientos de señales que se recogieron en un principio) que finalmente fueron aceptadas, el perito preguntó por la existencia de más focos y la ubicación de los trenes retirados. Se le dijo que todos habían sido fundidos en los Altos Hornos de Vizcaya. Todos, menos uno.

“Salvo una –el polvo capturado de uno de los extintores–, el resto de muestras presentadas estaban lavadas, incluso solicité la aguas para analizarlas. Estaban destruidas. Como alternativa pregunté en repetidas ocasiones por la existencia y ubicación del resto de trenes. Me dijeron que todos estaban fundidos. Me lo comunicó el que fuera perito jefe de la Policía Científica durante el juicio, Alfonso Vega”, asegura Romero Batallán, uno de los tres peritos propuestos por la defensa a instancias de la Audiencia Nacional. “El 11-M ha sido la mayor frustración técnica de mi carrera porque la verdad nunca triunfó” confiesa el perito, quien, además, muestra su profunda indignación por la aparición de este vagón, tapado durante tantos años y del que hasta ahora se negaba su existencia.

“Incompetencia”
Un Tedax de la Guardia Civil, profundo conocedor del caso y uno de los mayores expertos en explosivos de la Guardia Civil, confirma también que de haberse analizado conveniente el vagón “hubiese aportado muchísimos datos”. “En un foco de explosión siempre se encuentra algo, lo que demostraron los destinados a las zonas fue una incompetencia total, un puro despropósito”. En definitiva, una de las tantas y tantas irregularidades que acontecieron durante esos días.

Lo cierto, dado el paso del tiempo, es que ya no se podrá rescatar vestigio alguno fiable del coche, de uno de los coches destruidos y resucitado.

Los asesinos de Puelles y el público expulsados entre vivas a ETA

2012-01-24T15:17:00.000-08:00

MANUEL MARRACO MADRID

24/01/2012 ESPAÑA/El Mundo

En otro juicio, los acusados culpan a escoltas del PP de haber provocado los disturbios

El «cese definitivo» de actividades no alcanza al sótano primero de la Audiencia Nacional. Ayer, el presunto etarra del comando Otazua Daniel Pastor hizo todo lo que se puede hacer cuando ya estás en el banquillo y custodiado por cuatro policías: insultar, resistirse a ser expulsado y gritar vivas a la banda. La actuación de Pastor contagió a sus compañeros de banquillo Iñigo Zapirain y Beatriz Etxebarria, y acabó soliviantando al público que les apoyaba al otro lado del cristal blindado.

Los etarras, detenidos en marzo del año pasado, se sientan en el banquillo por colocar una bomba lapa al escolta Juan Carlos Domingo Galíndez, que resultó gravemente herido. El mismo método que también les llevará a juicio por el asesinato del policía Eduardo Puelles.

Antes de que le tocara decir si iba a responder a las preguntas, Pastor se puso a llamar «fascista» y «torturador» al tribunal, lo que le valió que el fiscal Jesús Santos solicitara una deducción de testimonio. El tribunal, presidido por la magistrada Teresa Palacios, aceptó sobre la marcha remitir información de lo sucedido a un juzgado ordinario.

El juicio discurrió por cauces más tranquilos hasta que concluyó la declaración de un guardia civil que afirmó que los detenidos habían declarado sin ninguna coacción. «¡Torturador!», soltó de nuevo Pastor, que tras su arresto había denunciado torturas. La presidenta le chistó y le advirtió de que si seguía así lo mandaría al habitáculo blindado. Él siguió -«me dais asco»; «con las esposas no me vais a callar»-, ella ordenó que se lo llevaran y los acontecimientos se precipitaron. Zapirain y Etxebarria se sumaron a las protestas y Palacios acabó pidiendo refuerzos para llevarse a los tres: «Traigan más personal, por favor».

Entonces se abrió otro frente de protestas entre el público. La presidenta ordenó que los alborotadores salieran de la sala y ellos respondieron gritando a pleno pulmón «Jotake», «Gora Euskadi Askatuta» y otras expresiones de ánimo, según informa Efe. Pastor les acompañó con un sonoro «gora ETA» antes de salir junto con sus presuntos compañeros de comando camino del calabozo.

Los tres pasaron allí el resto del juicio. Sólo volvieron, de uno en uno, para el turno de última palabra. O ya se les había pasado el enfado o es que ya no había público, pero el caso es que no dijeron nada.

Momentos antes, el fiscal Jesús Santos había reclamado al tribunal que les condenara a 55 años de prisión por dos tentativas de asesinato y un delito de lesiones. Aquel 8 de octubre de 2007, en Bilbao, sólo cogió el coche el escolta, ya que el edil socialista al que protegía estaba de vacaciones. Pese a ello, el Ministerio Público acusa por dos intentos de asesinato al considerar que el objetivo del comando eran el edil y su escolta.

La bomba lapa fue colocada bajo el asiento trasero derecho por un doble motivo, según el fiscal. Que afectara de lleno al pasajero y que alcanzara el depósito de gasolina.

También acusa la AVT, cuya abogada, Carmen Ladrón de Guevara, explicó que se querellarán contra los etarras por los vivas a ETA.

Mientras los incidentes se sucedían en la sala blindada, en el piso de arriba se sentaban en el banquillo 18 acusados de impedir la toma de posesión del Ayuntamiento de Llodio (Álava) en junio de 2004, tras la anulación de una candidatura abertzale.

El fiscal Miguel Ángel Carballo pide para cada uno tres años de cárcel por coacciones terroristas. De acuerdo con su acusación, el 14 de junio de 2003 los acusados se concentraron «con la intención de impedir la toma de posesión» de los nuevos ediles, que acabó celebrándose en otro lugar. Para ello, los acusados «no dudaron en escupir, insultar a grandes gritos, amenazar, hacer sonar silbatos», según el fiscal. Hubo «empujones y agresiones», y los concejales y otros miembros del PP «debieron abandonar el salón con la protección de sus escoltas».

Ayer, la tesis de la mayor parte de los acusados fue que el detonante de los incidentes fue la actitud de los escoltas de los ediles del PP, que entraron «a golpes» en el salón de plenos, donde ellos sólo querían mostrar su rechazo a la anulación de la otra candidatura.

La causa ha pasado nueve años entre archivos y conflictos de competencia antes de acabar en la Audiencia Nacional. Acusados y Fiscalía habían previsto la posibilidad de llegar a un acuerdo de conformidad. No salió adelante por la negativa de la acusación ejercida por los miembros del PP, que reclaman condenas de hasta seis años de prisión.

24/01/2012 ESPAÑA

Dinero para el 'aparato logístico'

El ministro Jorge Fernández Díaz reveló ayer que el entorno de ETA está exigiendo a los comerciantes vascos dinero para el entramado etarra con el fin de que la banda tenga medios para reconstruir su 'aparato logístico'. El titular de Interior sostiene que la organización pretende mantener esta rama de sus actividades en «estado latente» y que, prueba de ello, es también el hecho de que los últimos etarras detenidos llevaran armas y material para fabricar bombas. «Hay que estar vigilantes», concluyó

J. M. A. SAN SEBASTIÁN

24/01/2012 ESPAÑA

LAS INICIATIVAS DE LA IZQUIERDA 'ABERTZALE' RADICAL

Amenazan con dejar solo a Bildu en Donostia 2016

La oposición en el Ayuntamiento de San Sebastián advirtió ayer al alcalde, Juan Karlos Izagirre (Bildu), que retirará el apoyo unánime dado hasta ahora a la Capitalidad Cultural Europea 2016 si decide imponer unilateralmente su organigrama, que incluye la incorporación del 'bertsolari' Jon Maia como asesor para el desarrollo territorial del proyecto. Los grupos, que ya se oponían a que se creara este puesto, se mostraron aún más críticos (sobre todo el PP y el PSE) sobre la figura de una persona «tan marcada políticamente» hacia la izquierda 'abertzale' y que participa en actos de apoyo a los presos de ETA. La oposición afirmó que la «forma de hacer» del alcalde rompe con el compromiso del «máximo consenso», entre otras cosas por los nombramientos. Así, censuraron que su prioridad es cubrir puestos con gente 'abertzale'

J. M. A. SAN SEBASTIÁN

24/01/2012 ESPAÑA

El alcalde izó la ikurriña durante la tamborrada

El PP de San Sebastián censuró ayer la «indigna» imagen que dio el alcalde, Juan Karlos Izagirre, durante la tamborrada al «manipular» las fiestas, que se convirtieron en un acto de «propaganda» radical. A su conocida decisión de reservar la primera planta a familiares de presos de ETA e invitados 'abertzales' para que colocasen banderas de los reclusos, lo que supone una «humillación a las víctimas del terrorismo», se suma ahora la denuncia de que miembros del Gobierno de Bildu izaron la 'ikurriña' desde un balcón colindante al principal al tiempo que Izagirre cumplía con la tradición de izar la bandera de la ciudad. Esta medida supone una «ilegalidad manifiesta» y un acto «inadmisible» por la «politización» festiva. A este respecto, el PSE ha propuesto elaborar unas «normas básicas» para el desarrollo de los actos

VITORIA

24/01/2012 ESPAÑA

Álava, obligada a quitar el cartel contra ETA

PNV, Bildu y EB acordaron ayer en las Juntas Generales de Álava solicitar a la Diputación que retire los carteles en contra de ETA instalados en la fachada de las oficinas forales. La propuesta recibió el voto en contra del PP -partido que gobierna en minoría- y del PSE. EB registró esta propuesta el pasado 7 de noviembre de 2011, dos semanas después de que ETA anunciara el cese definitivo de su actividad terrorista. Ya antes, el 27 de octubre, la Diputación de Vizcaya, controlada por el PNV, retiró una pancarta similar con el lema 'Bakea behar dugu. Necesitamos la paz', que llevaba instalada en la fachada del edificio foral desde 1997.

PNV, Bildu y EB creen que quitar el cartel en Álava es un «gesto» para «caminar hacia la normalización política» en el País Vasco, informa Europa Press

La verdad sobre el magnicidio de Carrero Blanco, al descubierto: Juicio de los autores del atentado (6 de 7)

2012-01-23T12:48:00.001-08:00

Alerta digital

El 21 de diciembre de 1978, el Renault-5 de color naranja que utilizaba Argala para moverse por el sur de Francia voló por los aires. El etarra murió en el acto tras hacer explosión la carga de dinamita.

José María Manrique/Matías Ros (Autores del libro ‘El magnicidio de Carrero Blanco’).- Inexperiencia etarra unida a una precisión y sofisticación notables, junto a más de un año de preparación e imprudencias clamorosas, por un lado, e informes policiales desatendidos y operaciones interrumpidas, por otro, son algunas de las claves para enjuiciar el atentado.

En base a ellas, muchísimas personas han creído que no ocurrieron las cosas como nos las han contado. Por ejemplo, Felipe González declaró: Sigo sin creerme que aquellos hombres (de ETA) pudieran haber llegado a sus fines sin contar con una ayuda ignorada hasta ahora [1].

Como dijo Ricardo de la Cierva: Una organización terrorista iba a ejecutarlo; alguien con mucho poder lo supo y dejó hacer; alguien con mucha información lo supo y lo ocultó deliberadamente; alguien, quizá el mismo que lo supo y lo ocultó, iluminó a los terroristas; otros se encargaron de protegerlos evitando que pudieran ser descubiertos (…) ironía trágica: los dos grandes enemigos (de España) que Carrero señalaba en su “testamento”, el comunismo y la masonería (que hoy llamaríamos mundialismo) serían … el inspirador probable y el inspirador posible de su asesinato… La sombra de la masonería no estuvo lejos de los cuatro magnicidios anteriores (Prim en 1871, Cánovas en 1897, Canalejas en 1912 y Dato en 1921); la duquesa de Carrero pensó, desde el primer momento, que su esposo había muerto por su hostilidad a la masonería [2].

No es nada extraño que, en aquella ocasión, como en otras, no sólo los autores oficiales no fueran los verdaderos responsables, sino que intereses aparentemente siempre contrapuestos, como los de los EE. UU y la URSS, coincidieran en un planteamiento “táctico” de sus respectivas jugadas “estratégicas”, utilizando cada cual sus “peones”, elegidos entre aquellos de los que habitualmente echaban mano entonces en España e incluso manipulando ambos, cada uno por su lado, los mismos “instrumentos”, servicios secretos incluidos. Hay que resaltar que, además, en el seno del propio “régimen” había fuerzas, infiltradas o reconvertidas, que buscaban su involución y a las que aquella situación y solución táctica les convenía.

Gutiérrez Mellado, un hombre que hizo prácticamente toda su carrera militar como miembro o como jefe de los servicios de información y, por lo tanto, uno de los mejor informados de España, si no el mejor, a una pregunta privada del Magistrado De la Torre dijo no saber nada y añadió textualmente: … aquí hay tantos que querían quitarse de en medio a Carrero [3]. Sin duda, esa evasiva era, literalmente, una gran verdad.

De algunos grandes atentados lo que más llama la atención no es tanto la perfección de su planeamiento y ejecución, o la serie de “casualidades” que los hicieron posibles, como las permanentes acciones posteriores para “explicarlos” adecuadamente y echar tierra encima. Más que la solitaria “bala mágica” del solitario tirador que mató a Kennedy (ocasionó una herida al Presidente y tres al Gobernador, pero la bala mortal fue otra) es llamativo que nunca se juzgaran los hechos en un tribunal y que el autor muriera violentamente; de similar manera, tampoco el magnicidio de Carrero Blanco fue “visto” judicialmente y Argala fue asesinado [4].

Cuando desde el poder se hace lo imposible por difuminar un hecho, cualquiera tiene perfecto derecho a sospechar que el mismo es tenebroso. Si, además, los pocos datos que traslucen hasta la opinión pública son incongruentes o delatores, estamos ante la obligación de crearnos nuestra propia opinión.

Quede este trabajo como constancia de lo engañoso de la tan manida expresión “la democracia que los españoles nos hemos dado a nosotros mismos”.

NOTAS

[1] Las fuerzas del Cambio de Pedro de Silva, Prensa Ibérica, Barcelona, 1986. Estévez y Mármol, Ob. Cit. Pag. 251.

[2] De la Cierva, Ob. Cit. Pag. 14.

[3] A. Grimaldos en la CIA en España, Pag. 123.

[4] Ocurrió el 21 de diciembre de 1978 -el día anterior había estado enfermo-, en Anglet (Francia), a los cinco años del magnicidio; la operación, supuestamente encargada por La Armada española a unos mercenarios, contó con la información y coordinación del CESID, además de con su apoyo económico y logístico, 23F: El Golpe del CESID, de Jesús Palacios, Pag. 142, Editorial Planeta, Barcelona, 2001. “Argala fue eliminado por especialistas no ajenos a esferas policiales españolas”; Ismael Fuente en Golpe Mortal, Pag. 307.

Pio Moa escribió: “El gobierno, falto de una verdadera política en este campo, recurrió puntualmente a la con el atentado contra Cubillo, o el que mataría al etarra Argala, jefe de los asesinos de Carrero Blanco, volado con su coche en el quinto aniversario del magnicidio”.

Las reacciones ante el fin de Argala son muy ilustrativas del ambiente creado. El País, ya el periódico más influyente y temido por la derecha, le dedicó amplio espacio, dando al terrorista una imagen simpática, encomiando sus dotes intelectuales (pasaba por teórico marxista) y rasgos . En el funeral, el cura lo comparó nada menos que con Cristo. El presidente del PNV, entonces Javier Arzallus, lo ensalzó.

LOS AUTORES

*José María Manrique es coronel de Artillería, diplomado de Estado Mayor, autor de varios libros sobre temas de historia militar española moderna: ‘Las armas de la guerra civil’, ‘La guerra 1936-39 en Sigüenza’, ‘Sáhara Español, una historia de traiciones’, ‘Sangriento combate en Edchera’, ‘CETME’, ‘Las Armas de Destrucción Masiva y la Protección Civil en España’, entre otros muchos.

*Matías Ros pertenece al Cuerpo General de Policía desde 1969. Ha publicado varios artículos sobre temas de seguridad. Desde el asesinato de Carrero ha acumulado todo tipo de informaciones que han caído en sus manos acerca del Almirante.

Interior confirma que ETA ha recuperado la extorsión a los comerciantes vascos

2012-01-23T11:57:00.001-08:00

INTENTA RECONSTRUIR SU LOGÍSTICA

Recuerda que el Estado de Derecho no está en suspenso.

LD | Agencias 2012-01-23

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, considera que ETA está tratando de reconstruir su "aparato logístico" de forma "latente", como demuestra, a su juicio, el material para fabricar artefactos explosivos intervenido a los últimos etarras detenidos hace dos semanas en Francia.

En rueda de prensa tras reunirse con el consejero de Interior de la Generalitat, Felip Puig, el ministro ha recordado que los tres terroristas iban armados, por lo que sus intenciones no eran "pacíficas".

El titular de Interior ha confirmado también que durante la pasada Navidad el entorno de ETA puso en marcha una campaña de recaudación de fondos en comercios del País Vasco, tal y como avanzó este viernes La Gaceta, que viene a sustituir al "impuesto revolucionario" solicitado por la banda en el pasado.

Una nueva vía de financiación que para Fernández Díaz demuestra que ETA pretende conservar un aparato logístico de forma "latente". En este sentido y preguntado si cree que el anuncio de ETA de un cese definitivo del terrorismo es creíble, Fernández Díaz ha dejado claro que no se fía "nada" de la banda porque los terroristas han tomado esta decisión por su "debilidad operativa" y no por motivos éticos o morales. Ante esta situación, las Fuerzas Seguridad no bajarán la guardia y estarán "muy vigilantes" ya que el Estado de Derecho "no está en suspenso" ni en "tregua".

Precisamente, el ministro del Interior se reúne este martes con el consejero de Interior del Gobierno vasco, Rodolfo Ares, con quien hablará del fin de ETA y la anunciada reducción de escoltas.

Fernández Díaz ha dejado claro que la "racionalización" de este servicio de seguridad para cargos públicos viene motivada por las circunstancias económicas, aunque ha reconocido que también hay "otras razones".

Ha destacado que antes de retirar la escolta a cualquier cargo público se hará un estudio personalizado porque en opinión, antes que "desarmar" a los escoltas", es necesario "desarmar" a ETA. "Lo vamos a tratar con calma y con respeto", ha asegurado Fernández Díaz, quien ha subrayado que la seguridad quedará en todo caso plenamente garantizada.

En su primera visita al País Vasco, Fernández Díaz visitará también a los responsables de la Policía y la Guardia Civil desplegados en la comunidad y dedicados esencialmente a la lucha contra el terrorismo.

Jorge Fernández sólo dio a Rajoy los detalles de su reunión con Zapatero

2012-01-23T11:06:00.000-08:00

FERNANDO LÁZARO MADRID

23/01/2012 ESPAÑA/El Mundo

El ex presidente le informó, paso por paso, de sus actuaciones contra ETA

Ni uno ni otro están por la labor de desvelar públicamente el contenido de ese encuentro. Ni uno ni otro han dado apenas alguna puntada sobre la cita. Tan sólo una persona más conoce íntegro el contenido de ese largo encuentro: Mariano Rajoy.

Apenas había tomado la responsabilidad del Ministerio del Interior, Jorge Fernández recibió una llamada cuando menos sorprendente. Se comunicaba con él el anterior jefe del Gobierno, el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que le pidió una reunión. Era la primera vez que un ex presidente del Ejecutivo se reunía con un ministro del Interior, del partido contrario, cuando ya había dejado el poder.

El ministro, como no podía ser de otra manera, accedió de inmediato a la petición de Zapatero, que se produjo justo cuando la izquierda abertzale comenzaba su campaña para presionar al nuevo Gobierno en favor de los presos de ETA. La víspera, las formaciones radicales celebraron una gran movilización en Bilbao pidiendo beneficios penitenciarios para los terroristas. Además, el lehendakari, el socialista Patxi López, realizó unas declaraciones apostando por cambios en la política con los reclusos de ETA, cambios que permitan avanzar en lo que denomina proceso.

La reunión entre Zapatero y Jorge Fernández se celebró el pasado día 11, en la sede del Ministerio del Interior, en el Paseo de la Castellana, y se prolongó durante más de dos horas.

Rajoy dio el visto bueno a Fernández para que mantuviera este peculiar encuentro. Según explicaron a este periódico fuentes cercanas a los reunidos, ambos salieron muy satisfechos de la conversación, especialmente Zapatero, que le contó al ministro todo aquello que tenía previsto decirle.

Una vez finalizada la entrevista, el responsable de la lucha antiterrorista se comunicó con el presidente del Gobierno para informarle del encuentro. Y le dio punto por punto todos los detalles.

Difícilmente se quedaron datos en el tintero, ya que la información, los datos, los comentarios de Zapatero, tenían la suficiente solvencia como para que el ministro tomara notas del encuentro. Le pareció una información tan relevante como para trasladarla de cabo a rabo al presidente del Ejecutivo.

Algunas fuentes apuntaron que durante el encuentro el ministro llegó a preguntarle a Zapatero si su Ejecutivo tenía algo firmado con la organización terrorista ETA, a lo que el ex presidente contestó y reiteró que no. Sin embargo, desde el Ministerio del Interior, donde siguen reacios a facilitar información sobre este encuentro calificado de «privado», sí precisaron que la reunión no se produjo en esos términos, que ese diálogo no se produjo.

Las fuentes consultadas por EL MUNDO insisten en que la charla se centró en ETA, en los movimientos políticos del Ejecutivo de Zapatero para alcanzar el final de la violencia y en las claves en su política penitenciara de acercamientos y alejamientos.

El aún secretario general del PSOE explicó su hoja de ruta para acabar con la violencia, su apuesta por las medidas penitenciaras, por los laboratorios en cárceles cercanas al País Vasco, los contactos con la izquierda abertzale... Y reivindicó su figura, su papel, su actuación como presidente del Gobierno y el hecho de que ETA haya acabado.

El ministro tomó notas, escuchó y se quedó satisfecho con los datos facilitados, pero en ningún momento se mostró ni de acuerdo ni avaló posición alguna. Agradeció al ex presidente el encuentro pero, al menos en principio, no dio muestras de cambiar de actitud en varios en los principios que sostiene para acabar con ETA, porque el ministro tiene claro que la banda no ha acabado, que sigue existiendo, que no se ha disuelto y que tiene en su poder aún armas y explosivos.

Porque, como ha recordado posteriormente en público, el objetivo del nuevo equipo de Interior es alcanzar la «derrota absoluta» de ETA.

Y éste es el mensaje que también ha trasladado el ministro a las víctimas del terrorismo en una reunión reciente. En su agenda, una de sus prioridades era y es estar cerca de las víctimas de ETA, y fue una de las primeras reuniones que celebró una vez que todo su equipo tomó posesión y se renovó la cúpula policial, incluso al alto mando que fue imputado por su presunta implicación en el chivatazo a ETA.

Tras renovar todos los cargos policiales heredados de la época de Rubalcaba, llegaron los primeros resultados de la lucha antiterrorista de la época de Rajoy. La pasada semana, tres etarras, del entramado logístico de la banda fueron detenidos en Francia. La información para acabar con sus andanzas nació de la Guardia Civil. Viajaban por el país vecino armados y con material que sirve para la fabricación de explosivos.

Desde el Ministerio se insistió en que los aparatos del Estado no bajarán la guardia hasta que ETA se disuelva. «El Estado no está en tregua», recordó el ministro. Desde las diferentes asociaciones de víctimas, recelosas ante el encuentro secreto entre Zapatero y Fernández, que fue desvelado por EL MUNDO, reclamaron al Ejecutivo que mantenga sus compromisos contra el terrorismo.

JAVIER G. NEGRE BILBAO

23/01/2012 ESPAÑA

El PP vasco, dispuesto a renunciar a la escolta

Corría un 13 de julio de 1997. A Txapote no le tembló el pulso a la hora de asesinar a quemarropa a un desconocido concejal del PP vasco. Se llamaba Miguel Ángel Blanco. El terrorista utilizó una Beretta del calibre 22 con un silenciador que no pudo acallar una contestación social sin precedentes ni atenuar el miedo del presidente del PP vasco, Carlos Iturgáiz. Éste ya sabía que ETA ya no sólo buscaba atentar contra jueces y policías e impuso la obligación de llevar protección a todos sus cargos electos. Desde el humilde agricultor de La Rioja alavesa hasta la entrañable limpiadora de Rentería. Sin embargo, 15 años después de promover la socialización de la escolta, la dirección del PP vasco no pondrá ninguna traba, salvo casos puntuales, a la retirada de la protección a sus representantes.

Los dirigentes del PP vasco «están completamente de acuerdo», según fuentes populares, con la reducción de escoltas que está propugnando el Gobierno vasco y sólo pedirá que se mantengan en «casos muy puntuales», como el del simbólico concejal de Amurrio, Santiago Abascal, que realiza su labor en un bastión de la izquierda abertzale.

La dirección del PP vasco considera que el cese definitivo de ETA, la situación de tranquilidad que se respira en el País Vasco, y la acuciante crisis económica son motivos más que suficientes para no oponerse a la reducción de los niveles de protección instigada desde Lakua. Una postura que, aunque todavía no desean reconocer públicamente para no alertar a sus sectores más duros, ya han aceptado internamente y que se ha vislumbrado en pequeños gestos como la decisión del PP vasco de apoyar la reducción del Gobierno vasco de las partidas para escoltas. Además, la dirección del PP vasco es consciente de que esta decisión cuenta con el respaldo de la práctica totalidad de sus representantes.

El alcalde de Vitoria, Javier Maroto, exigió formalmente hace seis meses a la dirección de los populares vascos que le permitiesen a él y al resto de sus concejales renunciar a la escolta.

No es el único miembro del PP que manifiesta internamente su pesar por tener que ir escoltado en un clima en el que se respira normalidad. Además, son muchos los cargos que ya prescinden de sus servicios cada vez con mayor asiduidad. Es el caso del líder del PP vasco, Antonio Basagoiti, que en ocasiones puntuales da descanso a sus guardaespaldas y que desea reducir las medidas de seguridad de la sede del PP en Bilbao para hacerla más amable de cara a su campaña de afiliación.

Kale borroka ‘de baja intensidad’ en el País Vasco. Guardias civiles y policías vuelven a ser hostigados con pintadas

2012-01-22T04:18:00.000-08:00

22 de enero del 2012/ECD

Kale borroka ‘de baja intensidad’ en el País Vasco. Guardias civiles y policías vuelven a ser hostigados con pintadas, amenazas y presiones para que se vayan.

Vea las fotos

"Antes nos mataban y ahora no nos dejan vivir". El comentario es de un veterano agente de los cuerpos de seguridad del Estado que ha dedicado su vida a luchar contra ETA en el País Vasco. Policías y guardias civiles vuelven a ser hostigados de manera alarmante por los abertzales. La situación en la calle es en ocasiones de una enorme tensión.

Desde que ETA decretara su alto el fuego “permanente”, en enero de 2011, la situación en las calles del País Vasco y de Navarra cambió de manera radical. Las agresiones, insultos, quema de contenedores y pancartas desaparecieron inmediatamente. El verano pasado fue, en este sentido, muy tranquilo en comparación con los habituales disturbios que se repetían en las fiestas patronales de los pueblos y ciudades. Y las jornadas fueron aún más tranquilas desde el alto del fuego “definitivo”.

Sin embargo, ahora esta paz callejera ha desaparecido. Según informaciones recogidas por El Confidencial Digital, los abertzales radicales han vuelto a las acciones de hostigamiento contra la Guardia Civil, Policía, Ertzaintza y Policía Foral navarra. “No os queremos aquí”, es el grito que reciben prácticamente a diario los agentes que patrullan las calles en uniforme, que en esos casos se sienten indefensos porque no pueden actuar.

Estos son los comentarios que realizan experimentados profesionales de los cuerpos de seguridad destinados en el norte:

-- “La izquierda abertzale ha vuelto a fomentar la calle”.

-- “Antes, el pulso estaba en los pueblos pequeños y típicamente abertzales. Ahora, empezamos a notar que el hostigamiento hacia nosotros también se da en Bilbao o San Sebastián”.

-- “En los municipios donde gobierna Bildu se nos hace casi imposible trabajar”.

-- “Todo esto forma parte de su estrategia de la fingida paz”.

-- “Lo que nosotros tenemos claro es que no han soltado las armas y que no han pedido perdón”.

Pintadas y carteles

El Confidencial Digital ha tenido acceso a varias pintadas y carteles en las calles, que han provocado la indignación en los agentes de la lucha antiterrorista. Los encuadran dentro de esta campaña de hostigamiento. Fueron colocados hace menos de una semana:

La pintada se ha podido ver en varias calles del País Vasco. Se trata de un encapuchado, que lleva la misma indumentaria de un etarra, con su típica reclamación ‘Euskal presoak’.

El martes pasado, los abertzales rindieron un homenaje a Iñigo Sancho, el supuesto etarra detenido el fin de semana en Francia mientras iba armado. En su barrio, Rekalde, se convocó un acto en su ‘honor’ a través de estos improvisados carteles. La jornada acabó con la quema de varios contenedores de basura.

“El Gobierno socialista ha querido encubrir a los que prepararon el 11-M”

2012-01-22T04:01:00.000-08:00

El coche número 011R

22 ENE 2012/La gaceta
Javier Sedano. Duro alegato de Ángeles Pedraza, presidenta de la AVT, contra el PSOE. Los afectados claman contra el encubrimiento del vagón de Téllez. “La ocultación del coche explica la dejadez de parte de la Justicia para llegar hasta el final”, dice Alcaraz.
La Comisaría de Canillas oculta quién entró y salió de allí ese día
La noticia que ayer adelantaba LA GACETA ha vuelto a remover los endebles cimientos sobre los que descansa el mayor atentado de la historia de España. El descubrimiento de uno de los vagones –ocultado durante ocho años por el Ministerio de Fomento– que fueron dañados por las explosiones que tuvieron lugar en la calle Téllez durante la mañana del 11-M revela el aluvión de negligencias que sucesivamente acontecieron durante aquellas jornadas de 2004, máxime cuando los peritos de Interior, las partes personadas y la Policía Científica –como quedó acreditado en el Sumario– aseguraron que no tenían dónde buscar más pruebas, que las evidencias eran escasas y que se carecía de blancos suficientes.

En una palabra, desaparecieron de un plumazo todos los vagones, los que estallaron y los que no, pese a las reiteradas peticiones. No había más pruebas. El coche 011R, descubierto en el Taller Central de Reparaciones de Villaverde (Madrid), constata que no se hizo –o no se quiso– hacer lo suficiente. Para Ángeles Pedraza, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, la ocultación del vagón de Téllez supone “una vergüenza más del Gobierno de Zapatero que exigiría una mínima explicación sobre por qué se ocultaron y se destruyeron los trenes”. La AVT exigió en su momento, como la mayor parte de las asociaciones personadas en el caso, una explicación acerca de por qué se desguazaron los vagones y, hasta ahora, nadie les ha dado una respuesta, es más, como asegura Antonio Alberca, el abogado que defendió a Rafa Zouhier en el juicio, el juez Bermúdez “nunca nos enseñó los trenes ni las piezas retiradas porque me dijo que no se sabía dónde estaban”. Uno era el ahora encontrado de Téllez. “Quiero que los socialistas me digan por qué han ocultado a los que han matado a los nuestros”, clama Pedraza, para quien la intención del Gobierno socialista no ha sido otra que “tapar y encubrir las pruebas y a los que prepararon el 11-M”. “¿Por qué no quieren que sepamos la verdad?”.
Para Francisco José Alcaraz, presidente de Voces contra el Terrorismo, el descubrimiento del 011R en los talleres de Renfe “deja en evidencia el auto y demuestra la insidia que han tenido los jueces para encontrar la verdad”.

Los vagones que estallaron esa mañana fueron desguazados y retirados con toda celeridad, desapareciendo para siempre pruebas que podrían haber sido concluyentes para determinar la incógnita con mayúsculas: ¿qué explosivo se utilizó? Pero el caso es que tampoco se iniciaron procedimientos para rescatar vestigios en los vagones que no fueron destruidos y que se trasladaron a los hangares, algunos fueron reparados y volvieron a operar, como el trasladado desde la estación de Santa Eugenia, otros desaparecieron para siempre, como este de la calle Téllez, ignorado por las autoridades judiciales encargadas de la investigación, a la cabeza de las cuales se encontraba la Audiencia Nacional.

“Cerrojazo” al caso
“Lo que aporta el vagón es la dejadez de parte de la Justicia para llegar hasta el final y deja en evidencia a ciertos jueces y fiscales, que al servicio del Gobierno socialista han querido dar cerrojazo al 11-M”, sentencia el presidente de Voces contra el Terrorismo, que, además, se nutre del recuerdo para sentenciar: “Se lo merecen las víctimas y todos lo españoles”.
En lo autos no aparece ninguna mención al respecto de quién dio la orden para llevar a cabo el despiece, la destrucción y la retirada de los trenes, algo que tampoco se aclaró el pasado viernes en el Juzgado de Instrucción nº 43 de Plaza de Castilla que dirige la juez Coro Cillán. Las declaraciones de directivos de Renfe Cercanías y responsables de las empresas que intervinieron en las operaciones no arrojaron luz sobre el último responsable, más allá de constatar la desidia de jueces y Policía que nunca se preocuparon por averiguar el destino de los vagones retirados. El Tribunal Supremo ya manifestó su sorpresa ante el hecho. “Eso queda en una neblina”, aseguraron funcionarios del Juzgado nº 6 de la Audiencia Nacional.

José Luis Abascal, abogado de Manos Limpias, asegura que es posible que en el vagón pudieran haberse encontrado pruebas ocultas –ahora ya muy contaminadas– y que lo que verdaderamente llama la atención es la intención de Fomento por ocultar una pieza que podría haber servido para recoger vestigios, determinantes para resolver el tipo de explosivo utilizado en los atentados.

'El País' tacha a la juez Cillán de corrupta, borracha e inestable

2012-01-22T03:46:00.000-08:00

HABLA DE "JUZGADO POLÉMICO"

El diario de Prisa ataca en un reportaje a la juez que intenta arrojar luz sobre algunos de los puntos oscuros más clamorosos del 11-M.

LIBERTAD DIGITAL 2012-01-22

El reportaje, que firma J. A. Hernández, habla de un "expediente disciplinario" abierto a la juez Coro Cillán –que instruye la querella contra Sánchez Manzano y parece empeñada en arrojar luz sobre algunos de los puntos oscuros de los atentados del 11M y de las contradicciones de la versión oficial-.

Titulado "inestable para juzgar" el reportaje dice, desde la misma entradilla, que una "secretaria y dos fiscales del juzgado dicen que puede tener problemas con el alcohol". Además, insinúa que nombró administrador de una discoteca a "su novio".

"Ingesta de bebidas alcohólicas"

Recoge el diario que la inspección del CGPJ ha abierto ya un expediente por tres faltas muy graves y una grave contra la magistrada. El aval que encuentra el diario para esta información es la declaración de una secretaria y dos fiscales. Según El País atribuyen a Cillán actuar "bajo la ingesta de bebidas alcohólicas que transforman en irascible" su conducta. Además declaran que su actuación la lleva a "confundir personas y delitos".

Corrupta

Tras comentar las malas relaciones que, según dice el reportaje, mantiene con secretarios judiciales y fiscales en los juzgados, El País señala que "los hechos son muy serios" y que "la tensión entre la juez, los fiscales y las dos secretarias del juzgado es máxima". Habla de "la intervención de Cillán –estando de guardia en Madrid- en el procedimiento judicial en torno" a una famosa discoteca madrileña. Según la información, aquella intervención fue caótica, "un símil de la película Air Bag, pero real", llega a decir el cronista. En fin, un asunto "que no pasó a mayores en ese momento, pero el embrollo" de la discoteca "trasladó posteriormente su lío al juzgado de Cillán", dice El País.

Al "lío" que se refiere es que al final, los inspectores del CGPJ "atribuyen" a Cillán "actuaciones anómalas en este procedimiento". Esas actuaciones hablan –siempre según El País- de un "amigo íntimo" al que habría favorecido. Dice este diario que este amigo íntimo sería el novio de la magistrada que estaba "de parte" de uno de los implicados en la intervención de la discoteca. La crónica reproduce lo que se supone que fue una conversación entre Cillán y la fiscal Soledad García. La magistrado habría preguntado a la fiscal si debía o no precintar la discoteca. La fiscal contestó que no y declara que Cillán replicó: "por mis santos cojones se precinta" la discoteca.

La crónica ve clara la sospecha de corrupción en este punto, porque el precinto del local era lo que quería el implicado que tenía de su parte el favor del supuesto "amigo íntimo" de Coro Cillán. El caso terminó en la renuncia del primer administrador decretado por la Juez para la discoteca, y la colocación, en su lugar, del supuesto "amigo íntimo".

La investigación que cita El País apoya sus sospechas sobre la relación sentimental de Coro Cillán en las declaraciones de la fiscal Soledad García y dos secretarias judiciales que decían conocer que la magistrada tenía una relación sentimental con un "abogado de Alicante que cuando viene a Madrid se aloja en su casa". Se trataría de Javier Caballero, el mismo que, según esta investigación, fue nombrado administrador de la discoteca precintada.

Inestable

Por último, el reportaje recoge las declaraciones del fiscal Conrado Saiz que dice que "alguna vez, en las guardias de diligencias, rápidos y detenidos, durante la tarde manifiesta síntomas de consumo de bebidas alcohólicas; así, en las declaraciones confunde a las personas a las que se dirige, así como el delito; cambia de conversación con falta de coherencia y presenta un carácter irascible, por lo que él suele tomar la palabra cuando antes para no acrecentar el problema", señala la inspección. Y añade "entiendo que la magistrada no tiene capacidad para llevar el juzgado porque presenta una inestabilidad preocupante".

Tercer intento de 'El País' en un mes

Pero esta no es la primera vez que El País carga sobre Cillán estas sospechas, pese a que no acostumbra a actualizar las informaciones sobre el proceso contra Sánchez Manzano.

El pasado 20 de diciembre de 2011, fue la primera vez en la que cuenta que han expedientado a Cillán por haber favorecido a un amigo. En segundo lugar está, el 8 de enero pasado en el que publicó el mismo asunto, pero con redacciones y titular diferente.

Otegi sostiene que el Gobierno cederá con los presos de ETA

2012-01-22T03:41:00.000-08:00

ÁNGELES ESCRIVÁ MADRID

22/01/2012 PORTADA/El Mundo

Usabiaga y él han dicho a sus allegados que consideran determinante el apoyo socialista y del 'lehendakari' López

Los dirigentes abertzales Arnaldo Otegi y Rafael Díez Usabiaga están convencidos de que el Gobierno del PP acabará cediendo a la presión de las campañas a favor de los presos. Consideran que será determinante la posición adoptada en este sentido por el PSE y por las declaraciones del lehendakari.

Los socialistas vascos y Patxi López llevan casi desde las pasadas elecciones generales apostando por que el Ejecutivo de Rajoy consolide la situación creada por el «cese definitivo de las acciones armadas» anunciado por ETA, modificando la política de dispersión e iniciando el acercamiento de los reclusos de la banda a las cárceles vascas, y así lo han manifestado.

Las declaraciones de los socialistas vascos y su posicionamiento han coincidido en el tiempo con la campaña emprendida por la izquierda abertzale, uno de cuyos puntos más importantes fue la manifestación organizada el pasado 7 de enero.

El entorno de Rafa Díez y Arnaldo Otegi -que fueron condenados a mediados de septiembre a 10 años de prisión por su participación en el proceso Bateragune- se ha hecho eco de sus cálculos políticos y sostiene que los dos dirigentes asumen que el PP, en un primer momento, intentará bloquear el proceso -con la ayuda del sector del PNV al que no interesa el independentismo-, pero que este bloqueo se verá superado por motivos de táctica política.

Según los cálculos de los radicales, el Gobierno se mostrará inicialmente reticente porque sabe que, una vez que dé pasos en el asunto de los presos, la izquierda abertzale invitará al resto de los partidos a entrar en una discusión política sobre el marco jurídico y ése es un punto en el que el Ejecutivo se sabe en desventaja.

Los dirigentes batasunos reconocen que públicamente le van a tender la mano a Mariano Rajoy, pero que van a presionar con campañas de desobediencia civil.

El presidente, siempre según la izquierda abertzale, cambiará de posición, en cualquier caso, por distintos motivos. En primer lugar, por la postura de los socialistas. En segundo lugar, porque las próximas elecciones son las autonómicas vascas y los populares del País Vasco están empezando a sentirse muy «incómodos» ante una sociedad que está resultando muy receptiva a los pasos dados por ETA y por la izquierda abertzale. Y en tercer lugar, porque, según piensan, el PP es consciente de que en la medida en la que no introduzca cambios y no intervenga en el proceso, Amaiur va a adoptar la actitud de víctima del Estado y esta situación puede acabar encumbrando a este partido.

Otegi y Usabiaga creen que los populares van a ir «dosificando» los pasos en los próximos cuatro años. A su parecer, el intento de resolver la situación económica va a ser su inquietud principal, pero van a necesitar ir modelando a la opinión pública del Estado para que los populares vascos no sufran un descalabro en los próximos comicios autonómicos y van a realizar una política de «gestión por la paz».

Por ese motivo, calculan que van a ir resolviendo el asunto de los presos, la legalización de Sortu y su propia situación personal, la de ellos dos.

De hecho, Otegi y Usabiaga, creen que su comportamiento de los últimos años a favor de «parar», merece su salida de prisión y se muestran optimistas al respecto. Están convencidos de que el Tribunal Supremo resolverá el recurso sobre su situación de prisión en tres o cuatro meses. Sus abogados les han hecho llegar su sorpresa por lo rápidas que estaban haciéndose las gestiones en el Alto Tribunal y su confianza en que su decisión, dada la coyuntura, les será favorable.

Los dos dirigentes de la izquierda abertzale están en prisión por haber intentado poner en marcha, por enésima vez, una formación continuadora de la ilegalizada Batasuna por orden de ETA, según la sentencia de la Audiencia Nacional. Pero ambos se consideran los artífices de la situación de «paz» a la que se ha llegado, piensan que los jueces de la Audiencia no calcularon bien, que se les fue la mano, y que ellos dos han de ser recompensados por su labor; también, que su situación carecerá todavía más de sentido cuando empiecen a adoptarse decisiones sobre el resto de los reclusos de la organización.

Asimismo, son optimistas respecto a los resultados que van a obtener en adelante. Al margen de las bromas de su entorno sobre la posibilidad de Otegi de ser elegido lehendakari, el ex portavoz de Batasuna hizo llegar a los suyos un análisis político tras los últimos comicios en el que les participaba que, dados los resultados, pueden empezar a aspirar «a todo».

Usabiaga y él consideran que las manifestaciones de Rajoy pidiendo otro gesto, como el reconocimiento de las víctimas y del sufrimiento provocado, son una excusa, una manía para no dar los pasos adecuados; una estrategia que se verá diluida por el movimiento social, por la presión a la que van a estar sometidos los populares en el País Vasco.

Á. E.

22/01/2012 ESPAÑA

No quieren pedir perdón

El optimismo de los dirigentes de la izquierda 'abertzale' contrasta con el pesimismo expresado a los suyos por Ana Belén Egües, una de las portavoces del llamado Colectivo de Presos que hace unos meses aseguraba que bajo ningún concepto lo iban a dejar a cambio de nada. Egües no entiende cómo se les puede pedir arrepentimiento y exigirles que pidan perdón. Añade que los suyos les transmitieron la idea desde antes de las elecciones de que los presos estaban ya prácticamente fuera de prisión.

La portavoz etarra desconfía porque, según dice, «los españoles», a diferencia de los ingleses, nunca cumplen aquello a lo que se comprometen. Se lamenta de que los suyos hayan preferido estar en el Parlamento español, donde por su escaso número no pueden influir, en vez de volcarse en el trabajo con las bases en todos los pueblos.

Egües se queja de que «los españoles» les llamen asesinos y nieguen la existencia de Euskal Herria cuando, en primer lugar, desde su punto de vista, ésta existe y es el Estado el que ha sometido a su pueblo. No se explica cómo se puede estar tan ciego para no verlo.

«San Sebastián sólo puede optar a capital de la indignidad»

2012-01-22T03:36:00.000-08:00

AVIER G. NEGRE SAN SEBASTIÁN

22/01/2012 ESPAÑA/El Mundo

Consuelo Ordóñez desmerece a la ciudad por respaldar a los presos de ETA

Cuarenta y ocho horas no fueron suficientes para atemperar y amordazar la indignación de Consuelo Ordóñez. Una hermana coraje que observó con impotencia cómo el alcalde de Bildu y una parte sustancial de la sociedad donostiarra convertían la tradicional Tamborrada en un acto de exaltación de aquéllos que apretaron el gatillo contra su hermano Gregorio Ordóñez, concejal del PP en el Ayuntamiento de San Sebastián, el 23 de enero de 1995. Una estampa demasiado cruel para una mujer que no dudó en renegar públicamente de su ciudad y desposeerla simbólicamente de su ya de por sí polémico título de Capital Europea de la Cultura 2016.

«Una ciudad que homenajea a los asesinos en serie en vez de a las víctimas no puede optar más que a la capitalidad de la indignidad europea», señaló Consuelo Ordóñez ayer, al término de una emotiva ofrenda floral con motivo del 17º aniversario del asesinato de Gregorio. En el cementerio donostiarra de Polloe todos los presentes honraron la memoria del concejal, incluso la incesante lluvia que encharcó San Sebastián y que cesó justo cuando el sacerdote jesuita Alfredo Tamayo comenzó a oficiar la ofrenda floral en honor a su amigo y referente de la lucha por la libertad.

La hermana de Gregorio Ordóñez no dio crédito cuando observó el pasado jueves cómo Bildu institucionalizaba y politizaba la festividad del Día de San Sebastián para convertirla «en un acto de apología al terrorismo». Desde aquel día, su indignación fue creciendo al mismo ritmo que EL MUNDO destapaba en sus páginas la colaboración necesaria de Juan Karlos Izagirre en la organización de ese festival pro amnistía para los presos de ETA.

«La Tamborrada siempre había sido un acto reivindicativo de presos en el que Elorza había mirado hacia otro lado, pero es que este año Bildu se ha encargado de institucionalizarlo y de convertirlo en una fiesta municipal», explicó Consuelo Ordóñez horas después de versar su homilía política durante un homenaje que contó con la presencia, entre otros, del portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Alfonso Alonso; la presidenta del Parlamento vasco, Arantza Quiroga; la ex líder del PP vasco María San Gil; el representante de UPyD, Toni Cantó, y la viuda de Gregorio Ordóñez, Ana Iríbar.

Consuelo Ordóñez, que emigró a Valencia, lamentó que después de 17 años del asesinato de su hermano gobiernen en San Sebastián «quienes no han condenado todavía ni su asesinato ni ningún otro de los cien asesinatos de esta ciudad».

La viuda de Gregorio Ordóñez, Ana Iríbar, aprovechó la presencia del fiscalizador del caso Faisán y ahora director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, para abordarlo personalmente y exigirle que su presencia en el homenaje fuese más allá que una mera pose política.

«Le he pedido que su participación en el homenaje se traduzca en un compromiso para que haya justicia en este país, para que los terroristas que están cumpliendo condena en las cárceles las cumplan», explicó Iríbar.

La viuda del ex concejal de San Sebastián reclamó, en pleno debate sobre la necesidad o no de flexibilizar la política penitenciaria, la imposición de un filtro más de exigencia a aquellos terroristas que reclaman medidas de gracia: la colaboración de los terroristas para esclarecer los más de 300 asesinatos pendientes.

«No se tiene que hablar tanto de perdón, sino de colaboración. El arrepentimiento de un terrorista sólo puede tener esa traducción, la colaboración con la justicia y que se resuelvan todos los casos pendientes de ETA», señaló Iríbar, que también lanzó un mensaje a aquellos representantes de la justicia que legalizaron Bildu y ni siquiera examinaron las candidaturas de Amaiur. «A Ordóñez le asesinaron porque molestaba al plan político de ETA y no nos parece en absoluto ético ni moral que quienes defienden ese proyecto tengan derecho a presentarse a unas elecciones cuando a Gregorio ETA le quitó esa oportunidad».

El acto volvió a demostrar el valor de la figura de Gregorio Ordóñez para unir por un día a la ex líder del PP vasco María San Gil y a sangilistas confesos como Regina Otaola, con los actuales populares vascos de claro perfil renovador y con quienes siempre han mantenido una fría distancia. Llamó la atención entre los asistentes la animada charla entre San Gil y Alfonso Alonso, que también quiso hacer su reconocimiento a la figura de Ordóñez.

«Gregorio nos diría ahora que la lucha por la libertad no ha terminado y que tiene que continuar porque ETA sigue estando aquí, porque ETA pretende tutelar una especie de proceso hacia la impunidad y porque nosotros tenemos que reivindicar permanentemente la memoria de las víctimas del terrorismo para que nadie olvide lo que ha sucedido», espetó Alonso, que aseguró a EL MUNDO que el Gobierno popular va a trabajar para impedir que se produzcan actos de exaltación de los presos de ETA como el acaecido en San Sebastián.

La memoria de Gregorio Ordóñez será también honrada en Madrid, donde su esposa buscó asilo para evitar que su hijo creciese en San Sebastián. El jueves se celebrará una ofrenda floral ante el roble de los Jardines de Gregorio Ordóñez y una misa en la iglesia de la Concepción en memoria de las víctimas de ETA.

«¿Celebraste el asesinato de mi marido?»

2012-01-22T03:29:00.000-08:00

PEDRO SIMÓN NANCLARES DE LA OCA (ÁLAVA)

22/01/2012 ESPAÑA/El Mundo

Desde mayo hasta hoy, 10 víctimas de ETA han tenido un cara a cara en privado con otros tantos terroristas presos

Cuando el terrorista entra en la sala para el encuentro, la víctima de ETA lo recibe de pie.

Uno y otro se sientan luego frente a frente, en ocasiones sin mesa separadora de por medio. Apenas hay un metro de distancia entre la mujer que no olvida y el asesino que le reventó la cabeza a su esposo.

Antes de empezar a hablar ya coinciden en una cosa: los dos tienen las manos sudadas. Se dan cuenta cuando se las estrechan.

En tres horas de cara a cara, hay lugar para confrontar fantasmas.

- Tú me robaste la adolescencia. ¿Quieres saber cómo me quedé yo cuando matásteis a mi padre?

- Sí.

(Silencio)

- Pues ahora te cuento yo... No sólo lo matásteis a él. Sino que me vaciasteis entero... Yo era alegre y ahora soy una persona triste. Yo era vital y ahora vivo sin fuerzas... Yo ya no soy yo. Soy otro. Y te digo una cosa...

- ¿Qué...?

- Que no me gusto.

En tres horas de conversación, hay espacio para ajustar cuentas.

- Prefiero ser hija de asesinado que madre de asesino.

En tres horas de respuestas, caben todas las preguntas.

- Respóndeme con sinceridad. No es por morbo. ¿Celebraste el asesinato de mi marido?

- Sí.

- ¿Y estás orgulloso?

EL MUNDO ha tenido la oportunidad de conversar con uno de los mediadores penales que estuvo en ocho de las 10 citas confidenciales habidas hasta la fecha entre terroristas y víctimas de ETA, bajo el denominado programa de encuentros restaurativos autorizado por el anterior Ministerio del Interior. La única condición es preservar el anonimato de los interlocutores de uno y otro lado y también el suyo propio. Ésta es la historia de una experiencia única por la que han pasado ya un secuestrado, dos viudas, cinco hijos de otros tantos asesinados, un herido y el hermano de un muerto.

«A unos y otros les preparamos durante meses y la cita es al final. Víctima y terrorista se dicen hola. Les presentamos. Se dan la mano. El recluso suele empezar con la mirada gacha. La primera que habla es la víctima, que es la que obviamente tiene la posición de dominio moral; empieza planteándole infinidad de cuestiones. Están reunidos hasta tres horas horas», señala. «Les preguntamos antes de la cita por el grado de nerviosismo. Tres presos nos comentaron curiosamente lo mismo: que estaban igual de nerviosos que el día de cometer un atentado».

El programa se fraguó después de que un grupo muy determinado de presos de Nanclares de la Oca (Álava) le hiciera saber al director de la cárcel su deseo de conocer a personas que hayan sufrido la barbarie de ETA. Interior dio el visto bueno y la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Gobierno vasco puso a trabajar a un equipo de mediadores penales que allanó el camino y facilitó los encuentros, la mayoría de ellos en la propia prisión. Los cuatro primeros fueron en mayo de 2011. Un quinto cara a cara tuvo lugar en julio. En noviembre hubo cuatro más. El décimo y último de los encuentros es del pasado 11 de enero.

«En la primera reunión previa les advertimos a los internos que participar en esto no supondría ningún tipo de beneficio penitenciario. Que el beneficio sólo sería personal. Eso lo tenían que tener claro y efectivamente lo tenían claro con anterioridad. Los resultados han sido sorprendentes».

Una sala de 16 metros cuadrados. Una ventana con rejas. Dos sillas duras de plástico. Y todos los imposibles del último medio siglo juntos: un secuestrado departió con su secuestrador; una herida en Hipercor se reunió con uno de los responsables de la matanza; una viuda compartió dudas y certezas con el hombre que le destrozó la vida...

«¿LO HUBIESES MATADO IGUAL?». Al marido se lo mataron al cuarto intento. Las otras tres veces anteriores paseaba con ella y no hubo manera, no. Todo eso lo supo después.

Así que la viuda anduvo siempre rumiando lo que hubiera pasado si hubiera estado presente. Si no habría sido ella su paraguas y se escudo, su blindaje y su amuleto. Ese día iba a salir de dudas.

- ¿A que si yo hubiese ido con él no lo hubiéseis matado?

- Sí lo habríamos hecho. Las tres veces anteriores no lo dejamos de matar porque estuvieras tú. Sino porque había vigilancia policial.

«La mujer sintió un alivio tremendo. Como quitarse un peso grande de encima», señala. «Cuando les cuentan la vivencia personal, el terrorista no puede sostener la mirada. Acaba cayendo en la cuenta del dolor generado».

«ME HAS JODIDO LA VIDA». La hija del guardia civil asesinado tomó aire y se atrevió.

- Ahora quiero que me contestes de verdad. ¿Has matado a civiles?

- Sí.

- ¿Y a guardias civiles?

- Sí.

- ¿Te duele lo mismo haber matado a unos que a otros?

- Ahora sí. Ahora veo que sólo maté a personas.

«La humanidad que muestran las víctimas los descoloca», cuenta a este periódico el testigo de estos encuentros. «No se esperan eso, muchos imaginan que les van a desear la muerte».

- Me has jodido la vida, me has destrozado la vida -le dijo al terrorista que tenía delante, que se iba haciendo pequeño a medida que escuchaba.

- Lo siento.

- ¿Con qué frecuencia te acuerdas de las víctimas?

- Me acuesto y me levanto con ellas. Ese dolor me lo voy a llevar a la tumba.

- Sí, pero ese dolor lo elegiste tú. El quedarme sin padre no lo elegí yo.

«ME VAS A MIRAR A LOS OJOS». Cuando fue herida en un atentado con bomba, iba con su hija de dos años de la mano, a la que sólo le estalló el bollycao en el pecho. A causa de la explosión, la madre quedó sorda. De tanta luz, le queda una imagen obsesiva y muda: la de una mujer ardiendo al lado, como una antorcha, a la que no pudo ayudar.

Ese día tenía delante al hombre que hizo volar todo por los aires.

- Me quitaste la vida.

- En el comando lo sentimos y...

- Me vas a mirar a los ojos y me vas a hablar de lo que hiciste tú. No me hables más del comando.

«¿QUÉ SIENTES AL MATAR?». Una constante entre las víctimas es saber lo que se le pasa por la cabeza al terrorista a la hora de amartillar una pistola y matar a alguien. El hijo de un asesinado lo describió como tener «un ataque de gula» y «querer comerse todas las preguntas» a la vez. «¿Qué edad tenías al entrar en ETA?». «¿Qué piensa uno cuando le ordenan la primera muerte?». «¿Qué se siente al matar?». «¿Qué siente uno al llegar al lugar del crimen?». «¿Cómo te vistes ese día?»...

«Todos contestan que la primera noche les cuesta dormir. Y que las siguientes ya no... Esta persona en concreto primero escuchó las respuestas. Luego se lanzó: 'Después de 15 años es el día en que puedo estar aquí sentado. Ahora te voy a decir cómo lo viví yo...'. Y dio señales de todo. De que iba en el coche, de cómo oyó la noticia, de la sangre en la zona, del entierro, de la vuelta al colegio... El terrorista quedó marcado por el relato del otro».

«NO TE VOY A DECIR SI TE PERDONO». «Las víctimas que han participado salen satisfechas con la sinceridad y el arrepentimiento. El perdón les sirve para cerrar el duelo. Les ayuda oír decir que ETA no ha servido para nada. Los dos ganan, pero emocionalmente la víctima sale mejor de la cita».

- Perdóname. He sido un monstruo aniquilador -le pidió muy al final el terrorista.

- No te voy decir si te perdono o no -le dijo la viuda-. Es algo muy privado... Pero una cosa sí te digo: te agradezco que me lo hayas dicho.

P. S. BILBAO

22/01/2012 ESPAÑA

MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ

«Me dijo que no podía dormir»

La viuda de Pedrosa (PP) habla de su cita por primera vez: «Le conté mi triste historia»

Después de toda una vida en el pueblo -desollándose las rodillas de crío o chateando con la cuadrilla de mayor-, el concejal del PP Jesús Mari Pedrosa había dejado dicha una frase lapidaria y premonitoria. Fue durante aquellos dos años antes de que lo asesinaran en que había salva de fusilería, un día tras otro, a la puerta de su casa: «No sé si iré al cielo o al infierno. Una cosa sé: vaya donde vaya, lo haré desde Durango».

Desde Durango se fue. Lo hallaron muerto el 4 de junio de 2000. Eran las 13.30 horas y Mari Carmen estaba haciendo una sopa que se quedó helada cuando puso la radio. Una persona muerta. De un tiro en la nuca. Justo por donde él volvía. Era Jesús Mari seguro. Desde Durango se fue.

Fue una de las cosas que le dijo la viuda al terrorista que tenía delante y que hizo que se removiera en el asiento como un niño al que le cuesta tragar el puré.

-Lo que más siento es no tener a mi compañerito del alma conmigo; que ahora me falte.

Más tarde vendría el momento en que ella, la víctima, le descerrajó un abrazo al ex etarra.

«A mí lo que me mueve es mi fe. Soy muy devota del Sagrado Corazón de Jesús. Pensé: 'Ese chico ha sido muy malo. Si ahora quiere ser bueno, le tengo que ayudar'. Le dije: 'Con esa carita, nadie diría que tienes el haber que tienes'. Gracias a mi fe, el odio no está en mí. Puedo haber sentido rabia, impotencia, puedo haberme hecho preguntas sin respuesta... Pero odiar, no».

El terrorista no era el violador Matthew que interpretara Sean Penn en Pena de muerte ni Mari Carmen era la religiosa Helen de la película, pero hubo algo en la escena aquella del abrazo que trascendía la realidad e invitaba a frotarse los ojos.

Lo protagonizó Mari Carmen Hernández, que lo cuenta por primera vez y sabe del oprobio como pocos. Mejor que nadie se lo dijo una señora del pueblo: «Ahora le han matado, antes no le dejaron vivir».

Salía de casa y la escalera estaba empapelada de dianas. Bajaba a la calle y había una pintada en el portal: «Serás el próximo». Llegaba el recreo en el instituto de enfrente y le venían todos los adolescentes a la puerta con pancartas de presos. Cuando le dispararon en la nuca, la calle estaba llena de gente.

Con toda esta carga fue Carmen a su encuentro con el terrorista. Dejó el fardo en la puerta. Allí quedó.

«Me sorprendió lo joven que era. Como una de mis hijas. Le conté mi triste historia, él me contó la suya... Me preguntó por cómo lo habíamos vivido. Le dije que en mi cabeza no entraba cómo se podía asesinar. Me contestó que en aquel entonces era un objeto... Nunca había estado con una víctima», narra. «Le pregunté por qué se sentaba frente a mí. Me dijo que quería pedir perdón, mostró un profundo arrepentimiento. Me habló de que algún día tendría que contárselo a sus hijos, que no podía dormir. Le pareció increíble que no fuera dura con él».

«Estoy a favor de hablar, otra cosa es negociar», explica. «Toda esta gente irá saliendo. Si salen arrepentidos, mejor. Sin más odios... ETA tiene que disolverse, los presos tienen que cumplir sus condenas. Pero ¿qué tiene esto de malo? Al que te pide perdón de verdad hay que escucharlo. Eso me enseñó mi fe».

Casi 12 años después, la viuda continúa yendo una vez al mes al psicólogo. La hija mayor aplaudió su encuentro con el ex etarra. La pequeña se lo reprochó. Y allí sigue el otro Durango, el de siempre, con sus imágenes de los presos ondeando como viento helado al bies. «Dice la alcaldesa que esas fotos no hacen daño a nadie. A mí sí».

Es curioso verlo escrito: dice Mari Carmen que el abrazo aquel que recibió el terrorista le desarmó.

PEDRO SIMÓN SAN SEBASTIÁN

22/01/2012 ESPAÑA

IÑAKI GARCIA ARRIZABALAGA

«Mi padre estaría orgulloso de mi encuentro»

Al hijo de García Cordero, delegado de Telefónica asesinado, le pidieron perdón

Le contó que aquel 23 de octubre de 1980 llovía y que el padre le dijo que si quería le llevaba a la universidad en coche. Le explicó que prefirió ir en bici, y que se dijeron un agur que a la postre fue un amén.

- Entre las nueve y las 10 entró mi hermano en clase y me llamó, ¿sabes? Que aita no había llegado a trabajar -le recordó-. Luego telefoneó la Policía, durante la espera. Había un cadáver en el Monte Ulía.

Todo eso le contó a un metro de distancia y a solas.

- Fuimos hasta allí. Lo habían secuestrado, interrogado, como se dice en vuestra jerga, y luego recibió un tiro en la cabeza -le dijo mirándole a los ojos-. Estaba tumbado, apoyado en un árbol y con una manta encima. No nos dejaron verlo.

Recuerda cómo al terrorista le costaba levantar la cara.

- Muchas veces me he preguntado qué habría pasado si yo hubiera ido con él aquel día. No me atormento, pero pienso en ello.

Hubo más -dos horas largas frente a ese espejo quebrado-, pero el resumen que la víctima le hizo al terrorista que tenía en frente sonó así.

- Ya ves. Vuestra contribución a la «liberación nacional de Euskal Herria» fue dejar una viuda y siete huérfanos...

El hijo de Juan Manuel García Cordero, delegado de Telefónica en Guipúzcoa asesinado por los Comandos Autónomas Anticapitalistas (una escisión de ETA), salió de aquel encuentro como un costalero que pudiera soltar una carga después de 30 años. «Salí, bajé a la calle y lo primero que hice fue sentarme en el bordillo del portal, bufff… Con una sensación de haberme quitado un gigantesco peso de encima, con bienestar, sorprendido del arrepentimiento y de la autocrítica». Se lo dijeron después: al terrorista lo que le sorprendió es que Iñaki no le diera «unas hostias».

El encuentro fue a finales de mayo en una «sala kafkiana e inhóspita, con escasa luz», en Vitoria, durante un permiso del terrorista. Cuando al principio este profesor de Márketing en Deusto estrechó aquella mano, la sintió flácida y presa.

«Tras la muerte de mi padre, mi primera fase fue la del odio, un odio nítido, con deseos de venganza, arrancaba carteles, no eludía el enfrentamiento… El odio te destruye, te hace daño, lo impregna todo, es terriblemente militante, hay que estar odiando las 24 horas del día, durante años. Así que me di cuenta de que ese odio me estaba destruyendo a mí».

Treinta años después, con el odio ya enterrado, llegaba aquella posibilidad insólita. «Tuve dudas, me preguntaba si estaría haciendo bien. Pensaba en mis hijas, en mi familia y, por supuesto, en mi padre. Le he dado muchas vueltas a esto. Creo que él estaría orgulloso de lo que he hecho», comenta. «Me aseguré de que no tendría ningún beneficio penitenciario por estar con una víctima, no quería ser un tonto útil… Finalmente acudí».

Y allí que estaban, frente a frente, dos tipos de edad similar, en un encuentro extraño e intimísimo que dejó conversaciones como éstas.

- ¿Por qué entraste en ETA?

- El entorno, las amistades… [el terrorista se extendió diluyendo su responsabilidad individual]

- Déjate de monsergas.

(…)

- ¿Duermes el día que matas?

- Sí. Es más la inquietud de que te detengan que el haber matado a alguien.

(…)

- He tirado mi vida por la borda -señaló el preso.

- No sólo la tuya, sino la de otros también.

- Te pido perdón por todo lo que os hemos hecho.

- Primero se lo tienes que pedir a todos los familiares… Porque pedir perdón es revolucionario: cambia el escenario.

(…)

La víctima Iñaki ha vuelto a hablar dos veces por teléfono con el terrorista que lleva 20 años en la cárcel. Dice (o al menos lo sintió así) que el apretón de manos del final fue distinto. Más fuerte.

«No se le puede pedir a las víctimas que perdonen, pero sí es obligación del terrorista transitar esta vía… Aunque el mundo abertzale crea que pedir perdón es una humillación», concluye. «Tengo dos hijas pequeñas que, desde luego, saben que su abuelo no murió de un infarto, sino que fue asesinado por pensar diferente… Pero uno hace esto para que los que vengan detrás no tengan la mochila tan pesada como yo».

El Gobierno socialista deja en herencia a la Policía una deuda de 175 millones

2012-01-21T08:08:00.000-08:00

Quiere cumplir las sentencias que no ejecutó el PSOE

21 ENE 2012/La gaceta
Roberto R. Ballesteros. Cosidó anuncia un “plan de eficiencia”. “No vamos a gastar lo que no tenemos”. “Ningún servicio esencial dejará de prestarse por insuficiencia presupuestaria”.
El Cuerpo Nacional de Policía tampoco está al margen de la crisis económica. El director de la corporación, Ignacio Cosidó, desveló el jueves que, tras aterrizar en su despacho, se ha encontrado sobre la mesa con una deuda de 175 millones de euros.

El máximo responsable del cuerpo se lo comunicó a las agrupaciones sindicales y al resto de miembros del Consejo de la Policía, que celebraba su primera sesión plenaria tras las elecciones generales.

Según explica el Sindicato Profesional de Policía (SPP) en un comunicado, la enorme deuda que ha sorprendido a Cosidó podría repercutir en los propios funcionarios. La situación económica, continúa, ha provocado que el presupuesto del Cuerpo refleje “insuficiencias graves”, sobre todo en lo relativo a la productividad de los policías.

Este concepto está previsto que se cobre en los próximos días, algo que no está asegurado, ya que –como dijo el director general– antes habrá que hacer frente a un desfase presupuestario de 12 millones de euros.

Tras ofrecer a los sindicatos y al resto de la Junta los citados datos, Cosidó avanzó los principios que regirán su mandato en lo relativo al presupuesto. Por un lado, dijo, “no vamos a gastar lo que no tenemos”. Por otro, continuó, “ningún servicio esencial dejará de prestarse por insuficiencia presupuestaria”. El director general tiene la intención de poner en marcha un “plan de eficiencia” con objeto de reducir la deuda.

Para llevarlo a cabo, explicó el SPP, Cosidó pidió a los sindicatos “toda la ayuda posible” con el fin de “reducir los costes” sin rebajar la calidad del servicio.

Durante su intervención ante el Consejo de la Policía, Cosidó también explicó cómo va a afrontar otro de los grandes problemas que se ha encontrado nada más llegar a su cargo: la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que obliga a sustituir a casi 7.000 mandos policiales nombrados a dedo por el anterior Gobierno y la resolución de la misma Sala que ordena diferenciar entre las competencias de los comisarios y las de los comisarios principales.

El cumplimiento de ambos fallos judiciales, nunca ejecutados por su antecesor, Francisco Javier Velázquez, es una de las prioridades del director general, que así se lo hizo saber a los miembros del Consejo de la Policía, conformado por 16 representantes del Cuerpo y otros tantos de los sindicatos.

Cosidó dijo que la situación creada por el anterior Gobierno genera un “grave problema de funcionamiento”. Solucionar esto, agregó, es “urgente, necesario e imprescindible”. El director de la Policía anunció su intención de ejecutar la sentencia en dos fases.

La primera, en la que definiría qué competencias corresponden a un comisario principal y cuáles debe asumir un comisario, algo que haría respetando el principio de jerarquía, como pidió el fallo judicial del TSJM emitido el 30 de noviembre de 2009 tras un recurso presentado por el SPP.

Cosidó ha tenido en cuenta este fallo para nombrar a 11 de los 13 miembros de la Junta de Gobierno sustituidos recientemente. De estos 11, siete son comisario principales y tres de ellos lo serán en los próximos meses. El Sindicato Unificado de Policía (SUP), sin embargo, entiende que no se han respetado los tiempos y que la dirección general debería haber definido las competencias antes de elegir a la nueva junta. Por ello ha interpuesto un recurso contra los 11 nombramientos en cumplimiento de la citada sentencia.

La segunda, según explica la nota del SPP, se abordaría “más a largo plazo” y abordaría la resolución más compleja: la que obliga a sustituir a 7.000 mandos policiales, emitida por el mismo tribunal (TSJM) el 11 de diciembre de 2009, tras un recurso presentado por el SUP. Ambas sentencias han sido declaradas firmes por el Tribunal Supremo.

El Gobierno socialista escondió a la Justicia un vagón con posibles pruebas del 11-M

2012-01-21T07:57:00.000-08:00

Permanece a cubierto en las instalaciones de Renfe en Villaverde

21 ENE 2012/La gaceta
Rodrigo Gavilán. El coche 011R fue uno de los dañados en la estación de la calle Téllez. El Ministerio de Fomento nunca ha comunicado su existencia
LA GACETA pone luz a una de las mayores incógnitas que aún sobrevuelan sobre el caso del 11-M. Oculta y ocultada durante casi ocho años, pudo contribuir al esclarecimiento de los hechos, aún por determinar y cerrar.
Este periódico ha localizado uno de los vagones que fueron dañados por las explosiones que tuvieron lugar en la calle Téllez durante la mañana de los atentados del 11-M.
Hasta la fecha había sido ocultado y escondido por el Ministerio de Fomento a las autoridades judiciales encargadas de la investigación de la matanza, a la cabeza de las cuales se encontraba la Audiencia Nacional.

El coche, Número 011R, se encuentra estacionado y bajo control en los hangares laterales del Taller Central de Reparaciones (TCR) que Renfe tiene en la localidad madrileña de Villaverde. El vagón es uno de los referenciados en la investigación y hasta ahora se negaba su existencia.

En la mañana del 11-M, el vagón se encontraba situado en medio de las cuatro explosiones que sucedieron en la calle Téllez. En concreto, estaba tras el primer vagón explosionado, el número 021M, y a escasos metros de los otros tres, con los números 191M, 096R y 192M, que también sufrieron los ataques terroristas. Durante ocho años, la Justicia no ha podido atender las demandas de las partes, en la que solicitaban un contraanálisis del explosivo detonado “al haber sido destruidos los vagones”, como así aseguró Juan Carlos Rodríguez Segura, de Voces contra el Terrorismo.

La importancia del descubrimiento del vagón radica, según diversas fuentes consultadas por LA GACETA, en que “al encontrarse en medio de varias explosiones, tuvo que recibir gran cantidad de muestras que podrían esclarecer el explosivo utilizado”, una de las cuestiones fundamentales aún no esclarecidas suficientemente.

Cuatro fueron los puntos de explosión durante la mañana de los atentados del 11 de marzo. Atocha, Téllez, El Pozo y Santa Eugenia. El tren de Atocha estaba compuesto por seis vagones, donde explotaron los tres de cola. En Téllez, conformado también por seis coches, estallaron el primero, cuarto, quinto y sexto. En la estación de El Pozo, de seis vagones, estallaron el cuarto y quinto. Y en Santa Eugenia estalló el número cuatro; precisamente de esta estación procede el único vagón que consiguió repararse tras el atentado para volver a operar de nuevo.

Para chatarraHasta hoy, la versión oficial era que los restos de los trenes empezaron a ser desguazados y convertidos en chatarra el día siguiente a los atentados, en lugar de conservarlos como prueba para el juicio, como exige la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El desguace se hizo en tres lugares distintos: el taller de reparaciones de Villaverde, la estación de ferrocarril de Santa Catalina y la estación de El Pozo. En concreto, al de Villaverde fueron a parar tanto los cuatro explosionados en Téllez como el cuarto vagón de El Pozo.

En los primeros meses de la instrucción judicial, un hecho vino a derramar más dificultades a las defensas y acusaciones personadas en el proceso, que solicitaron al juez Del Olmo un contraanálisis para determinar el explosivo utilizado por los terroristas, acto que nunca pudo llevarse a cabo al haber sido destruidos todos los vagones afectados por las explosiones.

El descubrimiento de LA GACETA podría tumbar todo el proceso, puesto que como quedó reseñado en el Sumario del 11-M no figuraba ninguna orden sobre la destrucción o el desguace de los coches explosionados, omisión que vulneraba abiertamente lo tipificado en 334 y 338 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establece que los instrumentos o efectos de cualquiera clase que puedan tener relación con el delito se recogerán de tal forma que se garantice su integridad y el juez acordará su retención, conservación o envío al organismo adecuado para su depósito.

El hecho es que el asunto todavía colea en los juzgados, concretamente en el de Instrucción 43 de Madrid, que sigue intentando aclarar quién dio la orden de destrucción de las pruebas de los atentados.

Con el descubrimiento del vagón 011R se arrojan nuevas sombras sobre la gestión del Gobierno socialista en la investigación de los atentados del 11-M. Fuentes policiales han declarado a LA GACETA que “durante años no se ha comunicado ni al Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional, ni al de instrucción nº 43 de Madrid, la existencia de esta prueba que se encuentra custodiada bajo la responsabilidad del Ministerio de Fomento”.

Un testigo señala a Del Olmo por los trenes del 11-M

2012-01-21T07:47:00.000-08:00

JOAQUÍN MANSO MADRID

21/01/2012 ESPAÑA/El Mundo

Otro directivo de Renfe le transmitió el día 12 la autorización judicial para destruirlos

El directivo de una filial de Renfe, una de las empresas que se encargaron de retirar de las vías y enviar para su desguace los trenes del 11-M, identificó ayer ante la juez al director general de Mantenimiento Integral de Renfe en 2004, Ángel Olaiz, como la persona que le llamó a las 16.00 horas del 12 de marzo para informarle de que «ya había autorización» del instructor, Juan del Olmo, y de que, por tanto, podía realizar ese trabajo. Según esa declaración, el juez estuvo esos días en contacto directo a ese respecto con José Luis Marroquín, director de la asesoría jurídica de Renfe, nombrado por el ministro Rafael Arias Salgado, y que era, y sigue siendo, secretario del Consejo de Administración de la compañía.

En el sumario no existe ningún documento que acredite esa orden judicial, que el Tribunal Supremo calificó en su sentencia como «sorprendente» y «apresurada» porque «impidió su estudio en profundidad». Los vagones son piezas de convicción, lo que obligaría a conservarlos según la ley. El número dos de la Policía en el 11-M, Pedro Díaz Pintado, también testificó en 2009 que Del Olmo dio la autorización, pero no consta por escrito.

La juez Coro Cillán -que instruye el procedimiento por posible destrucción de pruebas en el 11-M contra el ex jefe de los Tedax Juan Jesús Sánchez Manzano y su perito químico- ha pedido reiteradamente desde el pasado mes de junio a la Audiencia Nacional que se lo confirme, sin haber recibido contestación.

Ayer comparecieron ante la juez dos directivos de Renfe y otros tres de empresas que fueron contratadas para la limpieza de las estaciones o de las vías o para retirar, desguazar o reparar los trenes. El objetivo era aclarar si existía o no esa autorización judicial para destruir los convoyes o, en caso contrario, quién lo ordenó. De los cinco testigos que declararon ayer, el más preciso fue Fernando Íñiguez, que en 2004 era director general de Emfesa, una filial de Renfe que el 11-M se encargó de retirar y destruir el tren que explotó a la altura de la calle de Téllez y de desguazar también los de Atocha y El Pozo.

Según dijo, ya a las 11.00 horas del 11-M, el director gerente de Mantenimiento Integral de Renfe, Ángel Olaiz, le llamó para pedirle que Emfesa retirase el tren de Téllez y, a las 14.00 horas, cuando él comunicó que efectivamente podía llevar a cabo ese trabajo, «le dijeron que lo prioritario era la celeridad, había que despejar las vías, que esperara a la autorización cuando se la diera el juez [Del Olmo], que estaba en permanente contacto con el representante legal, José Luis Marroquín». Añadió que Olaiz le llamó a las 16.00 horas del día 12 «y le dijo que ya había autorización». «La Policía Judicial les retuvo hasta las 18.00 horas, el desguace y retirada empezó a las 18.00 horas del día 12», consta en la declaración, a la que ha tenido acceso este diario.

El testigo describió que sus trabajos se prolongaron hasta el 16 de marzo, bajo la supervisión de la Policía, y que incluso el día 13, «a eso de media mañana», «llegaron agentes, interrumpieron el desguace, subieron a los trenes, los registraron durante dos horas, se llevaron alguna caja y dijeron 'continúen ustedes, por favor'».

A preguntas del abogado de Manos Limpias, José Luis Abascal, que fue quien solicitó las comparecencias de los dos directivos de Renfe que testificaron, se desentendieron de la retirada de los trenes, confirmaron una reunión de los altos responsables de la compañía y el Ministerio de Fomento a primera hora de la mañana y señalaron que es probable que en las estaciones del recorrido por el corredor del Henares existiesen cámaras, pese a que sólo se hicieron públicas imágenes de las explosiones de Atocha.

Los otros dos testigos aportaron la confirmación de que el vagón que explotó en la estación de Santa Eugenia no se desguazó, sino que se reparó y es probable que siga circulando en la actualidad con los mismos asientos que tenía entonces, y que conservaron piezas originales de los trenes que se destruyeron para usarlas de repuesto.

21/01/2012 ESPAÑA

El juez y la fiscal no declararán

La juez Coro Cillán emitió ayer una providencia en la que rechaza, por «improcedente», que comparezcan como testigos el instructor del 11-M, Juan del Olmo, y la fiscal del caso, Olga Sánchez. Lo había solicitado Manos Limpias, que en 2008 presentó una querella contra ambos por la destrucción de los trenes, que no fue admitida por el Supremo y que motivó una sucesiva querella de la Fiscalía por denuncia falsa, también archivada. Sí comparecerán como testigos, el día 31, cinco policías a los que se vincula a la incineración de los efectos de las víctimas y a la destrucción de restos electrónicos que aparecieron en los trenes, así como los responsables de dos empresas que se encargaron de hacerlo

El valor de la chatarra del 11-M

2012-01-21T07:40:00.000-08:00

21 de Enero de 2012 - 13:26:32 - Luis del Pino/Libertad Digital

Todavía no se había terminado de identificar todos los cadáveres de las víctimas, y ya se estaba calculando cuánto se iba a cobrar por la chatarra de los trenes del 11-M. Así de crudo. Antes de que se hubiera podido enterrar a todos los muertos, los restos de los vagones explosionados ya estaban en la planta fragmentadora para su destrucción.

La orden de despejar las vías "con la máxima celeridad" se dio a las 11 de la mañana del propio 11-M, como declaró ayer el director de una de las filiales de Renfe, y a partir de ahí se puso en marcha un vertiginoso proceso que culminó, en cuestión de días, con el desguace de los vagones y su venta como chatarra. Nadie llegó a enseñarle nunca al director general de EMFESA, la filial de Renfe encargada de la venta del material ferroviario de desecho, la orden judicial que supuestamente autorizaba tal operación de desguace.

Por lo declarado ayer, y por la extensa colección de fotografías del proceso de desguace que en Libertad Digital hemos publicado, sabemos que el proceso de destrucción de los trenes tuvo lugar en tres fases:

1) Primero, fuerzas policiales limpiaron a conciencia los focos de explosión, retirando cualquier tipo de prueba o vestigio.

2) Con los focos limpios, entran en acción los encargados del predesguace y transporte de los vagones, que en el caso del tren de la C/ Téllez fue EMFESA y en el caso de Atocha y El Pozo fue el propio departamento encargado en Renfe del mantenimiento.

3) Finalmente, con los trenes ya en los talleres de Renfe, se extraen de los trenes los elementos aprovechables y el resto se envía a la planta fragmentadora.

Durante las fases 1 y 2, la presencia policial en el proceso de desguace fue constante, como demuestran la declaración del director general de EMFESA ayer y las múltiples evidencias gráficas de las que disponemos. Como constante fue, durante al menos dos días, la retirada de evidencias probatorias y vestigios, que nunca llegaron a ser reseñados en el sumario del 11-M y que tampoco fueron nunca aportados a la macropericia sobre explosivos que se llevó a cabo en el juicio de la Casa de Campo.

Nadie informó, ni nadie preguntó, qué se había hecho con esos trenes. Y parece, a la vista de los resultados, que tampoco nadie preguntó nunca qué fue de la mayor parte de las evidencias probatorias extraídas de los trenes de la muerte antes de que las cizallas entraran en acción en los vagones.

Decenas de toneladas de material acabaron en una planta fragmentadora. Muchas evidencias y vestigios fueron quemados en el vertedero de Valdemingómez. Otros restos de tipo electrónico acabaron en una trituradora industrial.

No todos los once vagones explosionados el 11-M fueron destruidos. Uno de los diez vagones atacados (el del tren de Santa Eugenia) se reparó y continúa circulando hoy en día. No sabemos por qué se hizo esa excepción.

En cuanto a los otros trece vagones de los trenes, los vagones donde NO estalló ninguna bomba, todos ellos, menos uno, fueron reparados, acondicionados y puestos de nuevo en circulación.

¿Y qué sucedió con el decimotercero de esos vagones en los que no explotó ninguna bomba el 11-M? Intereconomía y La Gaceta han publicado ayer y hoy las imágenes de ese decimotercer vagón, que se encuentra arrumbado en un estado lamentable en un hangar de Renfe.

Ese vagón no tiene, desgraciadamente, ningún valor probatorio. Primero, porque en él no estalló ninguna bomba. Y en segundo lugar porque, aunque alguna vez hubiera conservado algún vestigio de algo, ese vestigio habría podido ser manipulado cien veces en estos ocho años. Si los grafiteros y los buscadores de chatarra han saqueado ese vagón, está claro que cualquiera puede haber alterado cualquier prueba que ese vagón hubiera podido contener.

Sin embargo, la noticia publicada por Intereconomía sí que tiene importancia desde un punto de vista: como contraste escandaloso con lo sucedido con los vagones donde SÍ estalló una bomba.

Si Renfe ha sido capaz de conservar ocho años en un hangar uno de los vagones donde no estalló ninguna bomba, ¿por qué no pudo hacer lo mismo con esos otros vagones, los vagones explosionados, que tenían una importancia crucial para el esclarecimiento de la mayor masacre de nuestra Historia?

UPyD retoma su idea de limitar temporalmente la pensión de los expresidentes y prohibirla si reciben otra retribución

2012-01-20T08:07:00.000-08:00

Tras la incorporación de Zapatero a la lista

Foto: POOL ZARZUELA

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha retomado la propuesta que ya lanzó en la pasada legislatura para limitar temporalmente las prerrogativas que disfrutan los expresidentes del Gobierno y hacer incompatible el cobro de su pensión pública con retribuciones procedentes de la empresa privada, justo ahora que se añade a la lista de beneficiarios el socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Con este objetivo la formación que lidera Rosa Díez ha registrado una proposición no de ley en el Congreso, recogida por Europa Press, en la que demanda que las facilidades económicas y de medios dejen de tener carácter vitalicio, aunque no establece un plazo concreto para que los exmandatarios puedan disfrutar de ellas.

UPyD recuerda que en 1983 el primer el Estatuto de los expresidentes del Gobierno les atribuyó prerrogativas para los cuatro años siguientes a su cese, pero que en 1992, éstas se ampliaron hasta el final de sus vidas, sin limitación alguna.

Los exinquilinos de la Moncloa tienen asignados unos 15.000 euros anuales para gastos de oficina, atenciones de carácter social y alquileres de inmuebles y, desde 2008 pueden convertirse en consejeros natos y vitalicios del Consejo de Estado y cobrar por ello.

80.000 EUROS AL AÑO

Además, Adolfo Suárez, Felipe González, José María Aznar, perciben, como lo hará a partir del próximo ejercicio José Luis Rodríguez Zapatero, tienen garantizada una pensión de alrededor de 80.000 euros al año cada uno que pueden compatibilizar con los ingresos y rendimientos que obtengan como consejeros o asesores de empresas privadas u otros derechos de contenido patrimonial.

Para UPyD, la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas "descansa en el principio de transparencia en la gestión de los fondos públicos", de forma que sea posible conocer, controlar y evitar en su caso la percepción simultánea de retribuciones públicas y privadas, "susceptibles de ser consideradas como claramente abusivas, especialmente en la actual situación de grave crisis económica y altísima tasa de desempleo".

Por todo ello, la formación que lidera Rosa Díez quiere que en un plazo de dos meses el Gobierno presente un proyecto de ley regulador del estatuto de los expresidentes del Gobierno que, "sin perjuicio de la consideración y respeto que han de merecer las personas que hayan desempeñado dicho cargo", establezca un límite temporal a las prerrogativas concedidas al cesar del mismo así como el régimen de incompatibilidades entre retribuciones o derechos de contenido patrimonial procedentes de fondos públicos con los derivados de su actividad profesional de carácter privado.

«El voto para los desterrados vascos es una prioridad política»

2012-01-20T07:32:00.000-08:00

CARMEN REMÍREZ DE GANUZA MADRID

20/01/2012 ESPAÑA/El Mundo

Basagoiti promueve la reforma de la Ley Electoral y su debate en el Congreso del PP

«Moncloa y Génova saben muy bien que dar el voto a los desterrados es una prioridad política para el País Vasco». Así se pronunciaba ayer el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, al poco de conocerse la ponencia política que se debatirá en el Congreso del partido en febrero y que promueve «la restitución de los derechos políticos» a los que huyeron de su tierra a causa de ETA.

«El final necesario de ETA», reza la ponencia que el propio Basagoiti ha redactado, junto a los presidentes autonómicos Juan Vicente Herrera y Juan José Imbroda, «debe conllevar la restitución de los derechos políticos de miles de vascos desterrados por las consecuencias directas o indirectas de la amenaza y la extorsión del entramado etarra».

«Un País Vasco en paz y libertad», añade el texto de los populares, «es una sociedad en la que puedan decidir su presente todos aquellos que se han visto obligados a dejar la tierra en la que nacieron o en la que vivieron».

La iniciativa, que tiene su origen en las asociaciones de víctimas del terrorismo, ha tardado casi dos lustros en cobrar forma. El propio PP la respaldó oficiosamente bajo el mandato de Ángel Acebes, pero ha sido ahora, justo cuando la mayoría de las fuerzas políticas creen llegada la recta final de la banda terrorista, cuando los populares parecen comprometidos con ella.

Y ello, desde distintos flancos. Porque la primera instancia en la que el PP ha negociado esta iniciativa es con el Gobierno al que apoya en el País Vasco.

De momento, está aparcada. Allí, los socialistas son más proclives a otra de las medidas instadas por los populares vascos -y que éstos también están impulsando ahora en el entorno del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy-, como es la creación de ayudas e incentivos encaminados a procurar el retorno al País Vasco de los miles de desterrados (los populares vascos rechazan el término exiliados por entender que todos se han desplazado a otros lugares de España).

Pero, además, la mano derecha en la dirección del Grupo Popular del Congreso, Leopoldo Barreda, prepara ya una iniciativa legislativa para instar al Gobierno a reformar la Ley Electoral en este sentido. «Hay que cambiar la Ley Electoral», apuntaba ayer Basagoiti, «en concreto, el artículo 31, que establece los requisitos para votar».

«¿Por qué puede votar un vasco residente en Argentina y no un vasco de Madrid?», se preguntaba Basagoiti, quien, además, insistía en la paradoja de que el censo de españoles haya crecido en millones de personas en todo el territorio mientras que el del País Vasco se ha visto mermado en 309.000 votantes desde 1979. El grueso de este descenso vino dado por la persecución terrorista. Si bien Leopoldo Barreda asegura que lo más difícil de la iniciativa va a ser confeccionar el listado y «objetivar» así la deseada «restitución democrática», ya existen bases documentales.

Un informe publicado en 2008 por la Fundación BBVA, firmado por el economista Julio Alcalde y titulado Evolución de la población española en el siglo XX, contiene un dato significativo: casi 200.000 personas han abandonado el País Vasco desde que ETA inició su actividad terrorista y, de éstas, 157.417 lo hicieron desde 1980 hasta el año 2000.

Fue el propio especialista el que concluyó, tras realizar múltiples estudios, que «claramente» una de las principales causas de ese «éxodo» ha sido el miedo infundido por la banda terrorista.

Sea como sea, Barreda explica que la reforma no será inmediata, pero que la voluntad política es que cobre forma antes de las próximas elecciones autonómicas.

J. M. ALONSO SAN SEBASTIÁN

20/01/2012 ESPAÑA

Bildu ampara la propaganda de los presos

Numerosas pancartas a favor de los etarras en el arranque del Día de San Sebastián

El entorno abertzale aprovechó ayer la connivencia del gobierno de Bildu en San Sebastián para politizar el Día Grande de la ciudad y convertir el inicio festivo en un acto multitudinario de propaganda en favor de los presos de ETA. Lo hicieron alentados por el alcalde, Juan Karlos Izagirre, que en las horas previas a la tradicional izada de la bandera había considerado «legítimo» politizar las fiestas donostiarras con reivindicaciones en defensa de los derechos de los reclusos de la banda terrorista porque, según alegó, se hace con «respeto» y con «total naturalidad».

Izagirre había hecho un llamamiento en los días previos a disfrutar «desde el respeto» las fiestas y eso, en el caso del gobierno municipal, incluyó amparar todas las reivindicaciones abertzales, entre ellas el reparto por parte del colectivo abertzale Egin Dezagun Bidea de banderas de presos de ETA para que en la plaza de la Constitución se visualizara el anagrama en favor del acercamiento de los reclusos.

Pero no sólo eso. Bildu contribuyó a que la izada de la bandera se transformara a medianoche de ayer en un acto de ensalzamiento de los presos etarras, al permitir que a los lados del escenario principal se colocasen, momentos antes del inicio festivo, varias pancartas en favor de los derechos de los presos que desaparecieron tras los sones de la inicial Marcha de San Sebastián.

Además, varias personas con el rostro cubierto se apostaron en las diferentes esquinas del tablado con pancartas reclamando el acercamiento de los presos al País Vasco. Del mismo modo, en la plaza no faltaron las pancartas y banderas en favor de los derechos de los reclusos, tanto a pie de plaza como desde los balcones que rodean el recinto. La pancarta gigante que tradicionalmente reclamaba la «amnistía» desde de la fachada de la Biblioteca Municipal se sustituyó por otra de igual tamaño que decía Etxera (a casa). Además, desde el primer piso del edificio municipal, dos pancartas pedían el reagrupamiento de los presos. Interior, por su parte, no estableció un dispositivo especial para evitar el acto propagandístico.

El alcalde ya había restado trascendencia a la imagen que se vería horas después, ya que, según justificó, esta reivindicación abertzale «ha sido habitual» desde hace años en el acto que da inicio a 24 horas de fiesta ininterrumpida, por lo que «no hay que darle más importancia».

Pero en el que es el primer Día de San Sebastián bajo el abrigo de Bildu, la plaza revivió estampas ya lejanas en el tiempo, ya que en los últimos años de mandato de Odón Elorza la presión radical había ido disminuyendo.

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ETA no ha desaparecido. Los terroristas continúan trabajando en la clandestinidad realizando diversas labores. Los servicios de Información han descubierto movimientos sospechosos de uno de sus aparatos más importantes: el encargado de recopilar información sobre futuros objetivos.

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